Más de 100 empresarios acuden al Congreso para alertar sobre la falta de mano de obra por las deportaciones

Más de 100 empresarios de todo el país se han dado cita en Washington para lanzar un aviso de emergencia en el Capitolio y pedir ayuda a los congresistas ante las deportaciones masivas de la Administración de Donald Trump, que les está dejando sin mano de obra. Este miércoles, los ejecutivos se reunirán con varios legisladores para pedirles por enésima vez que saquen adelante una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de sus empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos, o bien por miedo a ser detenidos o bien porque ya lo han deportados, víctimas de la campaña antiinmigración ordenada por el presidente.

Bajo el título “Asegurar la mano de obra de América”, la misión, que dura tres días, ha sido organizada por The American Business Immigration Coalition (ABIC), una coalición bipartidista que aglutina a más de 1.700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales en 17 Estados. La organización lleva meses alertando de las catastróficas consecuencias que las deportaciones de sus trabajadores están teniendo en sus negocios. “Gracias a su esfuerzo, los legisladores en Washington están oyendo nuestro mensaje alto y claro: La economía americana no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que impulsan las industrias como construcción, agricultura, hotelería, sanidad...” , afirma Rebecca Shi, CEO de ABIC.

Ocho millones de empleos

Según los datos de la coalición, hay ocho millones de empleos sin cubrir en todo el país, lo que está “aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos”.

ABIC aboga por que el Congreso apruebe el proyecto de ley de la Dignidad (Dignity Act), presentado por la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, y la representante demócrata de Texas, Verónica Escobar.

La propuesta se ha presentado sin éxito tres veces en el Congreso. La última versión, introducida en julio, difiere de la presentada en 2023 en un importante punto: elimina el establecimiento de una vía hacia la ciudadanía. A cambio, ofrece un estatus de “dignidad”, un permiso para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Según la propuesta, para beneficiarse del permiso, los migrantes deben llevar más de cinco años en el país, no haber cometido ningún delito, y pagar una multa de 7.000 dólares por haber estado indocumentado. Además, como penalidad, el Gobierno se apropiará de un 1% de sus salarios durante un plazo de siete años.

“Es una situación que necesitamos cambiar ya”, declaró el martes Salazar en un encuentro con los empresarios en un hotel de Washington D. C., en el que alertó sobre las consecuencias que la campaña de deportaciones va a tener sobre el Partido Republicano en las elecciones del próximo año. “Estamos enviando el mensaje equivocado de que no queremos a esa gente aquí”, señaló. Salazar fue aplaudida al afirmar que la situación actual “es un desastre”, porque los empresarios violan la ley al contratar a indocumentados, que, a su vez, se encuentran ilegalmente en el país. Salazar defendió que no pueden hacer otra cosa porque nadie quiere esos empleos.

El miedo a acudir al trabajo y ser detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las deportaciones ya realizadas han vaciado de trabajadores el campo, las fábricas y los servicios de muchos sectores. Los centros de detención no se han ocupado con criminales peligrosos, como prometía Trump, sino con trabajadores que llevan muchos años construyendo una vida en el país.

La fuerza laboral de Estados Unidos se contrajo en julio por tres meses consecutivos, algo que no pasaba desde 2010. Los sectores más afectados son aquellos donde la mano de obra migrante predomina. El 51% de los trabajadores de la industria láctea son migrantes, al igual que el 45% de los trabajadores de envasado de productos cárnicos y el 29% de la construcción.

Trump ganó las elecciones de 2024 gracias en parte al apoyo que obtuvo del voto latino, que históricamente ha sido demócrata. Por primera vez en la historia una mayoría del electorado latino masculino votó por el candidato republicano. La campaña de deportaciones y el perfil racial que utilizan los agentes migratorios para realizar las detenciones, sin embargo, ha erosionado el apoyo de los hispanos y las encuestas ya muestran su descontento.

Se espera que en las elecciones legislativas del próximo año, el Partido Republicano se resienta de la política migratoria de Trump. Salazar nació en Estados Unidos, pero sus padres son refugiados cubanos, y su visión de la migración difiere de las posturas más extremistas del Partido Republicano, que apoyan la expulsión de todos los indocumentados.

Rubén Gallego y el error de los demócratas

Del mismo modo, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, se aleja de la posición de su partido. Gallego, nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes (madre colombiana y padre mexicano), también presentó en mayo su propio proyecto de reforma migratoria. El senador se dirigió ayer a los empresarios que llegaron a Washington para explicarles que su partido tiene una concepción equivocada de que los latinos son liberales en cuanto a la apertura de la frontera y la inmigración. Gallego aseguró que quienes viven cerca de la frontera con México abogan por un control más estricto de quién entra y que los demócratas han perdido votos por creer lo contrario. “Mi partido se equivocó, porque era incómodo escuchar lo que decían” quienes viven en la frontera. “Aunque Donald Trump tenía la postura más extrema sobre la frontera, esta se acercaba más a la del votante común que a la postura demócrata”, añadió.

Uno de los ejes de su propuesta es reforzar el control fronterizo. El otro eje abogaba por conceder la ciudadanía a los dreamers, los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, aunque para negociar con los republicanos defiende ir poco a poco.

En su opinión, la “gran equivocación” de su partido ha sido pedir un cambio total del sistema actual. “No podemos sacar de las sombras a 11 millones de personas y darles una vía a la ciudadanía”, afirma. En su Estado, más de un tercio de la fuerza laboral son latinos, que pagaron 700 millones de dólares en impuestos. Aun así, es uno de los Estados donde la caza de migrantes por el ICE ha sido mayor.

Gallego quiere una aproximación con un planteamiento más moderado, avanzar poco a poco en la agenda migratoria para lograr un acuerdo con la Administración Trump. “Tenemos que encontrar un punto medio. Tal vez no tenemos que darles la ciudadanía, sino dejarles que permanezcan legalmente en el país, que puedan pagar impuestos y no ser deportados”, apunta como forma de negociar con los republicanos.

Ninguna de las propuestas está próxima de ser aprobada en el Congreso, pero los empresarios se proponen continuar su presión para evitar la quiebra de los negocios.