Una jueza pone en libertad bajo fianza a la madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca tras ser detenida por el ICE

Una jueza ha ordenado que Bruna Ferreira, la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que se encontraba detenida en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, or las siglas en inglés), sea puesta en libertad bajo fianza. La jueza de inmigración Cynthia Goodman fijó una fianza de 1.500 dólares, la mínima requerida, para liberar a Ferreira, que se encontraba detenida en un centro en Luisiana y está sujeta a un proceso de deportación.

La mujer de 33 años, una ciudadana brasileña que llegó a Estados Unidos a los seis años, fue detenida el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, cuando iba a recoger a su hijo. Ferreira comparte la custodia de un hijo de 11 años con su exprometido, Michael Leavitt, el hermano de Karoline Leavitt. El caso se volvió mediático en seguida por el vínculo con la portavoz de la Casa Blanca, una de las voces defensoras de la campaña de deportaciones de la Administración de Donald Trump.

Lucas Vega, abogado que representa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no se opuso a la decisión de la jueza, asumiendo que no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga.

Desde el primer momento, el DHS ha acusado a Ferreira de ser una “criminal” y la Administración la ha presentado como una madre ausente, que no había tenido contacto con Karoline Leavitt en años. Ferreira, en declaraciones a The Washington Post, ha negado las acusaciones y mostrado una relación diferente con la familia de Leavitt. “Le pedí a Karoline que fuera la madrina por encima de mi única hermana”, dijo el jueves en una entrevista en vídeo con el diario. “Cometí un error al confiar en ella... No puedo ni imaginarme por qué están creando esta historia”.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que Ferreira no había hablado con Leavitt en años y que nunca había vivido con su hijo. La brasileña afirmó que dichas declaraciones son “repugnantes” y falsas. Antes de su arresto, contó que su rutina consistía en trabajar administrando negocios de limpieza y ropa, ir a clases de yoga y pasar tiempo con su hijo. Dijo que lo llevaba en coche a la escuela, lo animaba en sus partidos deportivos y llenaba su habitación de ositos de peluche, videojuegos y guantes de boxeo, “todo lo que un niño necesita”, declaró a The Washington Post.

En 1998, Ferreira llegó a Estados Unidos procedente de Brasil, donde vivía con su abuela, para reunirse con sus padres. En un momento dado, se enfrentó a una posible deportación, pero en 2012 se acogió a DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), la vía legal que abrió la Administración de Barack Obama para los migrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad. Este año, como parte de la campaña de deportaciones masivas del presidente Trump, la Administración reabrió su caso de deportación, según los abogados de Ferreira. La mayor parte de su familia tiene estatus legal, pero ella no pudo completar el proceso, según sus defensores.

Con Ferreira, el Gobierno ha seguido la tónica que acostumbra con los migrantes detenidos, acusándolos de ser criminales, a pesar de que la gran mayoría de los arrestados carece de antecedentes penales. Su abogado cree que se pueden referir a un incidente de 2008, cuando Ferreira, con 16 años, fue citada ante un tribunal de menores tras una pelea con otra chica a las afueras de un Dunkin’ Donuts, pero nunca fue detenida y el caso fue desestimado.

Al igual que hizo la Casa Blanca, Michael Leavitt también declaró que Ferreira nunca había vivido con el hijo que tienen en común. En documentos judiciales que presentó en New Hampshire en 2015, sin embargo, escribió que compartían vivienda y figuraban con la misma dirección, según el diario.

Leavitt y Ferreira estuvieron comprometidos, pero se separaron antes de que se celebrara la boda. El hijo de ambos reside con el padre y la madrastra en New Hampshire, pero Ferreira lo podía recoger los fines de semana. Los tribunales, donde ambos intercambiaron acusaciones de abuso y negligencia, ordenaron la custodia compartida.

Ferreira afirma que Michael y su padre, Bob Leavitt, le dijeron a su hermana en las últimas semanas que la brasileña debería “deportarse voluntariamente” e intentar regresar legalmente. Si lo hiciera, no podría regresar a Estados Unidos en una década, según la legislación vigente. “No tuve ninguna participación en su detención por parte del ICE”, escribió su exprometido a The Post. “No tengo control sobre eso y no tuve ninguna participación en absoluto”, dijo, y aseguró que quiere que su hijo mantenga el contacto con su madre.