La UE recorta para las empresas los requisitos de informar sobre el impacto ambiental de sus negocios

Una nueva regulación europea liberará a más del 80% de las empresas comunitarias de sus obligaciones de proporcionar información del impacto ambiental de sus negocios. Los 27 Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han acordado este martes la primera de las leyes ómnibus destinadas a simplificar las normas y la burocracia para las empresas, que reducirá drásticamente el alcance de las normas de divulgación de la sostenibilidad corporativa introducidas durante la última legislatura.

La regulación, que ha recibido vía libre tras una maratoniana negociación, se enmarca dentro de una corriente que asegura que si se recorta en agenda verde se puede impulsar la competitividad europea y el crecimiento económico. Se trata de un polémico movimiento que ha unido, además, a los legisladores conservadores tradicionales con la extrema derecha euroescéptica.

El acuerdo va más allá de lo que había propuesto la Comisión Europea y es una victoria para la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que se ha propuesto como una de las metas de su segundo mandato reducir la burocracia para las empresas, en una vía que han exigido países como Alemania, que en vez de “simplificación”, como lo define la Comisión Europea, habla de “desregulación”.

La UE adoptó el año pasado un paquete de normas que exige a las grandes empresas que lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor para cumplir con la directiva sobre la Diligencia Debida Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Las obliga —junto a las compañías que cotizan en bolsa— a divulgar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, incluyendo su estrategia climática y sus planes de transición (directiva sobre la Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa, CSRD).

Esto significa que debían publicar, por ejemplo, datos sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto del aumento de las temperaturas en las condiciones de trabajo, las fugas de productos químicos y si sus proveedores (europeos e internacionales) respetan los derechos humanos y las leyes laborales, sobre todo en materia de explotación infantil.

El nuevo acuerdo modifica esas dos piezas legislativas clave. Ahora, a falta de que el Parlamento formalice con una votación el próximo martes el acuerdo alcanzado en la madrugada de este lunes al martes, la información social y ambiental se aplicará únicamente a las empresas de la UE con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual superior a 450 millones de euros, frente al límite de 50 millones de euros propuesto inicialmente por la Comisión. Según la presidencia danesa del Consejo de la UE, que ha gestionado este semestre las negociaciones en nombre de los Estados miembros, el 85% de las empresas quedarán así exentas.

En la directiva de diligencia debida (CSDDD), el umbral se ha reducido drásticamente: en lugar de aplicarse a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación de al menos 450 millones de euros, la obligación ahora solo cubrirá a aquellas con más de 5.000 empleados e ingresos anuales superiores a 1.500 millones de euros. El nuevo régimen de presentación de informes también elimina por completo los planes obligatorios de transición climática.

“Este es un paso importante hacia nuestro objetivo común de crear un entorno empresarial más favorable que ayude a nuestras empresas a crecer e innovar”, ha asegurado Marie Bjerre, ministra danesa de Asuntos Europeos. “Este acuerdo supone una reducción histórica de costes”, ha dicho también Jörgen Warborn, eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), que ha liderado las negociaciones en el Parlamento y que ha negado que las nuevas normas supongan otro mordisco mortal al Pacto Verde europeo. “Esto es una victoria para la competitividad y una victoria para Europa”, ha insistido en medio de la polémica de las organizaciones ambientales.

En los últimos días, la UE también ha dado marcha atrás en otra ley medioambiental clave, la ley de deforestación con la que la UE quiso ser pionera en materia de combate a un flagelo que amenaza el equilibrio climático y que, según lo acordado entre eurodiputados y Estados, entrará finalmente en vigor otro año más tarde, en diciembre de 2026 (ya había sido retrasada 12 meses).

Además, la normativa que pretende evitar que productos como el cacao, el café, el aceite de palma, la madera o el caucho consumidos en la UE generen deforestación en origen, lo hará fuertemente descafeinada frente a las ambiciones iniciales “para facilitar su aplicación por parte de las empresas, los actores internacionales y los Estados miembros”, según la justificación oficial. Los detractores alertan, sin embargo, de que este acuerdo, que todavía debe ser ratificado por las dos partes, es peligroso no solo ya en cuanto a impacto medioambiental, sino también porque la nueva revisión agrega incertidumbre sobre los compromisos legislativos cerrados, algo que la Comisión pretende seguir haciendo con sus nuevas revisiones “simplificadoras”.