De la patera en Canarias a temporero explotado en Almería, Córdoba y ahora también Lugo

En las casi 60 hectáreas de la finca Madelena, en la gran planicie del oeste de Lugo, crecen desde hace años arándanos y sospechas. Las denuncias sindicales sobre las condiciones de trabajo en esta plantación del municipio de Begonte comenzaron en 2020. Pero fue hace algo más de un año cuando agentes de la Guardia Civil e inspectores de Trabajo acabaron irrumpiendo en la propiedad y se encontraron allí a más de un centenar de hombres de origen africano recogiendo la cosecha. Estos meses de pesquisas judiciales confirman que el campo gallego se ha convertido ya en un destino más de esa ruta de explotación a la que se ven condenados en España trabajadores extranjeros desesperados e indefensos.

De los 92 temporeros inmigrantes que la Guardia Civil logró identificar en esta plantación de arándanos el 21 de agosto de 2024, solo una decena tenía papeles. Otra treintena de hombres huyeron campo a través y no se pudo revisar su situación. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Vilalba (Lugo) investiga a tres responsables de las dos empresas que los captaron y contrataron. Procedentes en su mayoría de Senegal, los jornaleros aseguran que cobraban en metálico entre siete y ocho euros por hora. Pasaban hasta 10 horas en la finca, encadenados a una dura tarea a la intemperie para la que no hay máquina que valga. “La recolección de arándanos tiene que hacerse de forma manual y en grandes plantaciones exige mucha productividad”, explica un pequeño productor gallego de frutos rojos.

La visita sorpresa a esta plantación que dio pie a la denominada Operación Anavia se fraguó 13 días antes. Fue gracias a la llamada que hizo a la Guardia Civil una mujer asustada. Ella tenía alquilada una habitación en un viejo hostal de Ordes (A Coruña) supuestamente cerrado, emplazado a unos 70 kilómetros de la finca Madelena. Acababa de ver cómo llegaban al edificio un montón de hombres que se habían bajado de un autobús. Los agentes que se desplazaron al lugar descubrieron que se trataba de inmigrantes sin papeles.

Estos hombres aseguraron a la Guardia Civil que trabajaban como temporeros en la finca Madelena. Lo hacían para la empresa gallega Galician Berries, SL, la compañía que ha gestionado la explotación de Begonte entre 2013 y 2024 (durante varios años se la subarrendó a Surexport, firma de Huelva). Su propietario está investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Por alojarse en aquel edificio vacío, sin agua ni apenas luz, los trabajadores pagaban a sus jefes 100 euros al mes y otros 4 euros diarios por el transporte hasta la plantación, según los datos recabados durante la instrucción judicial. Un total de 45 temporeros, entre ellos un menor no acompañado, malvivían en aquel momento en ese lugar. Dormían en el suelo sobre unos colchones y cocinaban en un hornillo de gas.

Las víctimas que han declarado cuentan que llegaron a España en patera, principalmente a Canarias. Encontraron el trabajo en Galicia a través de grupos de Whatsapp en los que los inmigrantes sin papeles se organizan para sobrevivir. La mayoría residían en Andalucía, centro neurálgico de los temporeros en España, y fueron enviados a Lugo por una empresa de trabajo temporal (ETT) llamada Servicios de Agricultura Kein, SL. Dos responsables de esta firma con sede en Sevilla están imputados en la causa, aunque uno de ellos se encuentra en paradero desconocido. La de este caso no es la única sociedad de servicios agrícolas que tienen.

Uno de los testigos de la Operación Anavia ha detallado a la jueza su periplo sin papeles por la huerta española. En los dos años que lleva en la península y antes de recoger arándanos en Lugo, trabajó en los invernaderos de Almería y recolectó naranjas en Córdoba y melocotones en Lleida. “Es una realidad que todos conocemos: miles de trabajadores en situación irregular son sometidos a explotación por empresas de todos los sectores, no solo de la agricultura”, subraya Alejandra Rodríguez Arranz, abogada de SOS Racismo en Galicia.

En el campo faltan trabajadores y el problema se agrava con determinadas cosechas. El arándano requiere mucha mano de obra, apunta un empresario gallego del ramo, sobre todo en macroplantaciones como la de la finca Madelena. “Es un sector que maneja mucho dinero y es bastante usurero y especulador”, añade este pequeño productor que prefiere no identificarse. “Yo no me arriesgaría [a contratar inmigrantes sin papeles], pero hay mucha gente con muchas hectáreas que está desesperada. Y hay una bolsa de gente que quiere trabajar y no puede”.

Rodríguez Arranz defiende que la falta de mano de obra en el campo se mitigaría mejorando salarios y condiciones laborales y recuerda que los inmigrantes sin papeles de la finca Madelena trabajaban más horas de las legales por unos 50 euros al día. La abogada pide un cambio en la Ley de Extranjería: “No tiene ni pies ni cabeza que llegues a España, te quieran hacer un contrato y no puedan porque no tienes dos años de estancia. Estos empresarios, aunque hubieran querido, no podrían haberlos contratado”. Lo de ser contratados en el país de origen tiene aristas, apunta, ya que deja fuera a ciudadanos de países que no hablan castellano ni tienen contactos en España y es un procedimiento largo por el que pocas empresas están dispuestas a esperar.

El calentamiento del planeta ha traído a Galicia un modelo agrario que preocupa a los sindicatos. Con el sur de la península Ibérica en una situación climática cada vez más extrema, en esta esquina del noroeste de tradición minifundista y granjas familiares surgen grandes plantaciones de nuevos cultivos con trabajadores por temporada. En muchos casos, apuntan en el sector, están relacionadas con empresas andaluzas. A las explotaciones gallegas de frutos rojos, por ejemplo, están llegando jornaleras marroquíes que también lo son en Huelva, cuenta Isabel Vilalta, del Sindicato Labrego Galego. Vilalta explica que en los últimos años ha recogido quejas por las condiciones laborales en estas fincas, por “no respetar los descansos”, “penalizar” al trabajador por no cosechar determinada cantidad de producto, o proporcionarle “alojamientos muy precarios”.

El juzgado instructor de la Operación Anavia está finalizando los trámites de “ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados”, informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La tarea, admiten, no es sencilla, “dado que la mayoría no son de Galicia y no tienen domicilio estable”. “No tienen domicilio fijo porque nadie les alquila un piso y tienen que buscarse la vida por toda España”, explica la abogada de SOS Racismo sobre las dificultades que afronta la investigación del caso. La prioridad de estos ciudadanos “es ganar dinero para sobrevivir y mantener a su familia” en sus países de origen. Los problemas con el idioma y el miedo y la desconfianza hacia las autoridades españolas por no tener los permisos en regla complican también su colaboración para castigar los abusos de los que son víctimas.