Un grupo de migrantes venezolanos atrapados en Miami: “Queremos irnos de Estados Unidos y no podemos”

Quieren irse, pero no pueden. Es la paradoja que asfixia a un grupo de venezolanos, entre ellos varios niños y bebés, que permanecen atrapados en Miami tras un intento fallido de abandonar Estados Unidos por voluntad propia. Quieren “autodeportarse”: hicieron las maletas, compraron sus billetes y se presentaron en el aeropuerto para salir. Y aun así, no pudieron subir al avión. Al llegar al aeropuerto, sus documentos de viaje no fueron reconocidos como válidos y las aerolíneas les negaron el embarque. Lo que parecía el último tramo del camino se convirtió en “una pesadilla”.

Esta negativa es el síntoma de un problema estructural que afecta a cientos de venezolanos en territorio estadounidense: la imposibilidad de obtener o renovar los documentos necesarios para salir del país. El motivo es tan simple como kafkiano: Venezuela no tiene consulados operativos en Estados Unidos, lo que deja a sus ciudadanos sin vía legal para gestionar pasaportes o salvoconductos desde suelo estadounidense.

El grupo atrapado en Miami hizo escala en la ciudad del sur de Florida desde distintos puntos del país con la intención de regresar definitivamente a Venezuela. Algunos de ellos ya no tienen documentos legales, o están a punto de vencer, mientras otros temen perder el estatus ante la presión por las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

Entre ellas, la medida más drástica para la comunidad venezolana en EE UU ha sido el anuncio de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una decisión que, tras superar diversos frenos judiciales a finales de 2025, amenaza con dejar a cientos de miles sin permisos de trabajo y bajo riesgo de deportación antes de que acabe este año. A esto se suma la cancelación definitiva del programa del parole humanitario (CHNV) en abril de 2025, lo que cerró la principal puerta de entrada legal y segura que había permitido la llegada de más de medio millón de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua en años anteriores.

Además, se ha priorizado una campaña de deportaciones masivas que, a pesar de que se promociona lo contrario, no distingue entre personas con antecedentes penales y aquellas que no cuentan con historial criminal en el país. Estas políticas han dejado a la diáspora venezolana en una situación de vulnerabilidad jurídica sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Un “limbo” sin salida

Entre los venezolanos que intentaron autodeportarse está Yelitza Pérez, de 29 años. Tras cuatro años viviendo en EE UU, viajó a Miami desde Misuri convencida de que este sería el último tramo de su regreso. Su decisión estuvo marcada por la expulsión de su marido y por la imposibilidad de sostener sola a sus dos hijas en un entorno cada vez más incierto. “¿Qué hago yo aquí sin familia?”, se pregunta.

“Cuando me presenté a la aerolínea me dijeron que no, que no aceptaban mi salvoconducto para abordar”, relata Pérez. A pesar de los ruegos y de insistir en que viajaba con menores, no pudo hacerlo.

Desde entonces, su situación, como la del resto del grupo, quedó suspendida en lo que ella misma describe como un “limbo”: ese espacio donde no es posible avanzar ni retroceder. Durante tres días, nueve de ellos pernoctaron en el aeropuerto de Miami, hasta que la organización Hermanos de la Calle intervino y logró trasladarlos a un motel, donde aguardan desde hace más de dos semanas.

“Se quedan varados, pierden los pasajes y no pueden volar”, explica Ricardo Pinza, miembro de la organización, que habitualmente trabaja con personas sin hogar y ha tenido que desbordar sus funciones habituales para atender a estas familias. “Les estamos dando techo y comida; hacemos lo que podemos”, añade. Algunos de los afectados, relata Pinza, invirtieron todos sus ahorros en un regreso que aún no se concreta. “Gastaron todo el dinero y terminan en una situación precaria”.

El núcleo del problema es un nudo legal. Muchos de estos migrantes ya no cuentan con documentos vigentes para permanecer en Estados Unidos, pero tampoco pueden marcharse. Para hacerlo necesitan un salvoconducto: un documento de viaje de uso único que sustituye al pasaporte vencido y permite regresar a Venezuela en un solo trayecto.

El obstáculo es que ese documento no puede tramitarse desde dentro de Estados Unidos. La ausencia de consulados venezolanos operativos en el país, resultado de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington en 2019 y que ahora se está retomando, obliga a los ciudadanos a recurrir a familiares en Venezuela para iniciar la gestión desde allá.

La abogada de inmigración María Abellón, doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Wisconsin, explica que esta limitación es el corazón del problema. “Para sacar el pasaporte se requiere la presencia física en un consulado para la parte biométrica. Ante esa imposibilidad, lo que están haciendo es solicitar un salvoconducto a través de familiares en Venezuela y que se lo envíen aquí. Normalmente requiere, al menos, un mes de anticipo”, señala.

Sin embargo, incluso con el papel en la mano, el éxito no está garantizado. Las aerolíneas comerciales no permiten el embarque sin un salvoconducto debidamente reconocido, lo que en muchos casos bloquea la salida de quienes ya han comprado su billete. “Nos queremos ir y no podemos”, se resigna Pérez.

El coste de la desesperación

A la parálisis burocrática se suma el acecho de las estafas. En su desesperación, algunos recurren a intermediarios que prometen agilizar el trámite a cambio de sumas desorbitadas. En la mayoría de los casos, el dinero desaparece y el documento nunca llega, o llega y es rechazado de todas formas.

Carlos Machado, de 22 años, lo sabe mejor que nadie. Lleva semanas atrapado en el mismo motel, con los bolsillos vacíos después de que varios supuestos abogados se acercaran a él en redes sociales con la promesa de agilizar el documento. “Por mi primer salvoconducto pagué 900 dólares y me lo rechazaron. El segundo fueron 850; también rechazado. Por el tercero pagué 1.120 dólares. Todos fallidos”, cuenta. En total, casi 2.900 dólares entregados a intermediarios que no resolvieron nada, una cifra que para muchos migrantes representa meses de trabajo.

Machado no sabe cuándo podrá irse. Tampoco sabe si su próximo intento terminará igual.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a EE UU a principios de este año, las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas han experimentado un giro histórico hacia la normalización. Bajo la gestión de Delcy Rodríguez, quien asumió el mando ejecutivo de forma interina, ambos gobiernos acordaron restablecer formalmente su acercamiento, poniendo fin a un periodo de siete años de ruptura y máxima tensión bilateral.

En este contexto, la propia Rodríguez confirmó la semana pasada el envío de una delegación diplomática oficial a territorio estadounidense, encabezada por el encargado de negocios Félix Plasencia. El objetivo primordial de esta misión es la reapertura de las embajadas y oficinas consulares. Esta medida busca no solo restablecer los canales, sino también reactivar los servicios para la numerosa comunidad venezolana en EE UU y facilitar el retorno de la inversión extranjera al país.

Mientras tanto, en el motel donde se alojan los venezolanos atrapados en Miami, la vida transcurre en una pausa prolongada: un grupo de familias que quiso irse por las buenas hoy espera un trámite administrativo que, por ahora, permanece inmóvil.