Un tribunal de apelaciones frena temporalmente la eliminación del TPS para los venezolanos

Aún hay esperanza para 600.000 venezolanos en Estados Unidos. El Noveno Circuito federal de apelaciones ha frenado este viernes, de manera momentánea, el fin del Estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés), que evita la deportación de inmigrantes recientemente arribados al país. El programa se ha convertido en uno de los objetivos a eliminar por la Administración de Donald Trump dentro de la profunda reforma que el republicano está haciendo al sistema de inmigración.

Los tres jueces que conforman el panel del circuito, radicado en San Francisco, votaron por mantener la decisión de un tribunal federal emitida en marzo que permite seguir adelante el juicio entre los beneficiarios del TPS y el Gobierno de Trump. El argumento de los demandantes es que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior, no tenía la autoridad necesaria para acabar unilateralmente con el programa creado en 1990 y muy recurrido durante la presidencia de Joe Biden para usarlo con inmigrantes de países centroamericanos, Haití, Afganistán y Sudán.

“Al promulgar el TPS, el Congreso diseñó un sistema temporal que es predecible, de confianza y lejano de las políticas partidistas y electorales”, escribió en el fallo Kim Wardlaw, una jueza que llegó al banquillo federal nombrada por el demócrata Bill Clinton. Sus compañeros en el panel fueron también asignados al circuito en administraciones progresistas, lo que explica un poco el sentido de la decisión judicial.

Noem, quien es el principal rostro de la política de deportaciones de Washington, anunció el fin del TPS en una entrevista en la cadena Fox. La noticia llegó apenas ocho días después de que Trump llegara a la Casa Blanca para su segunda presidencia. Eliminar el programa marcaba el rumbo de la gestión republicana. En especial, si se tomaba en cuenta que uno de los gestos de salida de Biden fue extender 18 meses la protección para cientos de miles de venezolanos que han huido de la crisis económica y política de su país en los últimos años.

“Iban a quedarse aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y lo detuvimos”, dijo Noem a finales de enero. La amenaza se cumplió a través de una orden ejecutiva dictada por el Departamento de Seguridad Nacional. Noem también afirmó entonces que las condiciones en Venezuela habían mejorado, por lo que hacía inviable que Estados Unidos siguiera albergando a decenas de miles de migrantes. Hoy, sin embargo, Washington ha tensado las relaciones con Caracas, al que considera un régimen corrupto de narcoterroristas.

La orden de Noem fue llevada a los tribunales. A finales de marzo, Edward Chen, un juez federal de distrito de San Francisco, otorgó una suspensión cautelar que frenaba las intenciones de Washington. Con ello evitó que le fuera arrebatada a inicios de abril la protección a una parte del grupo de 600.000 personas. Los venezolanos que llegaron en 2021 contarán el TPS hasta el 10 de septiembre. Los que lo obtuvieron en 2023 lo vieron expirar en abril. A principios de esta semana, el magistrado anunció una suspensión del proceso (stays) hasta no conocer el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, y dejó en vilo a los sudamericanos a la espera de la continuación del juicio.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, argumentó Chen en su fallo. El panel de apelaciones ha coincidido este viernes con el togado federal.

La decisión de este viernes le da luz verde al juez Chen para emitir la sentencia final del caso que podría restituir la protección migratoria a los miles de inmigrantes venezolanos beneficiados con el programa. Mientras el caso avanzó en los tribunales entre órdenes y recursos, muchos sufrieron la cancelación de sus permisos de trabajo y fueron despedidos de sus empleos. Otros han sido capturados en operativos federales de deportación y separados de sus familias.