Educación y Empleo: las dos caras del abandono escolar temprano

España ha logrado un progreso notable en la reducción del abandono escolar temprano. En una década, la tasa ha caído casi a la mitad: del 21,9% en 2014 al 13% en 2024. Sin embargo, seguimos entre los países de la Unión Europea con peor registro, pues solo Rumanía tiene cifras peores. Más allá de la mejora estadística, el dato revela un problema estructural: una parte significativa de nuestros jóvenes sigue quedando al margen del sistema educativo antes de alcanzar una cualificación profesional mínima. Y ese hecho tiene tanto causas educativas como económicas.

Los datos de las comunidades autónomas muestran una relación clara entre la estructura productiva y el abandono educativo. Allí donde predominan sectores que ofrecen empleo sin exigir titulación —turismo, agricultura intensiva, construcción tradicional o servicios básicos—, las tasas de abandono se disparan. En regiones como Baleares o Murcia, donde es posible trabajar sin apenas formación, el abandono supera el 18%. En cambio, en territorios con un tejido industrial y tecnológico más sólido, como País Vasco o Navarra, las cifras se reducen a menos del 10%.

El modelo económico, por tanto, condiciona las expectativas educativas. Cuando el mercado laboral ofrece salidas rápidas sin necesidad de estudiar más, muchos jóvenes optan por el atajo de incorporarse pronto al trabajo. Pero ese camino, que puede parecer atractivo a los 17 años, conduce casi siempre a la precariedad y a una vida laboral sin horizonte de progreso. Es una dinámica que no solo empobrece las trayectorias personales, sino que lastra la productividad y la competitividad del país. En los países donde la economía tira de la educación, el resultado es el opuesto. Alemania, Austria o los nórdicos han conseguido reducir drásticamente el abandono escolar porque su tejido productivo exige cualificación y ofrece formación vinculada al empleo. No son solo modelos educativos eficaces, sino también modelos económicos que valoran el conocimiento y la capacitación técnica.

Reducir el abandono escolar temprano requiere una estrategia doble. En el ámbito educativo, hay que reforzar los apoyos en las etapas iniciales, detectar precozmente la desmotivación y mejorar la orientación académica y profesional. Pero eso no basta. Mientras el mercado laboral mantenga abierta una vía de entrada masiva para jóvenes sin cualificación, el problema persistirá. Por eso, junto a las medidas educativas, hace falta intervenir también en el ámbito laboral. España necesita un acuerdo básico que establezca que ningún joven pueda incorporarse al empleo sin una cualificación profesional reconocida. Esta es la esencia de la propuesta del contrato de formación y aprendizaje.

La medida es sencilla y profunda a la vez: todos los jóvenes que abandonen el sistema educativo sin obtener, al menos, un título de Formación Profesional de grado medio o equivalente, solo deberían poder ser contratados mediante un contrato de formación y aprendizaje, combinando empleo y formación hasta obtener una cualificación profesional. Lejos de ser una limitación, esta medida sería una garantía de derechos. Evitaría que miles de jóvenes queden atrapados en empleos precarios y sin futuro, y permitiría que cada primer contrato laboral se convirtiera también en un espacio formativo. Además, reforzaría la conexión entre educación y trabajo, y alinearía los incentivos de todos los actores: centros educativos, empresas y administraciones.

Desde una perspectiva económica, los beneficios serían claros. Más jóvenes con formación técnica elevarían la productividad y reducirían el desajuste entre oferta y demanda laboral. Desde una perspectiva social, rompería el círculo vicioso entre abandono, precariedad y exclusión. Y desde una perspectiva ética, aseguraría que ningún joven quede sin la oportunidad de formarse para desarrollar su talento.

Para que esta medida funcione, debe ir acompañada de un conjunto de políticas complementarias. En primer lugar, es imprescindible ampliar la oferta de Formación Profesional, especialmente en zonas rurales y en comarcas con menor presencia de centros, para que todos los jóvenes tengan una alternativa formativa accesible y de calidad. La expansión de la FP no puede limitarse a un aumento de plazas, sino que debe incorporar nuevas familias profesionales vinculadas a los sectores emergentes: digitalización, sostenibilidad, energía verde y cuidados. En segundo lugar, resulta clave reforzar la orientación educativa y profesional desde las primeras etapas de la ESO. El alumnado necesita información real sobre las posibilidades que ofrecen los distintos itinerarios formativos y una conexión directa con el mundo del trabajo. Para ello, los centros educativos deben colaborar de forma estable con empresas, sindicatos, cámaras de comercio y servicios públicos de empleo, integrando estas redes en sus proyectos educativos.

También se requiere una política ambiciosa de becas y ayudas específicas que compense el coste de oportunidad de seguir estudiando en las familias con menos recursos. La igualdad de oportunidades no se logra solo abriendo puertas, sino ayudando a que todos puedan atravesarlas. Y, del mismo modo, es necesario implicar activamente al tejido empresarial, ofreciendo incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que apuesten por la formación dual y por la contratación con aprendizaje como vía de incorporación al empleo cualificado. Por último, es fundamental reconocer y acreditar las competencias profesionales de quienes ya están trabajando sin titulación, permitiendo su incorporación a itinerarios formativos flexibles. Esta política de acreditación permanente permitiría reducir la segmentación entre quienes poseen un título y quienes no, y favorecería la movilidad laboral y la actualización profesional.

España no puede aspirar a una economía de alto valor añadido con un sistema educativo que deja atrás a una parte de su juventud. Reducir el abandono escolar temprano no es solo un objetivo educativo: es una política de país. La Europa que funciona —la que combina bienestar, productividad y cohesión social— lo ha entendido así desde hace años. El abandono no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas y de estructuras económicas que aún permiten que haya trayectorias sin retorno. Si queremos garantizar un futuro digno a todos los jóvenes, debemos cerrar esas vías de escape y sustituirlas por caminos de aprendizaje permanente.

El contrato de formación y aprendizaje no es un instrumento administrativo más. Es una apuesta estratégica: vincular educación y empleo para que ningún joven se quede sin cualificación, y para que España consolide un modelo de desarrollo económico sostenible, competitivo y entre los más avanzados de Europa. Un modelo que, a su vez, permita una sociedad más cohesionada, más justa y con más oportunidades para todos.

Miguel Soler fue director general de Formación Profesional Ministerio Educación (2008-2012) y secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de la Generalitat Valenciana (2015-2023)