La Fiscalía marca distancia con el Gobierno Petro al atribuir motivaciones políticas al atentado contra Miguel Uribe

Si quedaba algún asomo de duda, la declaración de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo (Bogotá, 59 años), subrayó su independencia frente al Gobierno. La funcionaria, cuando apenas habían pasado cinco días desde el atentado contra el precandidato presidencial opositor Miguel Uribe, le respondía con firmeza a Gustavo Petro. “Respecto a la solicitud del presidente de la República para que permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los líderes políticos y sociales que han sido asesinados en la historia de Colombia, debo precisar que la Fiscalía General de la Nación tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso”, dice Camargo con tono pausado, y la mirada de frente a la cámara, en el video de cinco minutos que divulgó la propia entidad.

“Aunque la labor de la Fiscalía se encuentra en el centro de la polarización que enfrenta a varios sectores políticos, que de un lado y de otro la cuestionan, la entidad realiza diariamente su tarea de manera rigurosa y no enfrenta los retos que llevaron a la conformación de una comisión internacional de las Naciones Unidas en Guatemala”, argumenta Camargo en ese pronunciamiento, que ha marcado el tono de la investigación sobre el ataque del sábado 7 de junio contra el senador del Centro Democrático, el partido de oposición fundado por el expresidente Álvaro Uribe. La fiscal general, que cumple más de un año en un cargo al que llegó postulada por el presidente Petro, sabe de lo que habla. Abogada de la Universidad de La Sabana e investigadora de la parapolítica como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, también perteneció en su día a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los avances de las pesquisas ya han permitido ubicar y judicializar a cuatro personas, subrayaba Camargo esta semana en una rueda de prensa conjunta con el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana. Además del adolescente que disparó contra Miguel Uribe, las autoridades han capturado a la persona que facilitó el vehículo en el que le entregaron el arma; a la mujer que le entregó la pistola Glock que usó en el atentado; y a otro individuo que presuntamente participó en la planeación, seleccionó al menor de edad y apoyó en la huida a los demás involucrados. Además, ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos (unos 75.000 dólares) por información que permita capturar a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, señalado como el cerebro logístico del atentado. Un eslabón clave para llegar hasta los autores intelectuales. “La investigación va muy bien orientada, creo que hemos avanzado en tiempo récord en una investigación que habría durado meses”, reivindicó.

Aunque la prudencia ha distinguido a la fiscal general, acumula desencuentros con el presidente en torno al sensible caso. A diferencia de Petro, la Fiscalía sí considera que el atentado tuvo motivaciones políticas. “No tenemos evidencia alguna de un móvil distinto”, explicó Camargo esta semana. “No tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales u otro delito que podría motivar ese atentado tan planeado”, afirmó. La fiscal del caso ya había apuntado a motivos relacionados con su actividad política y sus posturas de oposición, a pesar de que el mandatario ha ventilado reparos a esa hipótesis y se inclina por una alternativa. Petro sospecha de un plan criminal para desestabilizar a su Gobierno. El fin de semana insistió en que “aún no hay certezas de los autores intelectuales” y en que “hasta ahora, los capturados, solo son miembros del microtráfico bogotano”. “Aún no se puede decir con certeza que haya fines políticos en el atentado y, peor aún, cuál interés político tendría el verdadero asesino”, apuntilló el mandatario en su cuenta de X, su canal de comunicación predilecto.

No es la primera vez. Petro ha lanzado varias teorías sobre el caso sin remitirse a las pruebas, y en un primer momento intentó que personas de su confianza participaran en la investigación. El 12 de junio, la propia Camargo le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) apartarse de las investigaciones sobre el atentado. Ambas entidades están en cabeza de figuras nombradas directamente por presidente y cercanos a él hace décadas, Augusto Ramírez y Jorge Lemus, respectivamente, a los que Petro había pedido en un primer momento participar en las indagaciones.

Camargo llegó a la Fiscalía gracias a que Petro incluyó su nombre a última hora en la terna femenina que presentó a la Corte Suprema, que la eligió por abrumadora mayoría. Pero eso no le ha impedido marcar distancias, como se espera de su cargo. Esa postura contrasta con su antecesor, Francisco Barbosa, un amigo de universidad del expresidente Iván Duque. Las nominaciones de Duque provocaron en su día una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes y la independencia e imparcialidad de los órganos de control, acentuada por la mediática Fiscalía de Barbosa. En los dos años largos que coincidió con Petro en la Presidencia, chocaron sin tregua. En un recordado episodio, el mandatario declaró que él era el “jefe” del fiscal, ante lo que muchos le recordaron la separación de poderes. Luz Adriana Camargo también lo ha hecho, pero sin necesidad de elevar el tono.