La Iglesia católica colombiana cuestiona el fallo que la obliga a desclasificar los archivos de los casos de pederastia

La Iglesia católica colombiana ha tomado una posición defensiva. Un fallo de la Corte Constitucional, que le ordena desclasificar la información de la que dispone sobre los casos de pederastia en el país, ha sacudido los cimientos de la institución. La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), el órgano administrativo de los obispos, manifestó la semana pasada su desacuerdo con la decisión de los magistrados y alegó que hay una “mala fe” contra los sacerdotes. La postura de varias personalidades de la Iglesia abren el interrogante sobre si, llegado el momento, acatarán la orden.

Figuras como el vicepresidente de la CEC, Gabriel Ángel Villa, ya han manifestado su desacuerdo con la sentencia. Villa, arzobispo de Tunja, expuso durante una homilía el pasado domingo su “preocupación con lo que han decidido algunos miembros de la Corte Constitucional para satisfacer a dos periodistas”. El religioso interpreta que, de acuerdo con la decisión de los magistrados, “todos los ministros de la Iglesia católica” son culpables “a priori”. “¿En qué país del mundo aplica esta absurdidad jurídica?”, cuestionó. Y agregó: “Estamos hablando de un sesgo y de la consolidación de un estereotipo, como quien dice que el sacerdote católico es un delincuente no por lo que haya hecho o dicho, sino por el hecho de ser sacerdote”.

Barrientos, que inició hace siete años una investigación periodística sobre los casos de pederastia en la Iglesia, reaccionó a estas declaraciones: “Esta homilía de Gabriel Ángel Villa es muy preocupante y está llena de mentiras. La Corte no puede permitir que desobedezcan sus órdenes”, dijo en X. El periodista ya había manifestado en una conversación con este diario que no vacilaría al interponer incidentes de desacato contra cualquier sacerdote que no responda a sus solicitudes. “Así como se ordena el arresto de cualquier civil, incumplir con la orden del máximo tribunal colombiano tendrá consecuencias”, advirtió entonces.

La semana pasada, la CEC había señalado en un escueto comunicado que “la transparencia y el acceso a la información son fundamentales, siempre en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad religiosa, la legalidad, la honra, la no discriminación, la no generación de estereotipos y la presunción de inocencia”. La entidad respaldó su postura en los dos votos contrarios al fallo emitido un día anterior para argumentar que la orden de la Corte “se funda en una presunción generalizada de mala fe”. Una vez sea pública la sentencia (hasta el momento solo se ha divulgado el comunicado de prensa), agrega, “se estudiará con atención”.

El tribunal le dio la razón la semana pasada a dos periodistas que interpusieron decenas de tutelas contra varias arquidiócesis, diócesis y comunidades religiosas en todo el país para que les fueran entregados en su totalidad los archivos relativos a los sacerdotes o clérigos que han ejercido labores pastorales con el fin de llevar a cabo su investigación sobre los casos de abuso sexual infantil en esta institución.

Según denunciaron los comunicadores Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, la Iglesia solo les entregó el 13% de los datos que solicitaron durante varios años, para así impedir su trabajo. Con la información recabada, los periodistas ya han revelado los nombres de más de 600 sacerdotes con acusaciones de pederastia. Con los archivos restantes, esperan desvelar hasta 5.000 nombres más.

La protección a los menores prevalece

En el comunicado de prensa difundido por la Corte, los magistrados dejan claro que la información sobre la trayectoria de los sacerdotes adscritos a la Iglesia no está “en prima facie [a primera vista] relacionada con casos de violencia sexual contra menores de edad”, como alega el arzobispo Villa. Sin embargo, estos datos adquieren “una especial relevancia para la sociedad” cuando prevalecen derechos de una protección superior, como lo son los de los niños.

“La restricción que se impone a los responsables del tratamiento de datos, de revelar la información sin la autorización de su titular, cede ante la finalidad que se pretende con el ejercicio de los derechos de petición y de acceso a la información para la actividad periodística”, explican los jueces.

El debate se ha exacerbado en las redes sociales. Jonathan Marín, un sacerdote jesuita, ha cuestionado este miércoles si el fallo no es “desproporcionado”. “La lucha contra el abuso en todas sus formas no se gana con estigmas colectivos, sino con verdad, justicia y debido proceso”, ha declarado en X. En respuesta, el periodista Estupiñán ha alegado que opiniones como esta “aclimatan entre los católicos la idea de que es válido desacatar una orden” judicial.

El comunicado de la CEC y las declaraciones del arzobispo Villa coinciden en “su compromiso de solidaridad con las víctimas” de la pederastia, aunque durante años la institución se haya amparado en el secreto pontificio para, según afirman los periodistas, encubrir a cientos de sacerdotes.

Si conoce algún caso de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusosamerica@elpais.es. Si es un caso en España, escríbanos a abusos@elpais.es.