Vivir en medio de la guerra entre dos disidencias: “Estamos agachados y humillados”

Las embarcaciones que navegan por el río Caguán desde Cartagena del Chairá (Caquetá) se asoman a lo lejos como una mancha de techos rojos flotando sobre el agua. Sus motores se apagaron el 16 de abril, cuando se difundió un audio atribuido a las disidencias de las extintas FARC que, bajo el mando de Iván Mordisco, se hacen llamar Estado Mayor Central. En él anunciaban un paro armado en las poblaciones ribereñas, y en amplias zonas del departamento ubicado entre los Andes y la Amazonía. Ante las amenazas a quienes se desplazaran, la navegación quedó suspendida. Poco después, llegó otra advertencia, esta vez del grupo liderado por Calarcá Córdoba, hasta el año pasado parte del EMC y hoy en choque con Mordisco por el control de la zona: “¿Por qué pararon? Les ordenamos que se movilicen”. Con presiones cruzadas, las comunidades del norte del Caquetá viven en la incertidumbre de quien es un trofeo de una guerra ajena. El Ejército, mientras tanto, rodea la zona en silencio.

La población caqueteña lleva poco menos de un año intentando entender las nuevas dinámicas de guerra, y le apuestan a que el Gobierno logre desarmar a alguna de las dos estructuras a través del diálogo. Para muchos, ambas disidencias significan lo mismo: violencia, terror, humillación. Farid Murcia, líder de Cartagena del Chairá, reclama que todos intentan quitarles la autonomía: “Estamos agachados, humillados, y con nuestra dignidad pisoteada”, dice con aires de desespero.

Lo hace en un encuentro de 40 líderes sociales en el corregimiento de La Unión Peneya, en el corazón del departamento y cerca del inicio de la selva amazónica, desde donde expone sus preocupaciones. “Varios de nosotros sabemos que tenemos amenaza y no podemos estar aquí”, indica Rigoberto Abello, quien tomó la vocería del espacio. Tres líderes del municipio de Solano solo pudieron participar virtualmente porque los armados les prohibieron moverse. Uno de ellos toma la palabra ante sus colegas y denuncia que, en una semana, han registrado cuatro casos de menores reclutados por la disidencia de Calarcá. “A algunos se los llevan diciendo que serán guardias campesinas, pero terminan armados”, advierte.

Elina Marcela Doncel, una lideresa comunal de voz firme y contundente, también denunció que las extorsiones han aumentado, pues los campesinos antes debían pagarle a un solo grupo, pero ahora deben aportar a los dos. “Tenemos que pagar el impuesto por litro de leche que se saque, impuesto por carretera, impuesto por hectárea de tierra, impuesto por vaca o cabeza de ganado, y un impuesto anual por tenencia de la finca”, dice, en un testimonio del control ilegal en una zona que en su tiempo tuvo fuerte presencia de las FARC.

La nueva regla, de una disidencia u otra, es que cada familia pague entre 20.000 y 30.000 pesos (5 a 7 dólares) por hectárea de tierra. “No les vale que uno les presente el certificado catastral [el documento oficial], sino que nos están pidiendo volver a medir el terreno a nosotros mismos con la veeduría de ellos”. Lo mismo ocurre para la infraestructura, que construyen los armados, en un claro ejercicio de gobernanza. “Por un puente, nos pidieron 2 millones de pesos (473 dólares) a cada junta de acción comunal [las asociaciones campesinas que son el núcleo de su organización social]”. La mano de obra, sin embargo, la ponen las comunidades. “Debemos aportar 10 o 20 campesinos por vereda para que vayan a la construcción a trabajar. Si no, nos cobran una multa”, señala.

Los trabajos forzados no son la única amenaza. Sebastián Arias Cruz, un joven de 25 años de La Montañita, en el piedemonte, advierte que muchos temen ser desterrados. “Nos han dicho que no se puede estar más de tres meses fuera de la finca, pero el semestre en la universidad dura cuatro”, explica. Lo dice con la certeza de que, mientras los grupos buscan engrosar sus filas, las posibilidades de hacer un futuro lejos del conflicto armado implica el riesgo de perder las raíces. “El año pasado, 3.000 estudiantes desertaron de colegios y universidades en el departamento”, explica.

Mario Alberto Pajoy, secretario de Gobierno de ese mismo municipio, cuenta que, aunque el paro armado paralizó la región, no es nuevo y se encuentra maniatado. “No tengo ni una sola denuncia por todo lo que han mencionado”, dice, y explica que sin esos reclamos no puede actuar. El silencio no es gratuito, pues hacer un pronunciamiento público lleva, mínimo, a una amenaza de muerte. Un líder del municipio de Morelia, le interrumpe para denunciar que una semana atrás tuvo que salir desplazado de su finca por negarse a regalarle un galón de gasolina a una de las disidencias. Murcia, el otro líder, lo respalda. Y dice que han perdido el miedo pero que “ojalá esto no se vuelva un segundo Catatumbo”, en referencia a la región fronteriza con Venezuela, a casi 900 kilómetros de allí, en la que una guerra entre grupos ilegales ha llevado al desplazamiento forzado de más de 65.000 personas este año, además de decenas de asesinatos.

En el Caquetá, la situación es diferente por el accionar militar. El anuncio del paro coincidió con una ofensiva militar para dar con Néstor Gregorio Vera, el nombre oficial de Mordisco. Se trata de un exguerrillero de las extintas FARC que hoy opera en el departamento del Putumayo, una zona del Caquetá y otra del Amazonas. Durante los primeros días de Semana Santa corrió la versión de que Mordisco había muerto, pero el Gobierno la desmintió. Hoy mantiene la recompensa de 4.450 millones de pesos (poco más de un millón de dólares) por información sobre su paradero.

Aunque el gobernador del Caquetá, el conservador Luis Francisco Ruiz Aguilar, ha minimizado el impacto del paro, al que definió como una represalia por las operaciones contra Mordisco, la población que vive en medio de las presiones sabe que cualquiera que no acate puede terminar muerto. “Ayer bajó una lancha con unas personas que necesitaban transportarse, y ya hoy llegó un audio diciendo que iban a identificar y sancionar a quienes desobedecieron”, dice con incertidumbre una mujer en el borde del río.

Mordisco fue uno de los primeros cabecillas que abrieron negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, que con su política de paz total buscaba negociar en simultáneo con todos los grupos. Pero los diálogos se rompieron a mediados de 2023 a la vez que el EMC, la sombrilla que parecía dominar Mordisco, se fracturaba. Justamente, su principal rival ahora es su antiguo aliado Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, quien se separó oficialmente de Mordisco en agosto pasado. Desde entonces, se declararon la guerra.

El Gobierno, por su parte, optó por negociar con Calarcá y su recién bautizado grupo, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). El proceso parecía avanzar, especialmente con las estructuras afiladas al EMBF ubicadas en el Catatumbo. Pero justo el día en que iniciaba el paro en el Caquetá, el Ejecutivo anunciaba que no renovaría el cese al fuego bilateral que mantenía con esa facción. En su lugar, decretó una “suspensión de operaciones” por un mes, un anuncio que sigue siendo confuso para la gente en el Caquetá, e incluso para el grupo armado. “Por la poca claridad en que se encuentra el proceso de “paz”, nadie te podría atender”, dijo a este diario un líder del EMBF del Caquetá al buscarlo para hablar del paro armado.

Mientras la disputa entre las dos disidencias se recrudece, en el puerto de Cartagena del Chairá los habitantes cargan al hombro los pocos víveres que logran embarcar rumbo a las veredas río abajo, como Peñas Rojas, un poblado ribereño a dos días de camino. Allí no llegan alimentos desde hace diez días. Las posibilidades de abastecimiento se redujeron aún más con una nueva amenaza, esta vez de las disidencias de Calarcá. “Gremios de pescadores del río: compañeros, queda suspendida la pesca en todo el río hasta nueva orden. Acaten la orientación y cumplan, ya que se les estará pasando revista”, dicen volantes repartidos en la zona. El comunicado lo firma Urías Perdomo, antiguo negociador del grupo con el Gobierno.

El control de las disidencias es silencioso pero presente. En las vías que comunican el centro y el norte del Caquetá, en la zona más poblada del piedemonte andino, no hay marcas de los bloques o frentes. Sus integrantes pocas veces andan uniformados. Pero su control se siente tan pronto se habla con la gente. “Acá no entra nadie sin que ellos sepan quién es, de dónde viene y a qué viene”, susurran. Y dicen, como si fuera un rumor, que más al sur, en San José del Fragua, han llegado a verse miembros de los Comandos de la Frontera, otra disidencia de las extintas FARC que tiene fuerza en el vecino departamento del Putumayo. “¿Ustedes están con los Mordiscos o con Calarcá?“, pregunta la gente entre risas a los desconocidos que merodean la zona. El miedo y la confusión se extienden.

*Invitación de la iniciativa Comunidades que Transforman de la Unión Europea, ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional, por sus siglas en inglés) y El Espectador.