Las carboneras y un exministro de comercio ponen en duda el relato de Petro sobre las exportaciones a Israel
El presidente alega que Luis Carlos Reyes lo engañó frente a las multinacionales, y pide a los indígenas wayuu frenar las exportaciones del mineral. El exfuncionario niega el señalamiento y afirma que el jefe de Estado pensaba que el Mossad les había infiltrado


Gustavo Petro arremetió, una vez más, contra las multinacionales mineras. Esta vez lo hizo ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC): “Están llevando carbón colombiano en barco [a Israel] y están haciendo bombas (...) aunque el presidente decretó que no”. Un ataque que se suma al del pasado 20 de julio, cuando soltó acusaciones parecidas en tono despectivo frente al Congreso. Claudia Bejarano, responsable de la operación en Colombia de una de las dos compañías más grandes, la suiza Glencore, contraatacó el lunes de esta semana: “El último envío se realizó el 3 de agosto de 2024, antes de la prohibición decretada”.
Se trata de un cara a cara marcado por el desfase entre las cifras empuñadas por el mandatario y los datos presentados por el sector hidrocarburífero. A lo anterior se suman otras acusaciones más delicadas. La estadounidense Drummond y la suiza Glencore fueron mencionadas en el informe presentado hace unas semanas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. El documento analiza la supuesta relación entre la actividad minera en el norte de Colombia y el apoyo que esta proporciona a la ocupación y la ofensiva militar israelí en Gaza.
Argumento suficiente para que el mandatario colombiano, quien nunca ha disimulado su apoyo propalestino, insista cada vez que puede en que el decreto presidencial que prohibió en agosto del año pasado las exportaciones de carbón a Israel se ha quedado en letra muerta. El país es proveedor del 60% de este hidrocarburo para la energética estatal en el puerto de Haifa. Por ello, el Ministro de Industria y Comercio en aquel entonces, Luis Carlos Reyes, ha sido objeto de los últimos embates del presidente: “Me engañó, se llevó el decreto. Reyes es cómplice del genocidio en Colombia”, atacó el mandatario ayer miércoles.
El exministro lo desmiente. En conversación con este diario, asegura que Petro, en realidad, siempre conoció la estructura de ese decreto que carecía de dientes y daba ventajas a las mineras: “Y, sin embargo, el presidente insistió, asesorado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en incluir estas cláusulas que limitaban mucho su alcance. Nosotros le advertimos lo que iba a ocurrir. Él lee los decretos en detalle antes de firmar. Y luego me llamó la atención por no haber incluido esas provisiones que hoy critica, diciendo que yo había permitido que el Mossad infiltrara a los funcionarios del ministerio”.
De cualquier forma, la Asociación Nacional de Minería, el mayor gremio del sector, ha encajado mal la sucesión de golpes. Una catarata de señalamientos de todos los frentes que la ha obligado a replicar con cifras propias: “Desde la entrada en vigor de la prohibición de exportaciones a Israel, las ventas de carbón colombiano han caído de 250.000 a 100.000 toneladas mensuales”, precisa su director, Juan Camilo Nariño. Así mismo, la estadounidense Drummond ha reiterado que los despachos marítimos realizados en el último año cuentan con autorización oficial. Y que se trata de negocios firmados antes de la entrada en vigencia del embargo.
La empresa, que junto a Glencore concentran el 75% de las exportaciones totales del mineral, ha esgrimido así mismo que tiene el aval de un comité conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un relato que Jorge González, representante legal del sindicato de la misma multinacional, respalda: “Yo no tengo datos a la mano, pero por el ritmo del día a día en la mina, sí infiero que no se está vendiendo carbón”.
¿A qué se refiere? Explica que la multinacional ha decidido no prorrogar los contratos a los empleados cuyo vínculo laboral está por finalizar. Calcula que son unos 138 puestos de trabajo los que están en vilo en el yacimiento del departamento del Cesar, al norte del país. “A gran parte de los contratistas, incluso, se les dio la orden de reducir el personal. ¿Dónde más se ve reflejado que no se está vendiendo? En las pilas de carbón que están acumuladas en los puntos de acopio. Antes, Drummond tenía la capacidad de vender su producción del año siguiente desde noviembre. Hoy la está liquidando día a día”, dice González
Queda claro, sin embargo, que entre los planes de Petro no está el de terciar en este tema. Los focos internacionales se han posado sobre su figura. Y él a su vez trata de deshilachar todos los argumentos que tiene a la mano. Si el 20 de julio amenazó con apelar a nuevas herramientas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para paralizar los envíos de tajo, el miércoles hizo un llamado a los indígenas wayuu de la zona Caribe con el fin de bloquear la salida de los barcos carboneros. Ninguno de las dos propuestas, por ahora, tiene mucho futuro.
Del lado del relato de Petro está la información cruzada de Sintracarbón, sindicato que aglutina a 4 mil trabajadores de la industria en la costa norte, el país habría exportado 905.666 toneladas de carbón hacia Israel desde agosto del año pasado. Sin embargo, no se conoce con certeza qué proporción de ese volumen pudo haber sido despachada de manera ilegal. Igor Díaz, representante del sindicato, afirma: “Además del documento de la ONU, contamos con evidencia de que las multinacionales han continuado enviando carbón fuera del marco legal”. Argumenta, por último, que al menos tres barcos habrían zarpado desde Colombia sin autorización: “Uno perteneciente a Glencore y dos a Drummond, según el último reporte emitido por el sindicato hace poco más de un mes”.
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