Otro ministro con cojones

Ya tuvimos un ministro con cojones, el ministro del Interior Alfonso Prada, quien se canjeó por unos policías en el sector de los Pozos, San Vicente del Caguán, para arreglar un problema de orden público en el que la comunidad secuestró a unos policías en abril del 2024. Tenemos en la actualidad otro ministro con cojones.

Nadie puede negar que hasta ahora nos había ido bien con los ministros de Justicia en un gabinete en el que la rotación ha sido una de las características del despelote gubernamental, con tres ministros en Justicia de un total de más de 50 ministros en tres años. El ministro Osuna mereció el reconocimiento de tirios y troyanos. Angela María Buitrago demostró ser una jurista “de racamandaca” y en este momento nos tocó de nuevo ministro al exfiscal Eduardo Montealegre, con muchos títulos de magistrado estudioso, convertido en polemista y autor de extrañas figuras constitucionales.

No hay duda de que el Gobierno encontró al único jurista con los cojones suficientes para defender lo indefensable. Y lo hace con garbo, como si tuviera la razón, cuando la verdad es que sus contradictores han demostrado que el presidente no es juez constitucional y no puede declarar inconstitucional un acto constitucional del Senado. Acabar con la separación de poderes de un solo tajo —principio fundamental en los sistemas democráticos que buscan evitar la concentración del poder en uno de los tres que conforman los Estados modernos— y otorgándole a las autoridades administrativas, que hacen parte del Ejecutivo, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de las leyes, para algunos juristas es una barbaridad.

Para el profesor Mauricio Gaona, profesor y Oppenheimer Scholar con maestrías y doctorado en Francia, Estados Unidos y Canadá, acabar con la separación de poderes es un exabrupto jurídico, el camino más rápido para llegar al autoritarismo constitucional como lo hizo el presidente Chávez en Venezuela. Cada vez que al Gobierno no le guste una ley, aplica la excepción constitucional y fuera. Solo los jueces tienen la juricidad de desconocer una decisión del Senado. En ningún caso el presidente de la República, como lo pretende el nuevo ministro de Justicia en oposición a lo que piensa su antecesora.

Otro profesor con un montón de títulos, el doctor Rodrigo Uprimny, Université d’Amiens, Universidad de París Pantheon-Assas, Universidad de París Pantheon Sorbonne, coincide con el jurista Gaona. Para Uprimny, el decreto más conocido como el “decretazo” es groseramente inconstitucional. El presidente no puede convocar una consulta popular cuando el Senado ha votado en contra de su ejecución. El ministro Montealegre ha enredado las cosas y ha acomodado el Derecho para favorecer al Gobierno.

Uprimny fue uno de los magistrados auxiliares de Montealegre y dice que su antiguo jefe “en los últimos tiempos ha sostenido, en varias ocasiones, tesis insólitas. Por ejemplo, hace un año argumentó que, con base en el Acuerdo de Paz con las FARC, podría convocarse una Constituyente por decreto, con el cual podría, incluso, prolongarse el periodo presidencial”. Tesis peligrosa si tenemos en cuenta que el propio ministro ha dicho que, si se cae la consulta popular, se recogerían ocho millones de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso como lo establece la Constitución.

El Gobierno sigue fijando la agenda. Aquí se discute lo que el Gobierno diga, no importa si tiene o no la razón. Entre Benedetti y Montealegre manejan los debates, y la oposición es reactiva.