Pena mínima para una red que explotaba a extranjeros en condiciones de semiesclavitud

Vivían en condiciones inhumanas y en situación de semiesclavitud, con jornadas de trabajo durísimas y sin apenas descanso, y con un salario mensual que oscilaba entre los 150 y los 200 euros. La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a penas que van entre los seis meses y los dos años de prisión a 12 personas que, según la Fiscalía, explotaban a trabajadores rumanos y moldavos en distintas campañas agrícolas “en condiciones pésimas, tratándoles como animales, racionándoles la comida y con alojamientos indignos, obligándoles incluso a dormir en el suelo o en un pasillo y provocando una situación similar a la esclavitud”.

La condena a estas 12 personas, seis de ellas empresarios agrícolas que actuaban en connivencia con los miembros de la red criminal, se ha producido tras un acuerdo previo de conformidad entre las partes, que ha permitido que a los acusados se les rebaje de forma considerable las penas que solicitaba el Ministerio Fiscal, que oscilaban entre los tres y los 10 años de prisión.

El fiscal Cristóbal Fábrega ha dado por bueno el acuerdo de conformidad en el que los acusados reconocieron los hechos: “Dado el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos [2019], y que no había manera de localizar a todos los implicados, o se celebraba de esta forma o no se celebraba, era una cuestión de estrategia procesal de las partes”. Fábrega ha reconocido que “la justicia que es lenta, no es justicia” y ha añadido que si el procedimiento se hubiera desarrollado en el momento, “no hubiera salido barato” la explotación laboral de las víctimas de este proceso. No obstante, ha valorado que, pese a la rebaja de penas, se ha logrado que los doce procesados reconozcan los hechos y hayan salido con una condena, aunque ninguno de ellos ingresará en prisión.

Con el acuerdo alcanzado, el cabecilla de la red delictiva ha sido condenado a dos años de prisión, otros cinco integrantes de la red, a un año y medio y, finalmente, seis meses de prisión, para los seis empresarios españoles que actuaron en connivencia con los integrantes de la red.

Además, de las penas de prisión, todos los acusados deberán hacer frente al pago de una multa de 900 euros y en concepto de responsabilidad civil, indemnizarán conjuntamente a los 21 trabajadores explotados con 1.000 euros para cada uno de ellos. Tanto el cabecilla de la red como los otros cinco integrantes juzgados se les condena por favorecer la inmigración ilegal y por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que a los seis empresarios agrícolas solo se les condena por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según el escrito de la Fiscalía, los procesados (no todos han podido ser localizados) crearon una organización ilegal para ofrecer trabajadores, provenientes en su mayoría de Rumanía y Moldavia, a empresarios agrícolas que los emplearían en el campo a pesar de no contar con autorización para trabajar y de no darles de alta en la Seguridad Social.

La investigación de la denominada ‘operación Urofort’ se inició en el municipio de Fuerte del Rey (Jaén) y se saldó inicialmente con la detención de 16 personas en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete

En cualquier caso, la Guardia Civil detectó hasta 145 víctimas, aunque llegó a estimar que podría haber hasta 600 afectados por esta red delictiva que podría conseguir unos beneficios de un millón de euros al mes por la explotación de estos trabajadores extranjeros. Finalmente, sólo han podido ser identificadas 21 víctimas de esta red de inmigración ilegal.