La Administración Trump cancela el TPS otorgado a casi 300.000 venezolanos en 2021
Si bien el Departamento de Seguridad Nacional anuncia el fin de la protección migratoria a vencer el próximo 10 de septiembre, el futuro del programa sigue en manos de un juez federal de California


La montaña rusa que viven los casi 600.000 venezolanos con TPS en Estados Unidos continúa. La tarde de este miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional anunció “la finalización de la designación en 2021 del Estatus de Protección Temporal para Venezuela, que expirará el 10 de septiembre de 2025. La terminación será efectiva 60 días después de la publicación del aviso del Registro Federal”, expresó el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Matthew Tragesser, en un comunicado.
El Gobierno ha justificado la medida al asegurar “el papel sustancial de Venezuela en impulsar la migración irregular”, contrario a los esfuerzos de esta administración “por asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera efectiva”, apunta el documento. La falta del pronunciamiento oficial sobre el futuro del programa ―la norma establece que debe ocurrir 60 días antes de la finalización― produjo tenues esperanzas entre la comunidad venezolana, afectada estos últimos meses por la eliminación del TPS concedido en 2023, y la anulación de otros beneficios migratorios como el parole humanitario y CBP One.
Más de 268.000 venezolanos se beneficiaron de la protección migratoria que les concedió el Gobierno de Joe Biden hace cuatro años, pero tanto ellos como los 300.000 que la recibieron en 2023, podrían recibirla de nuevo si el juez federal Edward Chen de California falla a su favor en la demanda que la Alianza Nacional de TPS, y otros siete querellantes, introdujeron el pasado mes de marzo tras la cancelación anunciada por la secretaria Kristi Noem en enero, y que despojó de protección al grupo que la obtuvo hace dos años.
El magistrado otorgó en ese momento una suspensión cautelar que detuvo las intenciones de Washington. “El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, argumentó Chen en su fallo, pero en mayo el Supremo le dio luz verde a la Casa Blanca para acabar con el TPS concedido a los sudamericanos.
Tras varios recursos introducidos estos últimos meses, Chen sorprendió a todos la semana pasada anunciando una pausa del proceso (stays) hasta no conocer el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, donde reposaba una petición de la Administración Trump en el caso. Este se produjo 48 horas después y se inclinó a favor de los venezolanos. La Corte frenó temporalmente el fin del Estatus de protección temporal para Venezuela, evitando la deportación de miles de inmigrantes con arraigo en el país. “Al promulgar el TPS, el Congreso diseñó un sistema temporal que es predecible, de confianza y lejano de las políticas partidistas y electorales”, escribió en la sentencia la jueza Kim Wardlaw, haciendo un llamado al cese de la presión migratoria que ejerce la Casa Blanca contra los extranjeros desde hace meses.
El juez Chen tiene hasta el 9 de septiembre para emitir la sentencia final de la demanda que podría restituir el beneficio para los casi 600.000 venezolanos, tanto los del 2021 como los del 2023. Pero este no sería el fin de la disputa. El Gobierno podría apelar la medida nuevamente ante el Supremo, y el programa volverá a pender de un hilo una vez más.
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