Petro retoma el diálogo con la disidencia guerrillera de alias Calarcá con el tiempo en contra

Este miércoles, en Caquetá, al sur de Colombia, Gloria Quinceno, negociadora del gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con la disidencia guerrillera “Estado Mayor de Bloques y Frente” (EMBF) se sentó cara a cara con “Calarcá”, jefe de las unidades en la Amazonía de ese grupo armado. Como anticipó EL PAÍS, Quinceno venía buscando esta reunión para destrabar las conversaciones de paz con ellos, que este año han quedado en el limbo.

Desde el último ciclo de conversaciones, en octubre de 2024, la mesa de diálogo, una de varias que ha impulsado el gobierno en el país, ha estado al filo del abismo: Petro decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral, hombres de Calarcá asesinaron a siete militares en Guaviare, el Ejército comenzó una arremetida militar contra esta disidencia y el jefe de Estado le dio prioridad a la concentración en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, del Frente 33 (que también hace parte del EMBF, y que está empantanada). El presidente dejó de hablar de Calarcá hasta hace unas semanas, cuando le envió un mensaje desde un coliseo en Guaviare de retomar diálogos si en el primer punto de la agenda se comprometían con “revitalizar la selva” y que “el campesino libremente lo haga”.

Con esos antecedentes, más la renuncia de Camilo González Posso como jefe negociador del gobierno, Quinceno asume el timón de una negociación que tiene un poco más de un año para mostrar avances concretos. De la reunión en Caquetá salieron con un comunicado público en el que queda claro que el principal eje de esta negociación será contener la deforestación. “La paz en los territorios pasa por atender de manera urgente las amenazas que persisten sobre todo el arco amazónico y particularmente sobre el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete y demás parques que lo circundan”, dice el comunicado.

También salieron con el acuerdo de hacer un “encuentro amplio” con las comunidades campesinas y organizaciones sociales de la Amazonía para “escuchar y definir los temas a trabajar en este periodo”. Varias de estas organizaciones -entre ellas la Coordinadora del suroriente colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) y la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero (Ascatragua)- ya estaban moviéndose para hacer una reunión este sábado 26 de julio para impulsar, entre otros temas, la creación de zonas de reserva campesina, una figura que les permite a los campesinos crear sus propios planes de desarrollo y que limita la cantidad de tierra que puede tener una familia dentro de ellas. Las zonas de reserva pueden ser el camino para limitar la ampliación de la frontera agrícola, aunque tienen la complejidad de que, si se aprueban, se traslapan con zonas de control del EMBF.

Estas y otras organizaciones esperaban que a esa reunión fuera Petro y ahora la aplazaron para el 16 de agosto, en La Macarena, Meta, con la idea de que pueda servir como ese primer “encuentro amplio” que busca el gobierno. Aún no es claro si el gobierno quiere una reunión aparte.

“Hay una palabra que es como la llave de todo, que es revitalización” dijo a EL PAÍS Yezid Arteta, miembro del equipo negociador del gobierno. “Lo más importante es detener la deforestación. En eso puede establecerse un acuerdo definitivo que limite la frontera agrícola y comprometerse en un plan de reforestación. Eso para mi es lo más importante”, agregó.

El gobierno tiene sobre la mesa una hoja de ruta que salió en marzo, luego de una reunión extraordinaria entre las partes en La Macarena. Ahí ya se hablaba de un “plan de revitalización” que incluye la protección del Chiribiquete, la recuperación de los parques Macarena, Tinigua y Picachos, el cierre de la frontera agrícola, acuerdos de conservación ambiental, un plan para reforestar “sin armas” y el apoyo a iniciativas contra el acaparamiento de tierras para deforestar y contra la ganadería extensiva y el lavado de activos. “La ruta no será la reunión de La Macarena, pero habrá elementos”, dice la jefe negociadora Quinceno.

Sea cual sea el camino a seguir, la lógica del gobierno es intentar llevar esta negociación a un punto de avance que le haga costoso a un próximo gobierno tumbarla. “Hay un hartazgo en el campesinado y yo veo gente que quiere dar el paso para lograr un vínculo con el Estado. Al campesinado de estas regiones el sentido común les está indicando que necesitan que ahí ocurran cosas positivas porque el escenario en 2026 puede cambiar radicalmente. Y un cambio en donde no haya diálogos, donde el lenguaje sea solamente operaciones militares, creo que nadie está pensando que sea la mejor posibilidad para ellos”, dice Arteta.

Lograr que las negociaciones lleguen a un punto irreversible será difícil. En Caquetá, las partes anunciaron que convocarán un próximo ciclo de conversaciones -aunque aún no hay fecha- y se sentarán a negociar, por primera vez, sin cese al fuego y en medio de una confrontación a muerte entre el “EMBF” y la disidencia de “Iván Mordisco”. Negociar en ese escenario de confrontación militar, tanto del Ejército como de Mordisco, puede enredar o atrasar las conversaciones. A esto se suma que “Calarcá” no está dispuesto a concentrar sus unidades en una “zona de ubicación temporal” -la figura que ha creado el gobierno para grupos como el Frente 33 o Comuneros del Sur, la disidencia del ELN- ni ha frenado su expansión militar a regiones como la “trocha ganadera” en Guaviare, o algunas partes de Tolima y Huila. Esto muestra que aún cuando el grupo puede tener voluntad de avanzar en las negociaciones, también tiene la mirada puesta en fortalecerse si no salen bien.

Pero quizás el tema más de fondo es cómo quitarle el poder ambiental de facto al EMBF, que se ha convertido en la autoridad en el Arco Amazónico frente a la deforestación. Son ellos quienes ponen topes a la tala y reciben plata de gente tiene cómo pagarles la “multa” por excederlos. Son ellos quienes tienen su propio catastro de tierras y saben quienes son los dueños de los predios en las zonas que controlan. A ellos les cobran un porcentaje por la compra y venta de fincas y por cabeza de ganado. Son ellos quienes restringen el acceso de entidades del Estado que podrían medir con precisión la dimensión de la deforestación. Son ellos quienes presionan a varios campesinos y líderes comunales para que los proyectos ambientales que aterricen en sus zonas de control tengan su visto bueno. De ahí que negociar esa intermediación puede ser el centro de estas conversaciones. Por eso no es gratuito que en su último mensaje Petro les haya dicho que “los recursos que lleguen para eso [recuperar la selva] no los use el grupo armado, sino la comunidad libremente”.