El TPS otorgado a los venezolanos en 2021 no ha sido renovado automáticamente: cuál es el estatus para otros países beneficiados con el programa

Cerca de 300.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte de la Administración de Joe Biden en 2021, siguen a la espera de saber si el beneficio migratorio que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos será extendido una vez más. El sábado 12 de julio fue la fecha límite para que el Departamento de Seguridad Nacional se pronunciara al respecto.

Si bien la norma establece que el Gobierno debe informar su decisión 60 días antes de la fecha de expiración del TPS (para este grupo es el próximo 10 de septiembre), la falta de un pronunciamiento oficial ha producido tenues esperanzas entre la comunidad de inmigrantes del país sudamericano; afectada estas últimas semanas por la eliminación del TPS concedido en 2023, ratificada por el Tribunal Supremo; y la anulación de otros beneficios migratorios como el parole humanitario y CBP One.

“Hemos visto a influencers y abogados de inmigración diciendo de forma irresponsable que el TPS del 2021 fue automáticamente extendido por seis meses, en vista de que el Departamento de Seguridad Nacional no tomó una decisión 60 días antes del vencimiento del mismo. Desde que inició el Gobierno del presidente Trump, las normas no se han seguido de manera correcta. No se están cumpliendo con los tiempos. Mientras la página oficial del TPS para Venezuela no sea actualizada, ni se publique nada en el Registro federal, no tenemos ninguna razón para creer que el TPS fue extendido. Las eliminaciones del programa de otros países se han estado produciendo fuera de las fechas regulares", aclaró Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, en una publicación en su cuenta de X.

Precisamente, estas irregularidades forman parte de los argumentos que la Alianza Nacional del TPS, juntos con otros siete demandantes, han expuesto ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California con el objetivo de conseguir una sentencia que devuelva la protección a 600.000 de venezolanos que recibieron el beneficio, tanto en 2021 como en 2023, al menos hasta octubre de 2026. Este viernes 1 de agosto se produjo una nueva audiencia del juicio, y se espera que el juez Edward Chen emita un dictamen en las próximas semanas. Si este llegara a ser favorable, el Gobierno podría apelar nuevamente ante el Tribunal Supremo.

Sin claridad sobre el futuro del programa y en medio de un contexto cada vez más adverso para la inmigración en Estados Unidos, miles de familias siguen viviendo en la incertidumbre. Sin embargo, el pasado mes de mayo se produjo una pequeña victoria para la comunidad venezolana. El juez Chen ratificó la validez de los permisos de trabajo de alrededor de 5.000 personas que lograron renovar su documentación antes del anuncio de cancelación del TPS por parte de la secretaria Kristi Noem. Este fallo fue acatado sin apelaciones por el Departamento de Seguridad Nacional.

El TPS ha otorgado permisos de trabajo temporal a extranjeros de 16 países desde su creación en 1990, como respuesta al éxodo provocado por conflictos armados, regímenes autoritarios o desastres naturales. En el caso de Venezuela y de otras naciones como Afganistán o Ucrania, las causas de la salida de miles de personas siguen vigentes, y la protección se ha mantenido o jueces federales han estado fallando a favor de revertir los intentos de la Administración Trump por erradicar el Estatus de Protección Temporal.

Nicaragua y Honduras

Esta semana se produjo una nueva sentencia a favor de la comunidad migrante. La jueza Trina L. Thompson de California devolvió el TPS a decenas de miles de hondureños y nicaragüenses, algunos con 25 años viviendo en Estados Unidos; y de más de 10.000 nepalíes que recibieron el beneficio migratorio hace una década. En el caso de Honduras y Nicaragua, la cancelación del programa estaba prevista para principios de septiembre.

“Su presencia no es un delito. Los titulares del TPS ya viven en Estados Unidos y han contribuido con miles de millones a la economía al trabajar legalmente, pagar impuestos y aportar al Medicare y al Seguro Social. Al estereotipar el programa TPS y a los inmigrantes como invasores criminales, y al resaltar la necesidad de controlar la migración, las declaraciones de la secretaria Noem perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, fueron las palabras de la jueza.

Como ya ocurrió con Venezuela, la suspensión de la cancelación del TPS se pospuso hasta el 18 de noviembre, cuando habrá una nueva audiencia de la demanda que impugna la decisión del Gobierno, y avanzan hacia una resolución final; pero antes, el Ejecutivo podría recurrir nuevamente al Supremo para apelar la decisión.

Haití

Otro juez federal de una corte de Nueva York, Brian Cogan, bloqueó el intento del Departamento de Seguridad Nacional de acabar con el Estatus de Protección Temporal para medio millón de haitianos que viven en Estados Unidos. El magistrado consideró que nuevamente la decisión de la secretaria Noem era “ilegal” porque carece de autoridad para “anular la designación del TPS de un país”. Los inmigrantes haitianos han recibido esta protección migratoria desde 2010, y esta ha sido renovada en varias ocasiones luego de que la situación social y política en Haití empeoró. Ahora sigue vigente por lo menos hasta febrero de 2026.

El Salvador

El TPS para los ciudadanos de El Salvador actualmente está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, tras una extensión de enero de este año que ha beneficiado a más de 230.000 salvadoreños que ya contaban con esta protección migratoria. Además, el gobierno estadounidense ha otorgado una extensión automática de los permisos de trabajo hasta el 9 de marzo de 2026, incluso para quienes poseen tarjetas que vencían en años anteriores. Esta decisión ocurre en un contexto político delicado, en el que otras designaciones de TPS enfrentan desafíos judiciales o decisiones de recorte por parte de la administración actual. Para los salvadoreños, la extensión representa un respiro temporal, pero también mantiene la incertidumbre sobre su futuro a largo plazo en el país. Organizaciones de migrantes y abogados de inmigración han instado al Congreso a considerar una vía permanente hacia la residencia legal para esta población, que en muchos casos lleva décadas establecida en Estados Unidos.