El riesgoso camino de una constituyente en Colombia

Durante un discurso en Cali en marzo del 2024, el presidente Petro habló de la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente por primera vez en su mandato. Desde entonces, esta propuesta se ha encontrado en el centro del debate público nacional, en medio de profundas preocupaciones por todos los riesgos de sus implicaciones. La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos este viernes, cuando Petro anunció que en las próximas elecciones los electores recibirán una papeleta que preguntará sobre la necesidad de reescribir la carta política.

Este debate está lejos de ser una novedad en la agenda del presidente. Por más de diez años, el alcalde y senador Petro fue uno de los principales promotores de la idea de llevar al país a una asamblea constituyente. Esto resultaba especialmente curioso al tener en cuenta que a lo largo de su carrera política el presidente ha repetido con orgullo que participó en la escritura de la Constitución de 1991. Aunque esta afirmación ha sido desmentida muchas veces, ha quedado una inmensa duda en el aire: por qué el presidente quiere reescribir la Constitución de cuya redacción tantas veces ha dicho que hizo parte.

Los colombianos no podemos caer en las trampas de los sectores políticos que buscan reescribir las normas de nuestra república a su imagen y semejanza. La Constitución de 1991 respondió de manera acertada a un proceso de reconciliación y modernización de las instituciones de la nación, y con 34 años de historia cuenta con absoluta relevancia y capacidad para resolver las necesidades del país. Lejos de empezar de cero, cualquier iniciativa de parte de nuestros gobernantes debe procurar la implementación correcta de todas las respuestas que la Constitución del 91 ofrece para los tiempos que enfrenta el país.

Como principal argumento para llamar a reescribir la Constitución, el presidente insiste en que su Gobierno debe encontrar una salida ante un bloqueo que enfrenta por cuenta de sus contrapesos. De entrada, Petro parte de una peligrosa idea: la de reescribir un documento escrito para el largo plazo pensando en una solución para el corto plazo y a título personal. Y lo más preocupante que plantea con su premisa es que su visión de una constitución ideal es una con mayor poder presidencial y menores controles por parte de las ramas legislativa y judicial. De fondo, además, ha quedado claro en las semanas recientes que el país está lejos de encontrarse ante el escenario de un gobierno bloqueado: en cuestión de pocos días el Congreso, aún en medio del tenso clima político que vive el país, aprobó su reforma laboral y eligió al candidato del presidente como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Así el Gobierno insista en decorar con etiquetas de “justicia social” y “popular” un proceso tan incierto e innecesario en este momento que atraviesa el país, los riesgos que trae son inmensos. En medio de todo lo que se puede reescribir en una asamblea constituyente, debemos preguntar qué exactamente es lo que incomoda al partido de gobierno de nuestra Constitución. Entre los más delicados asuntos que podrían ver serios riesgos en su futuro se encuentran la composición de los distritos electorales, el diseño de los balances de poder, la duración de los periodos de gobierno, las reglas que definen la propiedad, el sistema judicial de la nación y la subordinación de la fuerza pública a los gobiernos civiles. ¿Qué de todo esto le molesta al petrismo y cómo busca redefinirlo?

Cada vez que el radicalizado Gobierno del presidente Petro insiste en convocar una Asamblea Constituyente le muestra con claridad a todo el país su lado más autoritario y su distanciamiento frente a los valores de nuestra democracia. Los demócratas de todas las orillas y banderas debemos saber que, durante el año final de su mandato, que estará definido por el desgaste permanente, la principal prioridad será proteger la Constitución del 91.