Malnutrición, aislamiento y abortos: el calvario de las embarazadas detenidas por el ICE

Ana (nombre ficticio) tiene veintipocos años y está embarazada de seis meses. Se encuentra recluida en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Basile, en Luisiana, a pesar de que las directrices de esta agencia instan a evitar la detención de mujeres gestantes. En su primer mes encerrada, no recibió las vitaminas prenatales recomendadas para esa etapa y, aunque sufre náuseas, vómitos y dolor en el cuerpo, el centro de detención solo le ha proporcionado Tylenol, un medicamento que, paradójicamente, el presidente Donald Trump ha asegurado que causa autismo en niños (aunque es una afirmación que no esté respaldada por la ciencia). Además, apenas come, porque no puede retener la mayoría de los alimentos que le dan.

Su caso no es único. Es solo un ejemplo de los que la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) ha recopilado en una carta para mostrar la dramática situación que viven las mujeres embarazadas encerradas en los centros del ICE y pedir que se ponga fin a su detención.

“Las mujeres embarazadas detenidas reportaron ser esposadas e inmovilizadas durante el transporte, detención en régimen de aislamiento, atención prenatal tardía y deficiente, negación de vitaminas prenatales, alimentación inadecuada, falta de interpretación y traducción en las consultas médicas, atención médica sin consentimiento y negligencia médica que provocó una infección peligrosa tras un aborto espontáneo”, dicen en la misiva enviada este miércoles al director de la agencia, Todd Lyons, y que firman también otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La campaña de deportaciones de la Administración de Donald Trump ha acabado con las directrices de no detener embarazadas y mujeres lactantes que, desde 2021, regían la actuación del ICE. La Administración de Joe Biden, en respuesta a las críticas por la política migratoria, impuso que solo se detuvieran a migrantes embarazadas en las “circunstancias excepcionales” de que representen una amenaza a la seguridad nacional o un daño inmediato para sí mismas o para otras personas.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero y en aras de engrosar el número de detenidos para lograr la mayor deportación de la historia, los agentes no han tenido reparos en arrestar a las gestantes, a pesar de necesitar cuidados adicionales que los centros no proveen. Varios son los casos de mujeres que han sufrido abortos sin recibir tratamiento adecuado cuando estaban detenidas e incluso relatan haber sido transportadas de urgencia al hospital mientras sufrían sangrados vaginales y estaban esposadas de pies y manos.

Es el caso de Lucía, nombre también ficticio, que llegó a Estados Unidos en 2025 y fue puesta en libertad por la Patrulla Fronteriza con un monitor electrónico de tobillo. Semanas después, agentes del ICE la sorprendieron en su casa y llevaron detenida al Centro de Procesamiento de Stewart en Lumpkin, Georgia, a pesar de haber cumplido con su cita rutinaria de control ante las autoridades migratorias. Aunque Lucía no lo sabía en ese momento, estaba embarazada y comenzó a experimentar síntomas típicos del primer trimestre, como vómitos y dolor abdominal. Pidió ver a un médico en varias ocasiones, pero no la atendieron hasta varias semanas después, momento en el que confirmaron su embarazo.

Dos semanas después, comenzó a sangrar abundantemente y a tener cólicos en mitad de la noche. No la llevaron al médico hasta la mitad del día siguiente y la dejaron sola en una habitación, sangrando, sin comida ni analgésicos, durante varias horas. Ya por la noche, la trasladaron a un hospital, esposada de pies y manos. Había sufrido un aborto. Tuvo que recibir una transfusión, para reponer la cantidad de sangre perdida. La llevaron de vuelta al centro de detención, donde ha continuado con dolor abdominal y sangrado abundante durante un mes.

Otra de las mujeres, Alicia, que había vivido casi una década con su hija y su hijo, ciudadano estadounidense, en Luisiana, sufrió un aborto mientras estaba recluida en el centro de Basile. Sin su consentimiento, le realizaron una prueba invasiva del útero que le causó un dolor insoportable y le inyectaron un medicamento que no sabe cuál es. Enseguida la regresaron al centro de detención, donde pasó dos meses más en los que sufrió sangrado, inflamación y dolor uterino intenso que se irradiaba a las piernas. En julio de 2025, Alicia fue deportada a su país de origen y separada de sus hijos. Tras la deportación, tuvo que buscar tratamiento médico en un hospital para tratar una infección grave, resultado del tiempo que estuvo bajo custodia.

Sin datos oficiales

No se sabe cuántas mujeres embarazadas están detenidas por las autoridades migratorias, porque la Administración no está informando al Congreso, a pesar de que desde 2019 se instó al ICE a detallar cada seis meses las circunstancias de cada detenida embarazada y la duración de su detención.

Para suplir la falta de información, el grupo de defensa de las mujeres Women’s Refugee Commission creó en septiembre una herramienta para que se reporten los casos de embarazadas que se conozcan. A pesar de las directrices que lo prohibían, siguen recibiendo casos del ICE que ignoran estas protecciones, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de las mujeres y sus bebés. “Esta herramienta aportará transparencia a un sistema que se ha convertido en una caja negra, para que podamos luchar por la seguridad y los derechos humanos de estas mujeres”, dijo Zain Lakhani, directora de derechos y justicia migratoria del WRC en su lanzamiento.

“WRC ha recibido informes de detenidas embarazadas que mendigan para llevarse una manzana o un cartón de leche a sus celdas y se les niega su acceso, obligándolas a intentar satisfacer sus necesidades nutricionales con las papas fritas y los burritos congelados, los únicos alimentos disponibles para comprar, a un precio exorbitante”, en el mismo centro, recoge su informe. Personal de WRC se entrevistó en Honduras con madres lactantes que habían sido deportadas, “que estaban tan desnutridas por su detención” y cuyos cuerpos “habían dejado de producir leche”.

Las denuncias sobre la falta de tratamiento adecuado a los detenidos en general y a las mujeres gestantes en particular no son nuevas. El senador de Georgia Jon Ossoff, presentó una investigación el verano pasado en el que afirma que identificaron “14 informes creíbles de que mujeres embarazadas han sido maltratadas bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por las siglas en inglés), incluyendo la falta de atención médica adecuada y controles oportunos, la falta de atención urgente cuando la necesitaban, la negación de refrigerios y comidas adecuadas, y el hecho de ser obligadas a dormir en el suelo debido al hacinamiento”.

En respuesta, el DHS contestó que las gestantes reciben asistencia médica y apoyo nutricional, que “la detención de mujeres embarazadas es poco frecuente y está sujeta a una supervisión y revisión rigurosas”. “Ninguna mujer embarazada ha sido obligada a dormir en el suelo”, agregó.

La postura oficial, sin embargo, no ha convencido y la senadora demócrata por el Estado de Washington, Patty Murray, que envió el mes pasado una carta junto a otros 27 senadores a la secretaria del DHS, Kristi Noem, pidiendo que el ICE dejara de detener a mujeres embarazadas, salvo en circunstancias excepcionales, y solicitaron al Departamento que proporcionara información sobre el número de mujeres embarazadas bajo su custodia, así como respuestas a una larga lista de preguntas adicionales sobre supervisión, a más tardar el 26 de septiembre. “Las investigaciones médicas vinculan la detención por parte del ICE con altas tasas de complicaciones en el embarazo, y los médicos detectan graves riesgos para la salud fetal y materna. Estos riesgos, ya de por sí graves, se ven agravados por el deterioro de las condiciones en los centros de detención, que incluyen hacinamiento extremo, informes de alimentación y agua inadecuadas, y falta de atención médica de emergencia”, contenía la carta. No hubo respuesta.