El segundo señalado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno en Halloween se entrega a la justicia

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que el segundo hombre al que señala por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes brutalmente golpeado en la noche de Halloween, se ha entregado en la mañana de este lunes. Ricardo González Castro, como la entidad ha identificado al sujeto, se ha presentado a una de sus sedes en Cartagena de Indias, a casi mil kilómetros de Bogotá, donde murió el joven de 20 años. En las próximas horas, un fiscal presentará a González ante un juez para legalizar su captura e iniciar las audiencias.

De 22 años, González llevaba puesta una máscara de conejo en la madrugada del 31 de octubre, cuando Moreno fue víctima de una golpiza tras salir de una fiesta en la discoteca Before Club, en la localidad de Chapinero, al nororiente de Bogotá. Del ataque existen pruebas en cámaras de seguridad de la zona, además del testimonio clave de un amigo que acompañaba a Jaime Esteban e intentó detener los golpes.

El sospechoso es oriundo de Cartagena, donde hizo una formación técnica en carpintería en el estatal SENA. Trabajaba en una venta de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. El viernes 31 de octubre, la mañana después del crimen, le contó a su jefe que había estado involucrado en un “altercado”. Horas más tarde, lo llamó para renunciar a ese trabajo, argumentando que estaba muy asustado por la trascendencia que había tenido la noticia. Su jefe contó a la Fiscalía que le entregó 100.000 pesos, unos 28 dólares, y no supo más, pero que el padre de González luego lo llamó para pedirle que, de hablar con su hijo, le dijera que se entregara a las autoridades. Eso es lo que ha ocurrido, finalmente, este lunes, 10 días más tarde.

Por la muerte de Moreno ya está judicializado Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado el viernes 31 de octubre por las autoridades. La Fiscalía le imputó ante un juez el delito de homicidio agravado, que supone una pena de 40 a 50 años de prisión; Suárez no aceptó los cargos. La fiscal asignada al caso, Claudia Lucía Rodríguez, ha pedido prisión preventiva en su contra mientras avanza la investigación, argumentando que los hechos configuran un caso de homicidio agravado, al tratarse de una agresión “desmedida y premeditada”, cometida con dolo y “desprecio por la vida humana”, según aseguró el pasado jueves.

La audiencia para determinar si Suárez Ortiz es enviado a prisión preventiva está programada para este miércoles a las nueve de la mañana, tras haber sido aplazada el pasado viernes por un accidente que sufrió el juez que lleva el caso. Con Suárez fueron aprehendidas dos mujeres, entre ellas la del vestido azul: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Tan solo horas después quedaron en libertad, sin vínculo con el proceso.

La discoteca Before Club fue sellada el pasado sábado 8 de noviembre después de que las autoridades realizaran una inspección de vigilancia y control en el establecimiento y encontraran irregularidades sanitarias, según informó W Radio ese día. La discoteca había sido ya investigada por incumplir la normativa sobre horarios de operación y límites de ruido. La dueña del bar y congresista del partido oficialista Colombia Humana, María del Mar Pizarro, ha lamentado el asesinato de Moreno, haciendo énfasis en que ocurrió a tres cuadras del lugar.

A raíz de la muerte, la representante a la Cámara ha caído en una polémica: impulsa la iniciativa de ‘Ley de la Noche’, con la que busca crear un “sistema de cuidado para las actividades de la noche”, con medidas en movilidad, salud o transporte de carga. Aunque no ha radicado el proyecto de ley en el Congreso, en redes y medios de comunicación la han señalado de tener un conflicto de intereses por su actividad como empresaria nocturna. “No puede haber una inhabilidad por una ley que no existe”, ha respondido, a la vez que asegura que, en caso de que llegara a beneficiarla, no firmaría el proyecto. Entre tanto, este sábado las autoridades locales sellaron el bar, una medida que el administrador y pareja de Pizarro, Andrés Solado, ha tildado de desproporcionado.