El choque intestino por la SAE se intensifica con nuevas denuncias por acoso laboral

Al interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrar los bienes confiscados al crimen organizado en Colombia, se libra una disputa política interna entre Amelia Pérez, la presidenta de la entidad y a quien el presidente candidatizó a la Fiscalía, y su antecesor, Daniel Rojas, actual ministro de Educación. La confrontación entre dos personas de confianza del presidente Gustavo Petro se hizo pública cuando se conoció que una persona señalada de ser emisaria de Diego Marín, el zar del contrabando conocido como Papá Pitufo, sumaba 18 ingresos a las oficinas de la entidad, todas entre junio de 2023 y septiembre de 2024. Rojas, entonces director de la SAE, ha acusado a su sucesora de filtrar la información y de “volver a las prácticas del gobierno Duque”, en referencia a la Administración conservadora ubicada en las antípodas del actual Gobierno.

La polémica comenzó a gestarse en 2022. Petro, entonces aspirante a la presidencia, se enteró de una donación de 500 millones de pesos (aproximadamente 115.000 dólares) de Marín a su campaña y pidió devolverla. El presidente, quien como candidato alertó sobre intentos de infiltración en su campaña, reveló esa información a inicios de 2025, y con ello generó un nuevo escándalo. La SAE apareció en él por cuenta de las visitas de César Valencia quien, según el diario El Tiempo, es un aliado cercano al contrabandista y participó activamente en la campaña de Petro en la ciudad de Cali.

Rojas, quien dejó la SAE en julio de 2024 para asumir como ministro, ha indicado que desconocía esas visitas. Dijo que fueron autorizadas por Sebastián Caballero, su vicepresidente y actual asesor, y que Valencia asistió en calidad de funcionario de la Contraloría General. “No llegué hasta el detalle de qué fue a hacer, y ninguna autoridad me ha pedido explicar esas entradas”, afirma.

Pérez llegó a dirigir la Sociedad de Activos Especiales en diciembre pasado. Aunque la abogada ha mantenido silencio en público sobre las acusaciones a su antecesor, sus decisiones han reflejado las tensiones. En marzo de 2025, durante la asamblea ordinaria de la entidad, propuso y obtuvo la aprobación para remover a Caballero de la junta directiva de Narcobien, la filial encargada de gestionar los bienes incautados. Según la penalista, la decisión fue tomada para “prevenir eventuales riesgos reputacionales”. Se refiere a las imágenes, conocidas en las últimas semanas, del entonces presidente de la SAE junto a la modelo Daniela Toloza en el congreso Expovinos 2024. Toloza es la pareja de Valencia y embajadora de la Casa Grajales, una empresa administrada por la SAE.

Las tensiones también se han hecho sentir dentro de la entidad. Los sindicatos han acusado a Pérez de despedir de manera masiva e injustificada a al menos 56 empleados que venían de la administración de Rojas. Alegan que si bien las desvinculaciones fueron por supuestos “ajustes presupuestales” y “falta de idoneidad”, la mayoría de las personas despedidas eran técnicos, tecnólogos y personal de servicios generales, y solo dos ocupaban altos cargos profesionales.

También han denunciado un incremento en las denuncias por acoso laboral desde la llegada de Pérez: en los primeros cuatro meses de su administración, los casos se triplicaron. Este diario habló con nueve empleados de diferentes dependencias en Bogotá y Medellín, que han manifestado que quienes vienen de la administración anterior son constantemente tildados de “corruptos y mentirosos” por los nuevos directivos. Cinco de estos casos están siendo investigados por la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo.

Una de las denuncias más recientes fue presentada el 25 de marzo ante el comité de convivencia laboral y las autoridades de control contra Diego Chávez Prieto, el director comercial de la SAE, quien según las quejas de tres funcionarias de su dependencia, las maltrató y modificó injustificadamente sus funciones. Una de ellas, economista, que completaba en la entidad dos años y tres meses, fungía como una de las encargadas de articular el trabajo entre la SAE y la Agencia Nacional de Tierras para la compra y formalización de predios de la reforma agraria. “Cuando él llegó a la entidad, me dejó solo revisándole los memorandos que le llegaban al correo y me mandaba a comprarle el almuerzo”, cuenta.

Según ella, cuando la entidad empezó a pedir resultados en esa dependencia, la recargó de trabajo. “Después me recargó de trabajo. Tenía hasta tres reuniones al mismo tiempo. Cuando le dije que no podía estar pendiente de las tres, me contestó que no me quejara”. Ella renunció a la entidad el 14 de febrero pasado, alegando afectaciones a su salud mental.

Otra denunciante, directiva de la misma dependencia y quien llevaba siete años al frente de la SAE [desde el Gobierno de Juan Manuel Santos], suma que, cuando llegó Chávez a la dirección comercial, lo primero que ordenó fue dejarla sin equipo. “Yo tenía nueve personas a mi cargo para cumplir con las metas, y lo primero que hizo fue sacarlos a ellos y decirme que me apoyara en personas de otra dependencia, que claramente no podían responder”, señala. En febrero, en una reunión a la que asistió como directiva, dice que la mandó a callar. “Cuando iba a hablar en el comité me dijo: ‘cállate, en las reuniones mejor no opines’”, relata. Un mes después, fue despedida de la entidad sin justa causa.

Una tercera funcionaria, que aún permanece en la entidad, relata que Chávez le gritó públicamente, y por ello lo ha denunciado por acoso laboral. “Un día me alzó la voz, me abrió los ojos y me gritó en frente de todo el mundo que quién era mi jefe”, señala. Las tres mujeres acudieron a la psicóloga de la SAE para documentar sus casos y comenzar el protocolo de denuncia interna.

Consultado por este diario, Chávez dijo que las denuncias le toman por sorpresa porque, hasta ahora, no ha sido notificado de ningún proceso en su contra. La oficina de prensa de esta entidad se negó a dar el número de procesos de acoso laboral abiertos en esta administración y anteriores, pero contestó que “el comité de convivencia laboral estuvo en contingencia este mes atendiendo un número significativo de casos dejados de resolver de los años 2022 y 2023, así como las del último trimestre, estas últimas objeto de consulta por parte de su medio”.

Otro caso involucra a Mery Janneth Gutiérrez, una de las asesoras de Pérez y quien estuvo a punto de ser ministra de TIC de Petro en 2023. Helen Benítez, funcionaria y sindicalista, ha denunciado en nombre de la seccional de Antioquia que Gutiérrez hizo comentarios despectivos sobre los trabajadores de la administración anterior. En varias ocasiones les calificó de “mentirosos”, “corruptos” e “incompetentes”, alega. Benítez también sostiene que han sido varios los momentos en que se les señala de incompetentes. “Nos ha dicho mentirosos, que los técnicos en terreno no sabemos los procedimientos, que somos corruptos”, afirma. Otro funcionario de la misma seccional, dice que a las cuatro personas que han denunciado acoso laboral en la SAE de Antioquia, los han apartado de sus funciones y los mandan a teletrabajo. Al consultar a la entidad, desde la oficina asesora de Pérez contestaron que el comité de convivencia es el responsable de tramitar esas quejas. “Los miembros de este comité están obligados a garantizar la confidencialidad y el respeto por los derechos fundamentales de quienes acuden a dicha instancia”.

Además de las denuncias de acoso, la SAE y sus sindicatos están trenzados a una disputa por asuntos laborales. Los trabajadores han presentado un pliego de peticiones que la administración de Pérez ha negado, argumentando que aprobarlos implicaría un gasto anual adicional superior a 30.000 millones de pesos. Por su parte, el sindicato ha advertido que toda la crisis ha paralizado los procesos de entrega de bienes a las víctimas, un objetivo clave para este Gobierno. El sindicato SIPTRASAE está evaluando si convoca a un tribunal de arbitramento o incluso convoca una huelga. El conflicto laboral tensiona aún más la situación, más en un de Gobierno de izquierdas. Por ahora, la pelea no amaina.