Un feminicidio en la Universidad del Valle reabre el debate sobre la violencia machista en la educación superior

La comunidad estudiantil de la Universidad del Valle, la más importante del suroccidente colombiano, anunció cese de actividades indefinido y se declaró en emergencia por violencia de género. Esta decisión se tomó en una asamblea el jueves tras el feminicidio registrado en el campus el pasado 8 de mayo, cuando Sirley López y María José Barrero, dos estudiantes, fueron heridas luego de que un exalumno abriera fuego contra una de ellas al interior del campus. Días después del ataque, López murió, y Barrero sigue hospitalizada. La comunidad de otras instituciones del país se han unido esta semana a la exigencia de justicia y también han declarado emergencia por violencia de género.

Sirley Vanessa López era estudiante de octavo semestre de Licenciatura en Literatura y María José Barrero, de Contaduría. Aunque familiares de la López han aclarado que no eran amigas, a ambas las mató la violencia machista que permitió que Bryan Tovar – quien se presume era la expareja de Barrero– ingresara armado a la sede de Palmira, un municipio a una hora de la capital, de la Univalle. Tras el crimen, el victimario se suicidó, y la institución de educación superior emitió un comunicado donde rechazan los hechos y declaró una semana de duelo.

Para la comunidad estudiantil el actuar de la Universidad no ha sido contundente y por ello decidieron entrar en paro, convocar asambleas y ejercer diferentes acciones directas en los campus. El lunes, luego del fallecimiento oficial de López, varios de sus compañeros convocaron manifestaciones y vandalizaron la rectoría de la Universidad. “Justicia para Sirley” se puede leer en varias de las pintas que quedaron luego de la jornada de protestas. En Bogotá, colectivos feministas y comunidad de la Universidad Nacional hicieron lo propio deteniendo el tráfico por la carrera treinta en el marco de una velatón. Lo mismo ocurrió en Ibagué, en la Universidad del Tolima.

“Duele mucho que todo esto esté sucediendo porque la Universidad es como nuestra casa. Por eso hemos salido a la calle, como feministas hemos hecho lo posible para que las manifestaciones se mantengan y estas problemáticas sean escuchadas”, dice Luciana Ortega, delegada del comité estudiantil regional de derechos humanos, e integrante de la colectiva feminista ultravioleta. “No existe un sentimiento de seguridad y no tiene que ver con las personas externas que pueden entrar y ejercer una violencia contra mí, sino que es una violencia que incluso puede venir en cualquier momento de las personas de la comunidad universitaria”, añade.

En asamblea, el estudiantado construyó un pliego de exigencias. Entre ellos, reclaman una política de género con presupuesto y capacidad de reparación integral en la que se cuente con la experiencia de las colectivas feministas y disidencias de género de la universidad; protocolos claros que protejan a las víctimas y que eviten que estas sean revictimizadas por procesos burocráticos; acompañamiento psicosocial permanente y no condicionado a denuncias formales; formación obligatoria en género, violencias y justicia feminista no solo para los alumnos sino también directivos, docentes, personal administrativo; y un cambio cultural institucional que rompa con el pacto de silencio, esto con la final de que combata la normalización de la violencia que, según el pliego, “por años ha normalizado la violencia, protegido a agresores y silenciado a las víctimas” al interior de la Univalle.

En paralelo, Michel Fernando Múñoz, novio de la víctima mortal, escribió una carta que se difundió por redes sociales. “Hago un llamado sincero y urgente a la solidaridad, a la unión y a la resistencia consciente. No podemos ser indiferentes al dolor que se ha sembrado en nuestras vidas ni al temor que ahora recorre los pasillos. La magnitud de lo ocurrido nos obliga a alzar la voz, a mirarnos a los ojos y decirnos: esto no se va a quedar así”, escribió el joven.

Lo sucedido en Univalle sigue el patrón que se ha alertado en otros campus, como el de la Universidad de Antioquia, donde el año pasado denunciaron una grave crisis por violencia de género y el colapso de la ruta para atender cientos de estos casos.