Liberadas 14 mujeres que trabajan en condiciones de esclavitud en la localidad sevillana de Marchena
Sus captores las sometían a malos tratos y a dos de ellas las agredieron sexualmente
Una información anónima alertando de que una mujer podría estar siendo retenida contra su voluntad el pasado 7 de octubre ha permitido a la Guardia Civil desarticular una red de explotación laboral que actuaba en el municipio sevillano de Marchena (19.400 habitantes) y mantenía esclavizadas a 14 mujeres, que trabajaban sin papeles en la recogida de la aceituna. Dos de ellas también fueron agredidas sexualmente. Los investigadores han detenido a seis individuos acusados de presuntos delitos de trata, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores.
Como suele ser habitual en estos casos, la organización captaba a las mujeres en sus países de origen -todos en Europa del Este, precisan fuentes conocedoras dela investigación- haciéndolas creer que venían a España para la campaña de recogida de la aceituna con unas condiciones laborales estables y dignas. Una vez que llegaban a Marchena, se les imponía una deuda inicial de 2.000 euros que se iba incrementando semana tras semana “generando un mecanismo de esclavitud por deuda que imposibilitaba su liberación”, indican esas mismas fuentes.
A las mujeres se les retenía su documentación y empleaban la violencia física y las amenazas para obligarlas a trabajar jornadas interminables y por un salario mucho menor del acordado. Para garantizarse que no huían, les aseguraban que si trataban de escapar o denunciaban su situación, las trasladarían a Alemania para ser explotadas sexualmente.
Dos de ellas, además de estar sometidas a los malos tratos físicos y a la privación de libertad, también fueron agredidas sexualmente por uno de los miembros de la banda, todos también originarios de países del Este de Europa. Todos han pasado a disposición judicial
La operación culminó el pasado 3 de noviembre, tras poco menos de un mes de estrecha vigilancia por parte del equipo EMUME perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla. En este tiempo, los agentes constataron cómo, además del maltrato físico y sexual y la falta de libertad, las mujeres eran obligadas a vivir en una vivienda “que presentaba condiciones de habitabilidad penosas”.
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