Si la guerra fue territorial, la paz debe ser territorial

Para 2023 las condiciones del conflicto armado en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, señalaban que el territorio era inviable humanitariamente. Las cifras eran más que aterradoras: 21 casos de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, 16 estructuras delincuenciales presentes en el territorio a través de, al menos, cinco grupos armados organizados residuales (GAOR). La guerra presente en Nariño hace tiempo comenzó a alimentarse de las economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y las economías de frontera que impulsan el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y las indignantes condiciones por las que atraviesan miles de migrantes que llegan hasta el sur de Colombia buscando oportunidades y encontrándose hasta con la misma muerte.

Ese panorama, en lugar de frenarnos, alentó nuestras aspiraciones para llegar a la gobernación de Nariño. Entendimos, muy pronto, que la paz tenía que ser la principal bandera de trabajo para iniciar un proceso de transformación territorial en un departamento que siempre le ha dicho sí a la paz.

En este terreno es claro que hoy por hoy los grupos armados han perdido los principios de una ideología que impulse una lucha por el poder político o por ocupar los escenarios democráticos para procurar condiciones de igualdad o justicia en nombre de los menos favorecidos. Nos enfrentamos a organizaciones armadas ilegales que se disputan entre ellas la ocupación de los territorios que son copados para la ilegalidad en sitios estratégicos que se caracterizan, en mucho, por el abandono estatal. Allí donde no llegó la salud, la educación o las oportunidades para el comercio o el desarrollo humano, llegaron los armados para extraer los recursos naturales o transformarlos en ilícitos.

En ese contexto, el 13 de mayo de 2023, en Olaya Herrera, en el Pacífico nariñense, en medio de la cumbre cocalera que buscaba espacios de diálogo con el Gobierno nacional en búsqueda de soluciones para las críticas condiciones de las campesinas y campesinos de ese Nariño profundo y oculto, fue el propio presidente Gustavo Petro quien sugirió que la construcción de la Paz Total debía germinar en procesos territoriales de paz. Allí se propuso que Nariño fuera, justamente, el lugar elegido para iniciar con Diálogos Regionales de Paz que respondieran a las condiciones específicas del contexto, la cultura, el entorno ambiental y poblacional diferencial.

Por eso consideramos que, si el conflicto fue o es territorial, así mismo la paz debe gestarse en los territorios, donde la guerra tiene presencia diferencial. La confianza del electorado nariñense que nos otorgó el mandato popular para asumir la administración del departamento fue la carta de presentación para dar los primeros pasos en el diseño metodológico y la ruta estratégica para articular los esfuerzos nacionales, regionales y locales a favor de la paz en el departamento de Nariño.

Un DNI para la paz

La propuesta territorial se fundamenta sobre lo que hemos denominado un DNI para la paz, la fórmula de identidad de la construcción regional por la pacificación del territorio nariñense. Diálogos + Negociación + Implementación se conjugan en esta ecuación que recoge los aprendizajes de procesos de paz previos en donde “nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado”. En el DNI no podemos esperar a que todo esté acordado y se propone dialogar desescalando el conflicto, negociar asuntos de desmovilización y dejación de armas, e implementar las transformaciones territoriales. De esa manera, el Gobierno Nacional dispuso sus equipos, talento humano y recursos para iniciar los procesos de Diálogos Regionales de Paz con el Frente Comuneros del Sur (disidentes del ELN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidentes de las FARC).

Los resultados

Un año después de iniciar los dos procesos de dialogo territorial podemos contarle a Nariño, a Colombia, al mundo, que logramos reducir en un 99,1% el indicador de desplazamientos masivos entre 2024 y lo que va de 2025. El confinamiento se redujo al 100% y el reclutamiento de niños y niñas tuvo una reducción del 43% de casos. Mientras que entre 2023 y 2024 logramos una reducción del 68% en reporte de homicidios en el contexto del conflicto armado, en lo corrido de 2025 la tendencia de reducción se mantiene. Se destaca también que, a diferencia del 2023, en el 2024 y lo que va corrido del 2025 no han asesinado a ningún firmante de paz. Es decir, la paz está salvando vidas en el territorio nariñense.

Así mismo, tenemos resultados alentadores que muestran reducción en todos los delitos de alto impacto, excepto un leve incremento de la extorsión.

Nariño, ejemplo para Colombia y el mundo

De la mano de la seguridad, de los acuerdos humanitarios y las condiciones bilaterales para avanzar en los Diálogos Regionales de Paz, Gobierno nacional, departamental y local trabajan en la implementación de proyectos estratégicos priorizados por las comunidades más afectadas por el conflicto en Nariño. La forma en que la ciudadanía se involucra en la construcción de paz marca la diferencia de este proceso que le otorga voz y poder a las comunidades. Allí está el valor agregado de un trabajo articulado, colmado de voluntad política y cercado por la fuerza institucional que dialoga y escucha en el territorio.

El ejemplo de Nariño debe servir para que aliente un propósito de unidad nacional alrededor de la seguridad y la paz en los territorios que gestione y garantice las condiciones de sostenibilidad del proceso mediante recursos, ejecución de proyectos estratégicos, cumplimiento de los acuerdos y seguridad jurídica para quienes tienen voluntad de transitar hacia la vida civil en legalidad.

Al tiempo, desde el gobierno departamental seguimos tocando las puertas de la cooperación internacional en el marco de nuestra política de diplomacia ciudadana, gestionando los recursos para las transformaciones territoriales y presentando a Nariño como una ‘región país’ para el mundo, que es potencia real para la vida.