La Administración Trump recurre a la Marina para construir nuevos centros de detención de migrantes

La Administración de Donald Trump tiene prisa por aumentar la capacidad de albergar migrantes detenidos e ir a la par del incremento de los arrestos, que se ha disparado en los últimos meses. Para ello ha recurrido a la Marina, otorgando así a las Fuerzas Armadas un nuevo papel en su cruzada contra la inmigración. Según ha adelantado la cadena CNN, la Marina se encargará de conseguir contratos para construir nuevos centros de detención a lo largo del país, tarea para la cual el Gobierno va a destinar 10.000 millones de dólares.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Administración en su campaña de deportaciones es que no tiene sitio donde instalar a tantos detenidos. Los últimos datos publicados, de septiembre, apuntan a que hay cerca de 60.000 detenidos, frente a los 38.000 de hace un año, y los centros de detención están al máximo de su capacidad. De hecho, el hacinamiento es una de las causas de las condiciones inhumanas que relatan muchos detenidos, además de una extensa lista de deficiencias como la falta de higiene, la alimentación inadecuada y el maltrato recibido por el personal de los centros.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea duplicar su capacidad de detención, hasta llegar al menos a 107.000 camas en enero de 2026. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha tenido dificultades en cerrar contratos para construir nuevos centros, por lo que se ha recurrido al Comando de Sistemas de Suministro de la Marina para conseguirlo. El DHS ha estado “rebotando de un vehículo contractual a otro”, dijo una fuente a la CNN, ya que los desafíos y las demoras en los contratos han abundado en las gestiones realizadas por el departamento. Se espera que la intervención del Departamento de Defensa acelere el proceso.

Los nuevos centros de detención consistirán principalmente en tiendas de campaña, del tipo de las desplegadas en el complejo de la base militar de Fort Bliss, en Texas, que comenzó a funcionar en agosto. Los migrantes detenidos en este centro han denunciado numerosas violaciones de las normas federales, entre ellas negligencia médica, el acceso deficiente a asistencia jurídica y problemas con las instalaciones de saneamiento.

Las fuentes consultadas no han detallado si los nuevos centros se construirán en instalaciones existentes de la Marina. La capacidad prevista de cada uno de ellos es de 10.000 personas y estarán ubicados en varios Estados: Luisiana, Georgia, Pensilvania, Indiana, Utah y Kansas. La construcción de algunas de las instalaciones está prevista que comience el próximo mes, dijo a la CNN una de las fuentes familiarizadas con el proyecto.

Para facilitar la construcción de los nuevos centros, la Marina amplió discretamente en julio un mecanismo de contratación existente que se había utilizado principalmente para apoyar operaciones militares en el extranjero. Ahora señala que “se puede requerir que los contratistas proporcionen la infraestructura, el personal, los servicios y/o los suministros necesarios para brindar un confinamiento seguro a los extranjeros bajo la custodia administrativa” del DHS y el ICE.

Cuando Trump volvió a la Casa Blanca, en enero, ICE contaba ya con uno de los mayores sistemas de detención de migrantes, con capacidad para casi 50.000 personas. En seguida, el magnate anunció su intención de duplicar esa cantidad. El dinero saldrá de una partida sin precedentes de 45.000 millones de dólares que se destinará a la ofensiva contra la migración y que fue aprobada por el Congreso como parte de la reforma fiscal del republicano.

La falta de camas en los centros del ICE, que se han visto desbordados desde que Trump regresó a la presidencia con su promesa de lograr la mayor deportación de la historia, ha propiciado que la agencia utilice también cárceles locales para encerrar a los migrantes. Además, se han reabierto prisiones que estaban cerradas.

Cárceles privadas

La necesidad de aumentar la capacidad de los centros de detención por la campaña de deportaciones ha tenido hasta la fecha dos ganadores: CoreCivic and GEO Group, las dos mayores empresas de cárceles privadas. CoreCivic reportó unos ingresos de 538,2 millones de dólares en el segundo trimestre del año, un aumento de casi el 10% respecto al mismo periodo de 2024. GEO Group, el contratista más grande del ICE, obtuvo unos ingresos 636,2 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 5% respecto al año pasado.

Las empresas han firmado contratos con el Gobierno federal para agregar camas adicionales a los centros de detención actuales, además de firmar nuevos contratos para reabrir las instalaciones inactivas. Los centros, que se suponía debían albergar criminales, se han nutrido de migrantes sin ningún antecedente penal.

Las condiciones en que se mantiene a los migrantes han sido objeto de denuncias tanto de los detenidos como de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En lo que va de año, se han producido más de una veintena de muertes de personas que se encontraban bajo custodia del ICE. La falta de acceso a medicación, la negligencia médica, las insalubres condiciones de las instalaciones, la malnutrición y la negación de los derechos como el acceso a un abogado han sido constantes en las experiencias relatadas por los detenidos.