California avanza la ‘Ley No Kings’ para permitir demandas contra agentes del ICE

El Senado de California ha aprobado este martes un proyecto de ley que permitirá a las personas presentar demandas civiles en tribunales estatales contra funcionarios federales —incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)— que vulneren derechos constitucionales. La llamada Ley No Kings busca crear una nueva vía legal bajo la legislación estatal para reclamar indemnizaciones, mientras la Administración del presidente Donald Trump continúa con su ofensiva migratoria contra ciudades gobernadas por demócratas.

El proyecto de ley tiene ahora que ser aprobado por la Asamblea Estatal y recibir el visto bueno del gobernador demócrata Gavin Newsom para convertirse en ley. Los demócratas mantienen una supermayoría en la Asamblea, lo cual les permitirá aprobar la legislación con escasa oposición republicana.

La Ley No Kings —el nombre que llevaron las protestas masivas contra el Gobierno de Trump el año pasado— busca llenar el vacío legal de lo que se conoce como demandas Bivens, acciones civiles que permiten a las personas demandar directamente a agentes federales —no al Gobierno federal como tal— por violaciones de sus derechos constitucionales.

Estas demandas no se basan en una ley aprobada por el Congreso, sino que son un remedio creado por los tribunales. Su origen se remonta a un fallo de la Corte Suprema de 1971 (Bivens v. Six Unknown Named Agents), donde el tribunal determinó que una persona podía reclamar indemnizaciones económicas directamente a agentes federales que hubieran violado la Constitución. Sin embargo, en las últimas décadas los tribunales han restringido las circunstancias en las que se permiten estas demandas, argumentando que corresponde al Congreso legislar sobre el tema, y como resultado, muchas personas que denuncian abusos por parte de funcionarios federales carecen de una alternativa legal efectiva.

El autor de la ley, el senador Scott Wiener, demócrata de San Francisco, ha dicho que la Administración Trump “está intentando ejercer un poder sin control para secuestrar y deportar ilegalmente a personas”.

“Estamos poniendo fin a la impunidad que ha permitido la terrorífica y horrenda escalada del ICE y la Patrulla Fronteriza por las ciudades estadounidenses”, dijo Wiener en un comunicado. “Tenemos que cerrar el vacío legal que hace que sea casi imposible para las familias de Renee Good y Alex Pretti —quienes fueron ejecutados a plena luz del día— buscar justicia para sus seres queridos. Debemos cerrar el vacío legal que hace que sea casi imposible para las víctimas de las campañas de terror de Trump en nuestras comunidades inmigrantes buscar justicia”. “Estos agentes deben enfrentar consecuencias reales por aterrorizar a nuestras comunidades”, agregó.

La ley se aplicaría de forma retroactiva desde marzo de 2025, antes del comienzo de la ofensiva migratoria que desató protestas masivas y más tarde el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, como parte de la ofensiva del Gobierno de Trump contra ciudades gobernadas por demócratas.

El verano pasado estallaron protestas en varios puntos de Los Ángeles contra la ofensiva migratoria de Trump, tras meses de redadas masivas, arrestos de personas sin antecedentes penales, y denuncias de perfilamiento racial que resultaron en una orden judicial que prohibía las detenciones basadas en raza, idioma, o empleo, pero luego fue revocada por la Corte Suprema.

Trump ordenó el despliegue de más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y cientos de marines sin consentimiento del gobernador Newsom, quien impugnó la medida en los tribunales. Fue el primer despliegue de la Guardia Nacional sin consentimiento de las autoridades estatales desde la década de los sesenta, y sirvió como hoja de ruta para una ofensiva de la Administración contra ciudades gobernadas por demócratas que luego se extendió a Portland, Chicago, Washington o Minneapolis, entre otras.

Hector Pereyra, director de la organización Inland Coalition for Immigrant Justice, celebró la aprobación de la ley en el Senado, y dijo que “es más necesaria que nunca”. “Hemos visto cómo agentes federales han salido impunes tras disparar contra una familia sin enfrentar consecuencias significativas. Este proyecto de ley busca garantizar que nadie esté por encima de la Constitución y que los agentes federales puedan rendir cuentas cuando violan derechos constitucionales”.

El senador Wiener —quien busca reemplazar a Nancy Pelosi en el Congreso de Estados Unidos por el Distrito 11, que abarca San Francisco— también impulsó el año pasado otra ley llamada “Ley No a la Policía Secreta” que prohíbe a las fuerzas del orden utilizar máscaras para ocultar su identidad durante interacciones públicas. La ley fue aprobada en septiembre, pero el Gobierno de Trump la impugnó en un tribunal federal, argumentando que viola la cláusula de supremacía de la Constitución.

El principio de preeminencia federal establece que la ley federal prevalece sobre las leyes de los Estados. Sin embargo, ha sido un arma de doble filo para la agenda antiinmigrante de Trump, ya que varios estados han intentado aprobar leyes restrictivas contra los inmigrantes que posteriormente han sido anuladas bajo ese mismo principio.

Los votantes de California aprobaron en noviembre una ley impulsada por el gobernador Newsom para redibujar los distritos congresionales del Estado a favor de los demócratas, en respuesta a esfuerzos de otros Estados como Texas por consolidar mayorías republicanas. La iniciativa permite usar mapas diseñados por la Legislatura para las elecciones de 2026 a 2030, para que los demócratas puedan ganar hasta cinco escaños adicionales en el Congreso de EE UU.