El abogado de Petro y Uribe o la exmagistrada sorpresa: el Senado llena un cupo clave en la Corte Constitucional

“Dinero fluyó para que miembros del Senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir. Ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general”, dijo el presidente Gustavo Petro la semana pasada, luego de que el Legislativo rechazara su propuesta de convocar a una consulta popular. El choque entre poderes que ha sacudido a Colombia, con un jefe de Estado señalando al presidente del Congreso y a otros legisladores de cometer un fraude, y estos señalando a Petro de abuso de poder, puede quedar atrás este martes. El mismo Senado debe elegir al reemplazo de Cristina Pardo en la Corte Constitucional, a partir de una terna elaborada por el propio presidente. El más opcionado, y el favorito del presidente, es Héctor Carvajal, quien también es cercano al expresidente Álvaro Uribe, cabeza del principal partido opositor. De elegirlo, el Senado podría rebajar la tensión con el mandatario, una opción que es a la vez la mayor fuerza y la mayor debilidad de esa aspiración.

Carvajal, un jurista de 67 años que es experto en asuntos electorales, conoce a Petro desde 2012. En ese entonces lo asesoró para enfrentar la destitución que emitió la Procuraduría cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá por modificar el esquema de recolección de basuras en la ciudad. La sanción fue anulada en 2017 por el Consejo de Estado, mientras que la relación entre cliente y experto se convirtió en una amistad personal. Una tan estrecha que, según explicó el abogado a este periódico en 2023, se habla casi todos los días con Petro, un privilegio enorme cuando el presidente es famoso por pasar semanas sin charlar con algunos de sus ministros.

Es una relación que mantiene un pie en lo jurídico —Carvajal defendió a Petro en la investigación que abrió el Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022 —y otra en lo político. Tanto así que Carvajal logró sentar al presidente en una mesa con quien por décadas fuera su némesis política, Uribe, de quien es cercano tras haber defendido a sus hijos. Con esos padrinos y esos antecedentes, Carvajal sonó como candidato de Petro a la Fiscalía, estuvo en su lista de aspirantes a la Procuraduría y eventualmente terminó en la terna a la Corte Constitucional.

En abril, cuando Petro presentó al Senado a Carvajal y a las abogadas Dídima Rico y Karena Caselles, el primero parecía indestronable. Estaba apadrinado por Petro en el oficialismo y por Uribe en la oposición; había sido abogado de políticos como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero o el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y era amigo de otros como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Además, gozaba del respeto de magistrados de la Corte Suprema o el Consejo de Estado, que lo han elegido como juez sustituto o conjuez. Pese a que ni el Gobierno ni la oposición tienen mayoría fija en el Senado, la combinación de apoyos es potente.

En las cuatro semanas largas que han pasado, sin embargo, lo que parecía obvio ha perdido el aura de profecía. Carvajal sigue siendo el candidato más sonado, el que prefieren muchos congresistas, pero Caselles ha surgido como opción. A diferencia de Carvajal, no es vista como candidata de la entraña del presidente, lo que le da viabilidad en la oposición y entre los independientes. Además, en su hoja de vida consta su paso por la Corte Constitucional como magistrada auxiliar, una trayectoria especializada en asuntos constitucionales de la que carece Carvajal, y tiene más solidez académica. Por último, para muchas voces es importante mantener la paridad de género en la Corte, que ha gozado recientemente de tener cuatro o cinco mujeres entre sus nueve magistrados. Si Carvajal reemplaza a Pardo, se rompería ese equilibrio.

El abogado enfrenta otra dificultad: la edad de retiro forzoso de los funcionarios, que es de 70 años —Carvajal está a poco más de tres años de llegar a ese límite―. Los magistrados de la Corte tienen un periodo de ocho años, y para los senadores es relevante que quien elija pueda cumplir el período completo. Si sale antes, han perdido un potencial aliado en un tribunal de enorme poder. Eso ha puesto a dudar incluso a senadores del partido oficialista Pacto Histórico, que señalan que un reemplazo de Carvajal en tres años vendría de la terna de un presidente que puede ser de otra corriente política. En suma, que es mejor que la Corte tanga hasta 2033 una magistrada de corte progresista como Caselles, a que tenga un amigo de Petro pero solo hasta 2028.

Ante ello, Carvajal ha entregado a los legisladores una argumentación jurídica sin firma que señala que ese tope no aplica para el cargo de magistrado. Pero eso se ha convertido en un bumerán: el constitucionalista Rodrigo Uprimny, una de las voces más reputadas en Colombia en esos asuntos, ha señalado que el concepto es rematadamente errado. ”Que un aspirante a la Corte Constitucional sostenga esa tesis para poder ser elegido por ocho años, a pesar de estar a cuatro de la edad de retiro forzoso, muestra que esa persona no debería ser electa para ese cargo", se lee en una columna del profesor de la Universidad Nacional publicada en La Silla Vacía.

Más que ese debate de abogados, lo que muestra la existencia del concepto es que la duda está presente en el Senado. Que las bancadas no hayan definido todavía su voto —excepto La U, que tempranamente se decantó por Carvajal— muestra que la elección no está cantada, y que solo se resolverá este martes en la tarde, cuando está prevista la elección. Pero antes ocurrirá la primera gran votación en una plenaria tras la polémica del hundimiento de la consulta popular de Petro: el Senado debe elegir sus dos vicepresidentes, pues el Consejo de Estado anuló la semana pasada la designación de los dos que había. Con la tensión a tope, el abogado de Petro y de Uribe enfrenta una elección más incierta de lo que parecía.