Patronato de Protección a la Mujer: un reformatorio franquista para lesbianas que funcionó en democracia

La sevillana Eva García de la Torre estuvo recluida en un centro de castigo por ser lesbiana cuando la democracia ya estaba en marcha. Siendo menor y sin siquiera la asistencia de un abogado, fue juzgada en julio de 1978 en Andalucía y permaneció internada en Galicia hasta 1985 en entidades católicas del Patronato de Protección a la Mujer, la institución creada por la dictadura franquista para reprimir a las españolas que consideraba descarriadas. Tras sobrevivir a una adolescencia de violencia y trabajos forzados y llegar a alcaldesa de O Porriño (Pontevedra) por el PSOE, murió en 2022 sin ser consciente de su condición de víctima del fascismo. Este jueves su viuda, Silvia Fernández Quinteiro, ha recogido en Vigo de manos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el certificado que acredita que sí lo fue, el primero que se entrega en España a una represaliada por el patronato.

El documento que oficializa que García de la Torre “padeció persecución por razones políticas e ideológicas” no es solo una reparación pública. Es también un “acto de amor”, el fruto de más de un año de investigación por parte de Silvia. “Es importante que se reconozca que Eva tuvo una vida injusta”, defiende esta abogada sobre quien fue su pareja durante casi dos décadas.

Todo empezó en enero de 2024, atravesando el duelo por Eva y tras leer en EL PAÍS un reportaje de Esther López Barceló sobre los horrores del patronato que dependía del Ministerio de Justicia franquista. “Cuando leí aquello, algo en mi cabeza hizo clic: “Eva estuvo ahí”, rememora su viuda. Relacionó lo que se relataba en aquel texto con todo lo que su mujer le había contado sobre su vida. Y decidió investigar. Consiguió sus expedientes de la Casa Cuna de Sevilla en la que vivió su infancia; del Tribunal Tutelar de Menores bajo cuya bota creció y sufrió; y del Patronato de Protección a la Mujer que la castigó por lesbiana.

Con el resultado de esas pesquisas y tras contactar con la Asociación Desterradas Hijas de Eva, se le ocurrió dar un paso hasta entonces inédito: solicitar formalmente ante el Gobierno central que Eva García de la Torre fuese reconocida como víctima del franquismo. Algunas de las expertas con las que consultó le advirtieron de que sería necesario modificar la actual Ley de Memoria Democrática para incluir en ella a las mujeres que sufrieron la represión del patronato. Pero se reunió con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y él le despejó esas dudas.

Sin necesidad de cambiar la norma, Fernández Quinteiro tiene ya en sus manos el certificado que declara “ilegal e ilegítimo” al tribunal que juzgó a su pareja en 1978 y anula la condena que dictó. “Su internamiento, motivado en parte por su orientación sexual, se enmarca en las medidas de control y represión sobre las mujeres que fueron instauradas durante la dictadura franquista y que continuaron aplicándose en los primeros años de la Transición democrática”, reza el documento firmado por el ministro el pasado 20 de septiembre.

La vida de Eva García de la Torre comenzó en la Casa Cuna de Sevilla en 1962. Fue hija de una madre soltera que había sido repetidamente violada por su padre desde adolescente. Su expediente de aquella época reconocía que su abuelo era extremadamente violento, pero dictaminaba que ella debía ser tutelada por la dictadura para salvarla del “ejemplo corruptor que la menor recibe de su madre”. Como niña bajo el amparo del Gobierno de Franco, creció en centros religiosos en los que, según ella relataba, fue maltratada física y psicológicamente, además de esclavizada en talleres textiles, lavando ropa para hoteles y el Ejército, y sirviendo en casas de familias pudientes. “Si se meaba en la cama, dormía sobre el metálico, sin colchón. Si se rebelaba, la metían dos o tres días en un baño”, cuenta Fernández Quinteiro.

Con 16 años las monjas la denunciaron ante el Patronato de Protección a la Mujer por lesbiana. La señora de la casa en la que trabajaba como interna le encontró un escrito en el que García de la Torre confesaba que creía haberse enamorado de ella. Era julio de 1978 y el debate sobre derechos y libertades bullía en España a solo cinco meses del referéndum que aprobó la Constitución. Al mismo tiempo, una todavía adolescente García de la Torre era llevada a declarar ante un Tribunal Tutelar sobre su orientación sexual. Fue juzgada, condenada y recluida en los centros católicos que colaboraban con esta institución franquista.

Fue enviada a Vigo e internada en las Oblatas primero y luego en el El Buen Pastor, entidades religiosas que junto con otras como las Adoratrices, por ejemplo, colaboraron con el patronato en la represión de las mujeres, encerradas tras unos “muros por los que muchos hemos pasado sin saber lo que ocurría” dentro de ellos, recuerda Fernández Quinteiro. La democracia nacía en España, pero la dictadura no había muerto del todo. Allí estuvo recluida García de la Torre, obligada a rezar, a limpiar las instalaciones y a trabajar por una miseria. Fue costurera para una empresa textil, vendió libros y conoció al que luego fue su marido y padre de sus hijos. Estuvo a las órdenes de esta institución hasta 1985 cuando el Gobierno de Felipe González la hizo desaparecer. Ya casada estudió la carrera de Derecho y acabó siendo alcaldesa socialista de O Porriño durante siete años (2015-2022). Murió de un infarto a los 59 años, solo dos meses después de dejar el cargo asediada por una moción de censura. “Para las víctimas es importante que les reconozcan que tuvieron un sufrimiento brutal, que tenían razón, que no estaban locas”, concluye Fernández Quinteiro.