Antonio Sanguino: “Colombia va a necesitar una segunda ola de reformas que le dé profundidad al cambio”

Antonio Sanguino (Ocaña, Norte de Santander, 59 años) niega que su nombramiento como ministro de Trabajo, a 18 meses de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, sea el resultado de una negociación política con proyección a las elecciones nacionales de 2026. Sin embargo, reconoce el interés del ala gobiernista de su partido, la Alianza Verde, por respaldar la continuidad del proyecto petrista. “Aspiro a acompañar al presidente en este Ministerio en lo que resta del Gobierno”, afirma en entrevista con EL PAÍS. Pocas horas después de asumir el cargo, 6 de los 23 congresistas verdes solicitaron formalmente la escisión del partido. Rechazan que un copartidario sea ministro.

Sanguino, un sociólogo activo en la política desde hace más de tres décadas, fue un líder estudiantil en Valledupar (Cesar) y militó en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como agitador. Llegó al Concejo de Bogotá por el Polo Democrático en 2007 y fue reelegido en 2012 ya como integrante del Partido Verde. En 2018, logró un escaño en el Senado de la República y entre 2022 y 2023 se desempeñó como jefe de gabinete de Claudia López, entonces alcaldesa de Bogotá. La política, que celebró en 2022 la victoria de Petro, se perfila como una de las rivales de su proyecto en las próximas presidenciales.

El de Sanguino fue el primer nombramiento oficial que anunció el mandatario de izquierdas tras la reciente crisis de gabinete. “Se echa sobre sí la responsabilidad de implementar la reforma pensional y sacar adelante, para la dignidad de las y los trabajadores colombianos, la reforma laboral”, dijo el presidente sobre los principales retos del nuevo ministro.

Pregunta. Un grupo de congresistas, encabezado por la senadora Angélica Lozano, acaba de solicitar la escisión del Partido Verde tras su llegada al Gabinete ¿Cómo recibe ese anuncio?

Respuesta. Pareciera que lo hubiesen hecho como respuesta a mi posesión y así recibo el mensaje, pero se venía planteando desde hace meses, poco después de la posesión del presidente Gustavo Petro, por un grupo de congresistas que se han convertido en fuertes opositores del Gobierno, a veces en un tono más duro que el de la derecha y el del uribismo. Respeto esa decisión, pero hay que recordar que la Alianza Verde, que represento en el gabinete, desde el primer día tomó la decisión de declararse partido de gobierno. Le corresponde a la dirección nacional del partido darle trámite a esa solicitud.

P. En esa petición de escisión, argumentan que su sector busca la reelección del proyecto de Petro “asumiendo ministerios y entidades”. ¿Existen acuerdos detrás de su nombramiento?

R. Lo que puedo decir, porque no puedo participar en política electoral, es que quienes acompañamos al Gobierno tenemos el interés de que continúe en 2026. El país va a necesitar una segunda ola de reformas que le dé profundidad al cambio que ha inaugurado el presidente Petro. Ya luego vendrán las decisiones políticas que correspondan con ese propósito, asuntos de la mecánica político-electoral que les corresponderán a los parlamentarios, a los dirigentes y a la dirección nacional del partido. Yo no voy a poder hacer parte de esa decisión porque aspiro a estar en lo que resta del Gobierno acompañando al presidente en este ministerio.

P. Se ha especulado sobre el rol que habría jugado el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en su llegada al gabinete y en la visión para 2026…

R. Mi llegada a este equipo de Gobierno no obedece a una consideración electoral para 2026, aunque pueda tener esas implicaciones. No viene de una negociación electoral sino de una decisión del presidente. Desde finales del año pasado, venía, por lo que sé, rumiando la idea de que había que recomponer el gabinete y la coalición de Gobierno con fuerzas políticas afines, dispuestas a respaldar o a seguir respaldando las reformas que se están tramitando en el Congreso y que el Plan Nacional de Desarrollo se cumpla cabalmente. Esa es la motivación principal de mi llegada al Gobierno. El presidente, directamente, entabló una serie de conversaciones con el partido. Seguramente habló con Amaya, pero sobre todo habló con los parlamentarios. Luego, creo que el mismo fin de semana que viajó al Medio Oriente, tomó la decisión y me ofreció acompañarlo en este ministerio. Lo hizo por nuestra relación personal, pero sobre todo por su decisión política de facilitar la presencia del partido Verde en el Gobierno.

P. ¿Cómo queda su relación con la futura candidata a la presidencia, Claudia López?

R. Tenemos una relación cordial, la aprecio, la respeto mucho como líder, como una servidora pública de mucha valía. Pero ella está en un lugar de la política que no es el que yo quiero ocupar. Tenemos esa diferencia desde que inició el Gobierno del presidente Petro. Yo estoy hoy más cerca del presidente y de lo que representa su agenda.

P. El Partido Verde nació con la lucha contra la corrupción como una de sus banderas. ¿Qué opina de casos como el de la UNGRD [que salpica a Carlos Ramón González, cofundador del partido] en el Gobierno que ha prometido el cambio?

R. La lucha contra la corrupción tiene que ser una línea roja y un inamovible de este Gobierno y de cualquier propuesta de cambio. Han ocurrido hechos de corrupción desafortunados, lamentables, incluso denunciados por el propio presidente. Es una batalla diaria, no hay que cerrar los ojos.

P. ¿No es contradictorio con esos principios anticorrupción aceptar que Armando Benedetti, cuestionado y llamado a juicio, sea el jefe de despacho de la Casa de Nariño?

R. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea. Mi relación es directamente con el presidente, y así ha sido desde el momento en que me invitó a acompañarlo. Frente a hechos de corrupción que ocurran en el Gobierno, o que sean de conocimiento nuestro, vamos a actuar como se debe para proteger el interés público y garantizar que el cambio que le hemos propuesto al país sea con los más altos estándares éticos.

P. ¿Cómo puede afectar su gestión la investigación que le adelanta la Fiscalía por presunto tráfico de influencias? Le señalan de pedir un nombramiento en un hospital y de participar en reuniones en las que se pactaron coimas con un contratista

R. He reiterado mi inocencia. Es una investigación sobre hechos ocurridos hace 17 años, que fue archivada por la Procuraduría hace varios años. En opinión de mis abogados está prescrita, por lo que están adelantando las acciones jurídicas para su archivo.

P. Tiene el desafío de sacar adelante dos de las tres reformas sociales claves del Gobierno en poco tiempo. A la laboral le restan los dos debates en el Senado sin unas mayorías aseguradas…

R. Defenderemos lo que se acordó en la Cámara de Representantes. En líneas gruesas ya hay un acuerdo muy avanzado y muchas de las propuestas de los empresarios han sido incorporadas. Si logramos una concertación, construimos un respaldo mayoritario. Lo aspiramos a hacer no solo en el debate parlamentario sino en las audiencias que se están realizando, de tal suerte que esta reforma laboral, una de las reformas más importantes en las últimas décadas en Colombia, permita que el país actualice sus normas y se acerque a los estándares internacionales de la OIT y de la OCDE en materia de trabajo digno y decente.

P. ¿Hay plan B del gobierno si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional por vicios de trámite? Es la única que ha aprobado el Congreso hasta ahora…

R. Esperamos que la Corte, de una manera responsable y coherente con la definición del Estado Social de Derecho de la Constitución del 91, que significa el derecho a una pensión digna para nuestros adultos mayores y para nuestros trabajadores cuando han llegado a su edad de pensión, valide esta ley. Estamos convencidos de su trámite correcto en el Congreso de la República.

P. Si la Corte no da vía libre, ¿cuál será la estrategia?

R. Lo tendríamos que conversar con el presidente, pero, en todo caso, la propia ley establece unos términos para su reglamentación y puesta en marcha, que no dependen de los tiempos de la Corte. Mientras ella discute, avanzamos a toda marcha en la implementación.

P. ¿Cómo está avanzando el cambio al modelo de pilares?

R. Las disposiciones financieras para cumplir con la reforma están garantizadas desde el Ministerio de Hacienda, eso es lo primero. En esta etapa de reglamentación se han expedido ya dos decretos. Un tercero y más robusto, que está escrito, establece cómo funcionará el nuevo sistema y cómo es el régimen de transición. Los ciudadanos pueden dejar sus observaciones hasta el 2 de marzo. Una vez se recojan e incorporen, se expedirá inmediatamente el decreto. Otro más, a cargo del Ministerio de Hacienda, precisa el papel del Banco de la República como administrador del fondo de ahorro del pilar contributivo [administrará los recursos adicionales que se recibirán por las cotizaciones al sistema público]. Estamos acelerando estas disposiciones porque el 1 de julio inicia la implementación del nuevo sistema pensional.

P. Usted llega en la recta final del Gobierno ¿Qué quisiera lograr en estos 18 meses que restan?

R. Llego arrancando en el segundo tiempo del partido. La tarea política que el presidente nos ha encomendado es lograr cambiar las reglas de juego laborales en una perspectiva de trabajo digno y decente. Lo vamos a lograr con la reforma, que será de aplicación inmediata, y la puesta en funcionamiento de la pensional. Yo estaría un año garantizando que el nuevo sistema sea una realidad. Será un legado de una trascendencia gigantesca.