Un juez ordena eliminar un diálogo de la película ‘Noviembre’, sobre el Palacio de Justicia

Un juez de Bogotá ha ordenado modificar la película colombiana Noviembre, que trata los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, en respuesta a una tutela presentada por la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en ese suceso y retratado en el filme. El recurso interpuesto por la viuda del magistrado junto a dos de sus hijos reclama que en la producción el jurista aparece como “un hombre cobarde, pusilánime y un aliado de los miembros del grupo armado M-19”. El juez, en la sentencia conocida por EL PAÍS, le da la razón a la familia, pide introducir un disclaimer que advierta que el filme es ficción, y suprimir un diálogo criticado por los familiares. “Nosotros trabajamos desde el derecho a la libertad de expresión y creación artística”, responde a este diario Tomás Corredor, el director del largometraje. En el centro de la disputa está una película expuesta actualmente en salas de cine de todo el país sobre uno de los hechos más investigados del conflicto armado colombiano, que está a punto de cumplir su aniversario número 40.

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla del M-19 tomó las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y luego el Ejército las retomó a sangre y fuego. Durante esas horas murieron casi un centenar de personas y hay un número desconocido de personas desaparecidas, algunas de las cuales habían salido con vida del Palacio. La película de Corredor transcurre en su totalidad en un baño del recinto, espacio en el que más de 50 personas estuvieron encerradas durante varias horas.

La familia de Gaona, quien era magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reclama que en la película se utiliza el nombre completo del jurista “y se le presenta de manera inexacta desconociendo los hechos históricos ocurridos (…) soportados en investigaciones judiciales y disciplinarias (…) e informes oficiales e institucionales”. En concreto, hay una escena en la que la entonces consejera de Estado Aydée Anzola le dice: “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, en referencia a los guerrilleros. Para los familiares, ello atribuye una supuesta relación de complicidad entre el abogado y el grupo armado que estaba ejecutando la toma. Según argumentan, el filme los obliga “a revivir el trauma de su asesinato bajo una narrativa ficticia que lo representa como cómplice de quienes lo secuestraron y ejecutaron”.

Ruth Marina Bejarano, viuda del magistrado, junto a sus hijos Ruth Juliana Gaona Bejarano y César Gabriel Gaona Bejarano, pidieron en una acción de tutela detener la difusión y distribución de la película. Incluso enviaron una carta a las directivas del Festival Internacional de Cine en Toronto (TIFF) —en el que se estrenó el largometraje el pasado mes de septiembre— para que desistiera de la exhibición de la producción por representar de manera “falsa, difamatoria y profundamente degradante” el nombre de Gaona, uno de los 11 magistrados que murieron en los hechos del Palacio.

El juez Danilo Valero Huertas ha decidido que la obra afecta la honra, el buen nombre y la imagen del asesinado magistrado. Si bien no ha concedido la petición de detener la exhibición del largometraje, al recordar que “la censura en el territorio nacional está proscrita”, ha optado por medidas “menos gravosas”. El juez ordena incorporar una nota aclaratoria que advierta que la obra “es una ficción basada en hechos reales” y que “cualquier semejanza no implica afirmación histórica”, que debe ir en todas las publicaciones y piezas publicitarias. Y, en la que es la modificación más sustancial, obliga a que se “suprima, en caso de considerarlo posible, la oración expresada por la Consejera de Estado (…), la cual dice ‘Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”.

El director Tomás Corredor ha confirmado a EL PAÍS que ya han acatado las órdenes del juez y que, en la película proyectada en salas de cine de todo el país y que han visto más de 20.000 espectadores desde su estreno, ya no está presente la frase cuestionada. “Los fallos de la justicia se aceptan y se acatan”, sostiene el realizador, que también explica que van a apelar la decisión y presentar “los recursos que sean necesarios”. “En ningún momento la intención es crear una falsedad maliciosa sobre una persona”, ha añadido.

Corredor ha sostenido que esta, como cualquier película histórica de ficción que se haya producido, cuenta con licencias creativas para interpretar narrativamente los sucesos reales. “En una película sobre Winston Churchill, por ejemplo, la conversación que él tenga con otro personaje en el bus nadie puede decir si eso pasó o no pasó; lo mismo en una película sobre Simón Bolívar”, ha explicado. Aunque evita hablar de censura, cuestiona que la decisión “no diferencia entre el ejercicio legítimo de la licencia dramática o tergiversar con ánimo de injuria”. Su producción, insiste, “no es un documental de hechos ni es periodístico, es una película de ficción”, y aclara que desde el principio el filme se ha presentado de esa manera.