El Ejército sudanés se adjudica el derribo de un avión emiratí con decenas de mercenarios colombianos
El presidente Gustavo Petro pide a la embajadora en El Cairo que confirme la información de la muerte de cerca de cuarenta exmilitares

El Ejército sudanés ha reivindicado el derribo, este miércoles, de un avión proveniente de Emiratos Árabes Unidos que transportaba cerca de 40 mercenarios colombianos y un cargamento de armas que estarían destinadas a apoyar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La información fue divulgada por la televisión estatal sudanesa, que informó que la aeronave fue impactada cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Nyala, una ciudad estratégica de la región de Darfur, en el este del país africano, considerada un bastión del grupo paramilitar, que desde el 2023 se enfrenta al Ejército en una guerra civil que se ha convertido en una de las más cruentas de las hoy vigentes.
Tras enterarse de la noticia, el presidente colombiano, Gustavo Petro, le ha solicitado a la embajadora de su país en Egipto, Luz Elena Martínez, que averigüe cuántos mercenarios colombianos fallecieron. “Se habla sin confirmar de 40. Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos”, escribió el mandatario en su cuenta de X. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, el Gobierno sudanés —controlado por una cúpula militar— tenía información de que el avión iba a despegar de una base aérea de Emiratos Árabes Unidos, siguió su ruta y lo impactó con aviones de combate. El objetivo era transmitir “un mensaje claro contra la intervención extranjera”.
Con este ataque, la tensión en aumento entre Sudán y Emiratos Árabes Unidos alcanza una nueva cúspide. En mayo, el Gobierno de Jartum rompió relaciones diplomáticas con el país árabe, tras asegurar que dicha nación provee de armamento a las FAR, una acusación que ha sido negada reiteradamente por Abu Dabi. Los Emiratos no reconocieron dicha fractura, pues consideraron que la declaración emitida por el llamado ‘Consejo de Seguridad y Defensa’ no representaba “al gobierno legítimo de Sudán ni a su honorable pueblo”. Este miércoles, previo al ataque, la agencia estatal de noticias de Sudán había informado que el país del golfo había prohibido el aterrizaje de aviones sudaneses en sus aeropuertos y negado el despegue de otro de ellos.
El Ministerio de Exteriores sudanés también había advertido esta semana sobre la presencia de mercenarios colombianos en las filas de las FAR, y señalado que estas acciones representaban “una amenaza contra la paz y la seguridad a nivel regional e internacional”; aunque en Sudán también se ha detectado la presencia de mercenarios provenientes de otras naciones, como las vecinas Chad o Níger. La llegada de exmilitares colombianos a ese país ya había sido documentada y expuesta, entre otros medios, por este diario en un informe publicado en diciembre. Para finales del año pasado, se había establecido que alrededor de 300 mercenarios colombianos habían sido reclutados para combatir junto a las FAR, y que otros 20 habían sido asesinados por drones suicidas, también en la región de Darfur.
Los exmilitares colombianos, acostumbrados a combatir en selvas y montañas, ahora luchan en los desiertos de un país ajeno. De eso han dado cuenta las cédulas y pasaportes hallados en territorio sudanés, que fueron las primeras pistas de este fenómeno. Luego empezaron a aparecer fotos y videos difundidos en redes sociales en los que se ve a los militares posando con rifles y entrenando a jóvenes sudaneses. Ante la evidencia, en noviembre pasado el presidente Petro señaló que sí había mercenarios colombianos en Sudán. Según explicó, se trataba de hombres “engañados”, que accedían a ofertas para trabajar en el extranjero por las malas condiciones para los retirados del Ejército, y que eran buscados por su experiencia en las varias décadas de conflicto interno colombiano.
Los expertos consultados en el reporte de EL PAÍS señalaron que el reclutamiento de mercenarios ocurre por lo general a través de empresas de seguridad privada, que se presentan como operadores de servicios de vigilancia en otros países y que ofrecen varios miles de dólares por trabajos de corto tiempo. Los exmilitares acceden, pero quedan a expensas de estas compañías, pues incursionan en conflictos que no conocen, en países de idiomas que no dominan y sin tiquete de regreso. Son “empresas unipersonales en la que un general retirado registra el comercio y lo promociona a través de cadenas de WhatsApp”, explicó en dicho informe Mario Urueña, experto en seguridad global de la Universidad del Rosario. Muchos de los colombianos que viajaron como mercenarios a Sudán han asegurado que están allí contra su voluntad, tras haber sido contratados para trabajar como vigilantes en Emiratos Árabes, más de 3.300 kilómetros al este de Darfur.
Los antiguos aliados, hoy enemigos
La guerra civil entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que involucra a otros grupos armados aliados a cada bando, ha sumido a Sudán en la que ha llegado a ser considerada la mayor crisis humanitaria del mundo. Amnistía Internacional estima que este enfrentamiento ha causado la muerte de decenas de miles de personas, y el desplazamiento interno de más de 11 millones, además de que ha derivado en una situación de hambruna declarada.
Las partes que hoy se enfrentan, sin embargo, fueron aliadas. En 2021 ejecutaron un golpe de Estado con el que pusieron fin al Gobierno de transición democrática que gobernaba el país luego de que el dictador Omar al Bashir fuera derrocado en 2019, tras meses de protestas social. La transición a un gobierno civil y hacia la democracia no ha podido materializarse, un panorama que se ve aún más distante con los choques armados que iniciaron en abril de 2023 y hasta hoy persisten.
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