Una jueza frena el intento del Gobierno de Trump de cancelar el TPS de hondureños y nicaragüenses: “Su presencia no es un delito”

Una jueza federal de California frenó este jueves el intento del Gobierno de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para decenas de miles de hondureños y nicaragüenses que llevan 25 años en Estados Unidos, y de más de 10.000 nepalíes que recibieron la protección hace una década. La cancelación del programa para los beneficiarios de Honduras y Nicaragua estaba prevista para principios de septiembre, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el pasado 7 de julio que las condiciones en los dos países centroamericanos han mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos regresen.

En una orden contundente de 37 páginas, la jueza de distrito de EE UU Trina L. Thompson de San Francisco dijo que el Gobierno tomó la decisión de acabar con las protecciones del TPS para estas tres nacionalidades sin una “evaluación objetiva de las condiciones en los países” de origen de los beneficiarios y que dicha determinación parecía haber estado motivada por una “animadversión racial”.

La magistrada incluso citó comentarios xenófobos hechos por el presidente Trump y su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en los que se referían a los beneficiarios del programa, y a los inmigrantes en general, como criminales, terroristas o asesinos que estaban “envenenando la sangre” del país. “La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan. En cambio, se les dice que deben expiar su raza, irse por sus nombres y purificar su sangre. El tribunal no está de acuerdo”, escribió la jueza, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden.

“Su presencia no es un delito”, Thompson señaló sobre los beneficiarios del programa. “Más bien, los titulares del TPS ya viven en Estados Unidos y han contribuido con miles de millones a la economía al trabajar legalmente, pagar impuestos y aportar al Medicare y al Seguro Social. Al estereotipar el programa TPS y a los inmigrantes como invasores criminales, y al resaltar la necesidad de controlar la migración, las declaraciones de la secretaria Noem perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”.

La magistrada ordenó que las cancelaciones se pospongan al menos hasta el 18 de noviembre, fecha en la que programó una audiencia sobre el fondo de la demanda que impugna la decisión de la Administración Trump. Thompson señaló que el aplazamiento podría extenderse más allá del 18 de noviembre. Sin embargo, su fallo podría ser suspendido por un tribunal superior antes.

El TPS permite a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias obtener residencia temporal en Estados Unidos y permiso de trabajo. En el caso de Nicaragua y Honduras, EE UU extendió esta protección a sus ciudadanos en 1999 tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998. Honduras fue el país más afectado de la región, con un estimado de 7.000 fallecidos. En Nicaragua se calcula que la tormenta mató a unas 4.000 personas.

Por su parte, el programa de TPS para Nepal fue anunciado en 2015, después de que un terremoto azotara al pequeño país asiático.

En los últimos años, las protecciones para los ciudadanos de estos tres países se han renovado en varias ocasiones. Se estima que 72.000 hondureños, 12.700 nepalíes y 4.000 nicaragüenses recibieron el TPS para entrar en Estados Unidos de forma legal, según datos del Gobierno. Desde entonces, algunos de ellos han logrado obtener la tarjeta de residencia permanente (green card): unos 21.000 ciudadanos de Honduras, 5.500 de Nepal y 1.100 de Nicaragua, de acuerdo con cifras oficiales.

Depende del Departamento de Seguridad Nacional extender el TPS para cada país una vez que esté próximo a expirar. Sin embargo, la secretaria Kristi Noem anunció a principios de julio que cancelaría el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal porque las condiciones en las tres naciones ya no justificaban las protecciones.

La jueza Thompson discrepó. En su fallo, citó la “violencia política” y la “criminalidad” en Honduras, así como recientes desastres naturales que han afectado a la población. Sobre Nicaragua, mencionó las “violaciones antidemocráticas de los derechos humanos y la crisis humanitaria que ha llevado a 108.000 personas a huir del país” bajo el Gobierno de Daniel Ortega.

Desde que volvió al poder hace seis meses, Trump ha intentado acabar con el TPS de varias nacionales, como prometió que haría durante la campaña electoral. Su Administración anunció en junio el fin del TPS para medio millón de haitianos y en abril para unos 350.000 venezolanos. También ha eliminado las protecciones para miles de ucranianos, afganos y cameruneses.