El alcalde de Bogotá denuncia penalmente por bloqueo de vías al líder de la principal central obrera de Colombia

Las protestas en apoyo a las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro, llevadas a cabo el miércoles y el jueves, han derivado en un enfrentamiento entre el Alcalde de Bogotá y el líder de la principal central obrera de Colombia. Carlos Fernando Galán ha anunciado en la noche del jueves que denunciará ante la justicia al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, por haber reconocido que el bloqueo de vías y estaciones de transporte fue parte de las movilizaciones. “Convocaron bloqueos para joder a la gente. Eso no es proporcional y no está protegido por el derecho a la protesta”, ha justificado este viernes el político en declaraciones radiales.

La tensión estuvo presente desde el primer momento de las protestas, convocadas por las centrales obreras como parte de un paro nacional. Los organizadores contemplaron el bloqueo de los puntos de acceso a la capital y de puntos neurálgicos de su sistema de transporte masivo, Transmilenio, como una parte integral de sus actividades para apoyar al Gobierno nacional. La marcha central en Bogotá tuvo poca concurrencia, y argumentaron que se debía a que se complementaba con las actividades para impedir que las personas llegaran a sus trabajos en distintos sitios de la ciudad. El alcalde, elegido en 2023 sobre un candidato gobiernista y otro opositor, mostró su rechazo desde la primera noche: “Hubo una marcha [en el centro] que no tuvo mayor afectación y se desarrolló con tranquilidad. Pero, eso sí, desde muy temprano hubo grupos en varios puntos de Bogotá que no se dedicaron a protestar, sino a afectar los derechos de los ciudadanos”.

El detonante de la demanda fue que el presidente de la CUT reconociera en la tarde del jueves, en un discurso de cierre en la Plaza de Bolívar, que los bloqueos habían sido una parte importante de la convocatoria. “Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos”, celebró. Según explicó, estas afectaciones se debieron a las actividades que “diversos compañeros en diversas localidades” lograron realizar “bloqueando el transporte masivo de Transmilenio”. Las palabras quedaron registradas en video y produjeron indignación en algunos usuarios de redes sociales. El alcalde aseguró por la noche que eran la prueba de la presunta responsabilidad de Arias en un delito y que lo llevaría a la justicia. “Confiesa claramente y abiertamente que los bloqueos no fueron una acción aislada, sino una acción deliberada de quienes convocaron el paro”, declaró en X.

La justificación del mandatario es que los bloqueos violan el artículo 353 del código penal colombiano, que establece que quienes utilicen medios ilícitos para imposibilitar la circulación de personas podrán enfrentar penas de prisión de entre cuatro y ocho años. Galán diferenció entre la marcha central en Bogotá, con unas 4.000 personas, y los bloqueos que unas pocas decenas llevaron a cabo en los ingresos de la ciudad. Para él, el primer caso representa un ejercicio legítimo del derecho a la protesta, mientras que los otros implican una afectación desproporcionada a los derechos de los ciudadanos que no participan de las movilizaciones. “El miércoles marcharon a la Plaza de Bolívar y se bloqueó la Séptima. Y es normal y hay que respetarlo. Pero otra cosa es que se convoque a las cinco de la mañana a bloquear la operación del sistema de transporte [en lugares donde no se está marchando]”, justificó en Blu Radio.

Arias le respondió que los bloqueos son “una modalidad de protesta social” que contemplan los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una relatoría que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró en 2021. Defendió en W Radio que las actividades del miércoles y el jueves en ningún momento pusieron en riesgo la vida de terceros, que es el límite que él considera que existe para el derecho a la protesta. “Dejamos pasar a las ambulancias porque somos considerados con eso”, subrayó. “Los bloqueos fueron temporales, ninguno fue permanente”, añadió.

En 2021, la CIDH visitó a Colombia durante el fuerte estallido social. En sus conclusiones, explicó que la sociedad debe soportar cierto grado de incomodidad por cuenta de la protesta, hasta un nivel que depende de las circunstancias específicas: “La CIDH recuerda que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. Para la Comisión, el ‘grado de tolerancia’ adecuado no puede definirse en abstracto y por lo tanto corresponde al Estado examinar las circunstancias particulares de cada caso”.

Los seguidores del presidente Petro, quien mantiene relaciones difíciles con Galán, respaldaron al líder de la CUT. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acusó al alcalde capitalino de perseguir al movimiento sindical, mientras que el congresista petrista Alirio Uribe lo definió como “autoritario”. También recibió el apoyo de personalidades críticas del Gobierno, como la académica Sandra Borda, que fue funcionaria de Galán. “Ojalá no vayamos a empezar a andar el camino de criminalizar la protesta de esta forma. El vandalismo es delito, pero a eso no se convocó”, dijo en X. La derecha capitalina, en tanto, celebró al alcalde. El concejal Daniel Briceño, del uribista Centro Democrático, aseguró que el mandatario puede contar con el respaldo de su espacio. “Millones de ciudadanos fueron afectados por los ilegales bloqueos de Transmilenio y eso debe tener una seria consecuencia legal”, comentó.