La jueza deja a un paso del banquillo a responsables de la discoteca incendiada en Murcia y al ingeniero que dividió el local

La jueza que investiga el incendio que en octubre de 2023 se cobró las vidas de 13 personas en dos discotecas de la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, ha puesto fin a la fase de instrucción. Tras más de dos años de investigaciones en las que ha tomado declaración a decenas de testigos del trágico suceso, peritos, policías y bomberos, la magistrada ve indicios suficientes para continuar con el procedimiento y pide a las partes que se pronuncien antes de abrir juicio oral. Varios familiares han anunciado que recurrirán el auto.

En un auto notificado este viernes al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza considera que hay motivos suficientes para acusar de 13 delitos de homicidio por imprudencia y otros 13 por las lesiones graves que sufrieron clientes de las salas a los tres responsables de la discoteca Teatre, donde se originó el incendio; al DJ que organizaba una fiesta temática en esa sala, y al propietario de la máquina de fuegos fríos que pudo ocasionar el fuego.

También procesa al ingeniero técnico que realizó el proyecto para dividir en dos la nave sobre la que se ubicaba esa sala y Fonda Milagros, en la que fallecieron todas las víctimas. No acusa, sin embargo, al propietario de esta segunda discoteca, que había estado investigado desde el inicio del procedimiento. Considera, en cambio, que este empresario, y también los tres vinculados a Teatre, pudieron cometer delitos contra los derechos de los trabajadores.

En su auto, la jueza repasa detalladamente los datos que han ido saliendo a la luz sobre cómo se produjo el incendio. “Las máquinas de chispas de fuego frío no fueron colocadas guardando la distancia mínima de seguridad de siete metros que debía haber con el techo, las chispas que desprendían estuvieron colisionando contra el mismo a lo largo de la noche en diversos momentos, y así hasta que el techo de la discoteca Teatre comenzó a arder en el punto justo donde chocaban las chispas de fuego frío de titanio”, resume en su escrito.

Ese fuego que comenzó en el techo de Teatre se propagó “con gran rapidez y fuerza” a la planta primera de la discoteca Fonda Milagros porque ambos establecimientos “no fueron indiciariamente compartimentados como sectores independientes”. Para la jueza, la obra que se llevó a cabo para dividir en dos la nave “tuvo relevancia en la propagación del fuego”, porque su nueva distribución “no cumplía las exigencias de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación”.

En concreto, la magistrada cita deficiencias en el grado de resistencia al fuego que deben tener por ley las paredes, techos y puertas de este tipo de locales, en las medidas antiincendios de la cubierta de las salas y en las puertas de seguridad que había en la pared que las dividía en dos. Advierte también de que ambas discotecas compartían los conductos de las máquinas de climatización y ventilación “sin existir compartimentación” entre ellos, y de que había numerosos elementos decorativos y de mobiliario “cuya resistencia al fuego no se había certificado”. Además, los recorridos de evacuación de la discoteca Fonda Milagros, especialmente en la primera planta, donde fallecieron las víctimas, superaban, e incluso duplicaban, la distancia máxima permitida por ley.

Pese a todas esas deficiencias, y aunque los responsables de Teatre no contaban con licencia para hacer las obras, se llevó a cabo la división de la nave, se alquiló una parte al gerente de Fonda Milagros y “no se atendieron indiciariamente a los controles de licencia y de seguridad realizados por los técnicos del Ayuntamiento de Murcia”, que llegaron a dictar una orden de cese de actividad un año antes del incendio, que no llegó a ejecutarse. “Así, desatendiendo las órdenes de cierre existentes, [los responsables de las salas] pusieron en peligro la vida e integridad de los clientes y trabajadores que el día de los hechos estaban en las discotecas”, recoge el auto.

En este sentido, la jueza recuerda que una de las fallecidas en el incendio trabajaba sin contrato como camarera en Fonda Milagros, y de hecho la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social mantiene abiertas investigaciones y sancionó a las salas por esos incumplimientos. Por ese motivo, mantiene también la acusación contra los cuatro responsables de las salas por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores.Aunque durante los más de dos años que se prolonga la investigación los familiares de las víctimas han luchado por incluir en el procedimiento a los técnicos de Ayuntamiento de Murcia por permitir que las salas siguieran abiertas y no ejecutar la orden de cierre a pesar de las numerosas irregularidades, la jueza descarta que puedan haber tenido una responsabilidad penal en la tragedia o que puedan ser acusados de homicidio por imprudencia.

En paralelo, la jueza ha decidido archivar igualmente dos denuncias que los familiares de las víctimas habían presentado contra los funcionarios municipales por posible prevaricación administrativa. En su auto de archivo, considera que “la Administración no tuvo una dejación de funciones a sabiendas de manifiesta ilegalidad, pues iba dictando resoluciones” en relación con la situación administrativa de las discotecas. El comportamiento de los funcionarios, apunta, podría calificarse como “más o menos afortunado”, pero no alcanza el umbral de arbitrariedad que exige la ley para considerarlo un delito penal.

La Fiscalía, las acusaciones y las defensas tienen ahora un plazo de diez días para solicitar que se abra juicio oral contra los acusados o que se archive el caso.

El abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de varios de los fallecidos, ha adelantado que recurrirá el auto, porque no están en absoluto de acuerdo con el archivo de la investigación contra los funcionarios municipales. Para el abogado, la investigación ha dejado patente, tal y como reconoce la propia jueza en su auto, que las discotecas cometieron importantes irregularidades y el Ayuntamiento es directamente responsable de no haber controlado e inspeccionado esas deficiencias y de no haber obligado a cumplir con la normativa vigente a pesar de conocer las irregularidades. Lamenta, además, que no se haya tomado ni siquiera declaración a los responsables municipales o practicar ningún tipo de diligencia de investigación en relación con el Consistorio. “La jueza, desde el minuto cero, no ha querido implicar al Ayuntamiento, incluso ha impedido a los abogados hacer preguntas sobre la actuación de la administración”, ha denunciado.