Solo dos de cada 10 personas con discapacidad acceden al mercado laboral en Colombia

Tener una discapacidad es una barrera para acceder al mercado laboral en Colombia. Los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que solo dos de cada 10 personas con alguna limitación funcional y en edad de trabajar buscaron empleo o trabajaron de facto. En contraste, entre la población sin discapacidad, la misma tasa fue del 66,4%, una brecha de casi 45 puntos porcentuales. El organismo estadístico considera que una persona tiene discapacidad si “reporta mucha dificultad o imposibilidad” para realizar al menos una de ocho actividades básicas como ver, oír, caminar, comunicarse o relacionarse. Juan Camilo Herrera, de 22 años, clasifica en esa definición.

Herrera tiene hipoacusia, una condición que disminuye parcialmente la capacidad para escuchar, y que se manifestó cuando cursaba quinto de primaria. La falta de atención médica en el corregimiento de Río Nuevo, en el caribeño departamento de Bolívar, lo obligó a migrar a Bogotá. En la capital, con la ayuda de su hermana y de la Corporación Volver a la Gente, logró conseguir su primer audífono. “Allá no me daban cita. La EPS no me ayudaba. Mi mamá me dijo que viniera a buscar trabajo y atención médica”, recuerda. Encontrar empleo fue arduo. Varios lugares lo rechazaron “en cuanto decía que tenía discapacidad auditiva”. Finalmente, logró ubicarse en el sector de servicios generales: primero en un hospital y actualmente en un colegio en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la ciudad.

“Ha sido una bendición poder trabajar”, agrega Herrera. Pero es de los pocos. La tasa de ocupación —es decir, quienes efectivamente tienen un empleo— de la población con discapacidad a escala nacional es del 19,6%, frente al 60,6% de quienes no tienen ninguna limitación. En Bogotá, la situación es similar: entre 2023 y 2024, el 4,3% de la población de la ciudad reportó tener alguna discapacidad y, de ellos, solo algo más de una cuarta parte logró vincularse al mercado laboral.

La realidad choca con la norma. La Constitución, en su artículo 53, exige igualdad de oportunidades, estabilidad en el empleo y protección especial para los grupos vulnerables. La reforma laboral aprobada este año da un paso más allá: obliga a las empresas privadas a contratar personas con discapacidad. A partir de junio de 2026, las que tengan más de 100 empleados deberán contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. Si tienen más de 500 empleados, la obligación será de una persona adicional por cada 100 que se sumen.

Aunque la ley ha dado un plazo de un año para que las compañías se preparen, no ha contemplado un plan de acompañamiento estatal. “La obligación cae exclusivamente en el empresario”, dice Juan Felipe García, líder del área laboral de Galo Estudio Legal. El asunto se complica, explica, por un temor a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que “ha sido muy proteccionista” con el tema de estabilidad laboral reforzada. “Muchas empresas temen contratar a personas con cualquier condición de salud, por miedo a no poder terminar el contrato después”, ahonda. Aunque la ley permite acabar la relación laboral si la contratación fue hecha en razón de la discapacidad —y no con ocasión de ella—, la diferencia es tan técnica que muchos prefieren no arriesgarse. “En la práctica, lo que se dice es: eso es un enredo, mejor no me meto”, concluye.

Esa realidad es parte de una serie de brechas que se resienten en diversos aspectos. Desde el salarial —una persona con discapacidad gana un 44% menos, según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá— hasta el nivel educativo. Aunque la vulnerabilidad económica suele ser un agravante, las condiciones afectan incluso a personas en todos los segmentos de la pirámide socioeconómica.

Juan Daniel Oviedo (Bogotá, 48 años), economista y exdirector del DANE, perdió totalmente la audición de su oído derecho tras sufrir un síncope en 2014 que lo hizo caer al suelo y golpearse con fuerza, provocando una implosión interna. Años después, una malformación congénita redujo su capacidad auditiva en el oído izquierdo al 30%, por lo que depende de una prótesis y de la lectura de labios para comunicarse. El aspirante a la presidencia dice que esa afección ha llegado a impactarle “en el panel de debates” para cargos públicos. También le ha hecho pasar momentos incómodos. En agosto de 2023, durante un debate organizado por Semana para la Alcaldía de Bogotá, le preguntaron si prefería a Iván Duque o a Álvaro Uribe. Él tardó en responder; luego explicó que no es que se hubiera “desubicado, sino que no escuché”.

Oviedo ha podido superar estas condiciones, pero sabe dónde está parado: ha sido director de la autoridad estadística del país y ha podido estudiar temas altamente cualificados. Es esa brecha educativa con las personas con discapacidad la que quiere reducir la Fundación Ideal. Sofía Gómez Rincón, directora ejecutiva de la entidad, explica que el primer paso para cerrar la desigualdad laboral es la formación: “Educamos a las personas con discapacidad para que, cuando estén en la empresa, puedan desenvolverse bien”, explica. Cuenta que trabajan “en la capacidad de las personas” y no las abordan “desde la discapacidad, sino desde lo que sí pueden hacer”.

El trabajo va más allá y Gómez reconoce que es quizá más importante acompañar a las empresas. “El primer paso es quitarles el temor. Nos preguntan: ¿Cómo lo trato, qué le digo?”, explica. Para la experta, el éxito no se debe medir en conseguir empleo, sino en mantenerlo. Ahora bien, no todas las discapacidades enfrentan los mismos obstáculos. “Las psicosociales, por ejemplo, generan temor en los empleadores”, dice, y reconoce que “las cognitivas suelen ser rotuladas para trabajos operativos”, debido a las bajas tasas de educación formal.

Hay avances, pero los prejuicios se mantienen. Alison Portela, profesional psicosocial de la Corporación Volver a la Gente, señala que el primer muro es burocrático: “Conseguir el certificado [ante las secretarías de salud] de discapacidad suele ser la primera barrera”, explica. Luego viene el acceso a dispositivos médicos como audífonos, que depende de un sistema de salud lento y fragmentado. A todo esto se suma el hecho de que “a las empresas les da miedo perder productividad. Piensan que contratar a alguien con discapacidad les va a costar dinero”, zanja la experta.

Con todo, el abogado García cree que hay espacio para cambiar esa percepción: “Algunas empresas han sido capaces de mostrar que estas personas son más productivas, más comprometidas y tienen menos rotación”. Portela coincide: “[Las personas con discapacidad] son muy responsables y puntuales. Una vez entienden lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien”, destaca. Y menciona el caso de una persona ciega que clasificaba sábanas en una lavandería. “Su desarrollado sentido del tacto le permitió ser mucho más eficiente que una persona vidente haciendo ese trabajo”.