Colombia reconoce su responsabilidad por el asesinato del periodista Jaime Garzón

25 años y 10 meses después de que el periodista y comediante Jaime Garzón Forero fuera asesinado en Bogotá, el Estado colombiano ha admitido su responsabilidad en el crimen. Lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un reconocimiento que pone fin a décadas de silencio institucional. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que representa al país en procesos internacionales, ha señalado en un comunicado que los avances de la investigación durante más de dos décadas han permitido concluir que el plan criminal se ejecutó con la aquiescencia de agentes estatales.

El reconocimiento no solo tiene un valor simbólico, pues abre la puerta a nuevas medidas de reparación para las víctimas. Llega tras 14 años de litigio internacional iniciado por la familia de Garzón y varias organizaciones de derechos humanos ante la Comisión. Durante ese este tiempo, el Estado colombiano se había limitado a reportar los avances que lograba la justicia interna, pero evitaba una admisión formal de responsabilidad internacional. Ahora, lo hace en el marco de un acuerdo con las víctimas y en respuesta a la petición presentada hace más de una década. Además, evita que el caso escale a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se podría haber llegado a una condena contra el Estado Colombiano.

El asesinato de Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, silenció una de las voces más incisivas y libres del periodismo colombiano. Más de dos décadas después, el país sigue regresando a sus videos y frases: entrevistas en las que denunciaba la corrupción, imitaciones de figuras del poder que desnudaban sus abusos y llamados a la paz en medio del conflicto armado. Sus palabras y personajes resurgen cada tanto en los momentos más álgidos del debate político, como recordatorio incómodo del ciclo de la violencia colombiano.

Esa madrugada, mientras se dirigía en su camioneta Cherokee hacia la sede de la cadena radial donde trabajaba, dos sicarios en moto le dispararon cinco veces con un revólver calibre 38 en un cruce de semáforo. Tenía 38 años. Un cuarto de siglo más tarde, el proceso por su asesinato —declarado de lesa humanidad— sigue siendo un rompecabezas inconcluso, con varios expedientes clave aún abiertos.

Aunque la justicia ha condenado al fallecido jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, y al antiguo subdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, todavía hay varios expedientes abiertos con nombres y testimonios que salpican a otros oficiales retirados del ejército y exagentes de los servicios de inteligencia como presuntos coautores. En 2016, la Fiscalía declaró el asesinato como crimen de lesa humanidad, lo que permite mantener abiertas las investigaciones sin que prescriban.

El proceso estuvo marcado por dilaciones, versiones falsas y amenazas a testigos. En su comunicado de este lunes, la Agencia también reconoce “que las vulneraciones y dilaciones en el proceso penal han afectado los derechos de los familiares del señor Garzón, en particular los derechos a la integridad personal y a la verdad”. La investigación avanzó durante mucho tiempo con la versión infundada de que el asesinato había sido ordenado por la guerrilla, mientras funcionarios del antiguo DAS buscaban desviar la atención. Fue solo en 2009, gracias a nuevas declaraciones de exparamilitares, que se consolidó la línea que señalaba al jefe paramilitar Carlos Castaño y a integrantes de organismos de seguridad del Estado. Uno de los testigos clave, el paramilitar Francisco Villalba, que implicó a altos mandos militares y a funcionarios del DAS en el caso Garzón, fue asesinado ese mismo año. En los años previos, había denunciado amenazas por sus declaraciones en este y en otros procesos judiciales.

El emblemático caso del asesinato no es indiferente para el presidente Gustavo Petro. En agosto pasado, cuando se conmemoraron los 25 años del crimen, lo recordó en X. “En su nombre hice el primer debate del DAS, que descubrió los autores intelectuales de su crimen”, afirmó, y aseguró que “en Colombia no se puede seguir usando la violencia para callar la diferencia”. Su cercanía con la familia ha sido tal, que en junio de 2023, designó a Marisol Garzón, hermana del asesinado periodista y el rostro más visible de la lucha de su hermano, como cónsul en Cancún (México). Sin embargo, el Consejo de Estado anuló el nombramiento en 2024, al concluir que no cumplía con los requisitos legales, dado que había funcionarios de carrera diplomática disponibles para asumirlo y que no fueron tenidos en cuenta en la elección.