El Gobierno de Trump presume de haber detenido para deportar a 5.000 personas en Los Ángeles

Operativos sorpresa, redadas en negocios de lavados de auto, despliegues de fuerza en parques públicos y perfilamiento racial en los aparcamientos de los Home Depot de toda el área metropolitana de Los Ángeles. Las tácticas de terror que la Administración de Donald Trump ha sembrado entre las comunidades migrantes de la ciudad han comenzado a dar los frutos prometidos en la campaña. El Gobierno ha presumido esta semana de haber alcanzado las 5.000 detenciones con fines de deportación en Los Ángeles, una de las principales ciudades santuario de Estados Unidos.

El hito, conseguido en solo tres meses, ha sido celebrado con la dureza que caracteriza a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior y rostro público de la campaña de deportaciones. “No se equivoquen: si están aquí ilegalmente, los encontraremos, arrestaremos y expulsaremos. Esto es solo el inicio”, amenazó la funcionaria.

Noem agradeció las labores de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la policía de inmigración, conocido como ICE. Se trata de las principales fuerzas que han llevado a cabo las detenciones y que, a su vez, han contado con el apoyo de otras corporaciones federales.

El detenido número 5.000 es Gustavo García-Miranda, un indocumentado originario de México. García-Miranda tiene antecedentes penales por cargos de tráfico de droga y por otros delitos. De acuerdo con los registros en manos del Gobierno, cruzó por primera vez de manera irregular en 2008.

El Gobierno ha enmarcado las deportaciones como una gran operación en la que Estados Unidos se está deshaciendo de “lo peor de lo peor”. “Son miles los ilegales, pandilleros, pederastas y asesinos los que han sido retirados de nuestras calles”, apuntó Noem el martes. Las cifras independientes, fuera del tono antimigrante lanzado desde Washington, cuentan otra historia.

El consulado mexicano en Los Ángeles reveló que personal diplomático ha entrevistado a 641 personas en centros de detención migratoria de la región, entre el 6 de junio y el 20 de agosto pasado. Es el mismo periodo en el que Noem declara que se hicieron las 5.000 detenciones.

El 24% de los 641 detenidos en operativos migratorios ya han sido deportados a México, informa el consulado. Los mexicanos conforman el mayor bloque de indocumentados en Los Ángeles, con medio millón de personas, el 53% de la población sin papeles de la ciudad. A estos le siguen los salvadoreños y guatemaltecos, con 220.000 personas. Únicamente 20 detenidos han recuperado su libertad tras recibir un fallo favorable de un juez migratorio.

El personal diplomático que ha entrevistado a estos detenidos, originarios principalmente de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán. Estos funcionarios dibujan un perfil claro de quienes han sido capturados por la maquinaria de inmigración trumpista.

La gran mayoría, el 85% (549), son hombres. La mitad del grupo lleva más de una década en Estados Unidos. Otro tercio llevaba entre 16 y 25 años. Siete personas habían radicado más de 40 años en suelo estadounidense. Cerca del 40% tiene hijos estadounidenses.

En el grupo había personas que se dedicaba a la industria de la construcción, otros a la jardinería o eran trabajadores agrícolas, algunos estaban empleados en fábricas o eran obreros. Un 13% fue aprehendido en negocios de lavado de autos, un popular objetivo de captura para las autoridades federales. Tanto así que este jueves se llevó a cabo un nuevo operativo en la ciudad de Rosemead, al este de Los Ángeles, y con un número indeterminado de detenidos.

Detenidos en Georgia

Washington lleva semanas mostrando el músculo de su máquina de deportaciones. El Gobierno anunció la semana pasada que han arrestado a 4.500 indocumentados en el Estado de Georgia desde el arranque de la Administración, el 21 de enero, y hasta el 31 de julio. La cifra representa un aumento de 367% respecto a los 963 que se hicieron en el primer semestre de la presidencia de Joe Biden.

El número de detenciones en el Estado del sur sirvió para que los funcionarios del trumpismo echaran en cara las políticas migratorias del mandatario demócratas. “Sus fronteras abiertas permitieron que el asesino de Laken Riley estuviera en el país y le dieron la oportunidad de asesinar brutalmente a la joven estudiante de enfermería”, acusó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Interior.