Así va en Argentina la denuncia contra Álvaro Uribe por los falsos positivos

La condena de 12 años al expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude y soborno de testigos- en primera instancia- da nueva relevancia a los otros procesos penales en su contra, especialmente el que se lleva en Argentina por su presunta responsabilidad penal en los asesinatos de civiles conocidos como falsos positivos ocurridos durante su mandato. Esta semana, las once víctimas de los crímenes y las tres organizaciones de derechos humanos que lo denunciaron en ese país en 2023, enviaron un documento al juzgado en el que demuestran que se cumple con el criterio de subsidiariedad que exige la justicia argentina para procesar casos de violación de derechos humanos ocurridos fuera de sus fronteras y le solicitan que avance con la toma de declaraciones a las víctimas.

“Que desde Argentina hayan pedido revisar las investigaciones que hay contra Uribe en Colombia nos abrió una puerta de esperanza. De la manera más respetuosa lo digo: ojalá la justicia argentina tenga celeridad en este caso. No es solo una víctima, sino más de 6.402 las que estamos esperando”, dice por teléfono Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado por militares del Batallón La Popa, de la ciudad caribeña de Valledupar, y luego apareció como una falsa baja ocurrida en un inexistente combate con la guerrilla.

La denuncia contra Uribe fue interpuesta en 2023 bajo la jurisdicción universal, un principio que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes contra los derechos humanos sin importar la nacionalidad de las víctimas o del autor, si los países donde se cometen los delitos no los investigan. En Argentina, uno de los países que la incorpora la jurisdicción, se investigan causas contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, de Nicaragua, o de Myanmar, así como y los crímenes del franquismo, esta última la causa más emblemática a la que se han ido sumando incontables víctimas y en cuya investigación se ordenaron exhumaciones en España.

Uribe Vélez siempre ha defendido su inocencia frente a los señalamientos de estar vinculado con esos asesinatos de civiles, que cometieron militares en diferentes puntos de Colombia como reacción a una política de incentivos para quien lograra bajas de guerrilleros. Ascensos, condecoraciones o permisos eran algunos de los premios a los comandantes y las unidades que lograran más muertos en combate, una realidad que ocurría antes de la llegada de Uribe al poder, pero creció enormemente en sus primeros años como presidente y se dimensionó al explotar en 2008 en un escándalo nacional con la desaparición de jóvenes de Soacha.

La justicia colombiana, con los detalles que han admitido los militares, ha documentado 6.402 asesinatos de este tipo. La demanda en Argentina se circuncribe a los 6.112 ocurridos entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, fecha en la que, según los denunciantes, se identifican medidas para detener la práctica criminal.

La querella contra el exmandatario, caratulada como Caso Colombia, fue asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos. La impulsa, desde 2024, el fiscal Carlos Stornelli y se encuentra en estudio preliminar para el estudio del juez quien decide si se abre formalmente la investigación.

La jurisdicción universal aplica solo si los hechos denunciados no han sido o son investigados por otros tribunales, pues es subsidiaria, y si cumplen con “estándares universales de una investigación efectiva”. Es decir, que incluyan la participación de las víctimas y cumplan con requisitos de independencia judicial, entre otros requisitos.

La argumentación ante el juzgado resume lo que ya se conoce en Colombia: la falta de avances en las denuncias contra Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es tan poco eficaz contra cualquier político que es coloquialmente conocida como comisión de Absoluciones.

El documento explica en detalle que la Comisión es la única facultada para investigar a los presidentes de la República y a los magistrados de las altas cortes, se integra por congresistas y estos pueden tener conflictos de interés y alineamientos partidarios con los investigados. Además, no requieren diploma de abogados ni experiencia judicial para realizar las investigaciones. Más aún, que las víctimas no son acreditadas como sujetos procesales, lo que implica que no participan realmente de la investigación. También especifica los pasos que debería dar la Comisión para llevar a cabo una investigación a un presidente y señala que “no existe ninguna norma o disposición que establezca estándares mínimos de transparencia procesal, ni mecanismos específicos para prevenir conflictos de interés, como la exclusión de congresistas con vínculos políticos cercanos al denunciado o la posibilidad de recusación del Representante- Investigador”.

El documento, que firman los abogados Máximo Castex y Bénedict de Moerloose, muestra que en más de sesenta años ninguna investigación ante la Comisión de Acusación contra presidentes o expresidentes de Colombia ha derivado en un juicio político o penal posterior. “Más aún, los expedientes —pese a los plazos legalmente establecidos— suelen permanecer en etapa preliminar durante años, sin avanzar a una etapa formal de instrucción, y en muchos casos las conductas investigadas ni siquiera se encuentran tipificadas con claridad”. En otras palabras, afirman, la Comisión de Acusaciones “no constituye una autoridad independiente ni imparcial conforme a los estándares internacionales”.

En el caso de Álvaro Uribe, el exmandatario tampoco puede ser investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional que juzga a militares y terceros civiles que reconozcan su rol en el conflicto armado, porque él tiene un fuero especial determinado en el Acuerdo de paz con las extintas FARC; y en la Comisión de Acusaciones no tiene ninguna investigación por alguno de los casos de las 11 víctimas demandantes. De otro lado, la actual condena a 12 años es por un delito menor y no ocurrió durante su mandato.

“La JEP tiene unas limitaciones abismales para investigar a expresidentes y sabemos que la Comisión de Acusaciones del Congreso no opera nunca y es de Absoluciones. Por eso recurrimos a esta justicia”, había dicho antes Andrey Betancourt, cuyo padre, Beyer Ignacio Pérez, fue asesinado en abril de 2007 en Casanare por militares. Por eso, el documento pide expresamente a la justicia argentina que reciba los testimonios de las víctimas y las tres ONG (Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo), quienes están dispuestas a viajar a Buenos Aires para ampliar los detalles de sus casos.