Trump defiende el uso de perfiles raciales para detener a inmigrantes

La agresión sin precedentes que la comunidad latina está sufriendo desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca podría contar con el respaldo del Tribunal Supremo si la corte falla a favor del Gobierno. El Alto Tribunal tiene que pronunciarse sobre una petición de urgencia del Departamento de Seguridad Nacional para permitir que hablar español o parecer latino sean razones suficientes para ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde las organizaciones de latinos se advierte de los efectos que puede tener un fallo a favor de la Administración Trump. “Eso va a aumentar la inseguridad y va a empeorar la situación de la comunidad latina de una manera que no hemos visto desde los años treinta, cuando se llevaron a cabo deportaciones masivas de latinos. Estamos hablando de algo que puede ser histórico y puede impactar a la comunidad latina de una manera muy negativa”, advierte Cristobal Ramón, asesor de política migratoria de UnidosUS.

El Gobierno ha recurrido al Supremo, que le ha favorecido en varias de sus controvertidas medidas contra la inmigración, para que anule el fallo de una jueza de distrito de California. En julio, la magistrada prohibió temporalmente que los agentes detengan a las personas basándose en su perfil racial. Su fallo se aplica en el distrito central de ese Estado, que abarca el área metropolitana de Los Ángeles, donde casi la mitad de la población es de origen latino. Un tribunal de apelaciones mantuvo la prohibición, por lo que la Administración recurrió al Supremo la semana pasada.

“La orden judicial del tribunal de distrito interfiere significativamente con los esfuerzos de cumplimiento federal en una región que es más grande y más poblada que muchos países y que se ha convertido en un importante epicentro de la crisis migratoria”, dijo el representante del Gobierno en los papeles presentados ante el Supremo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide que el ICE pueda usar como factores de sospecha de que una persona es indocumentada su raza o etnia; que hable español o inglés con acento; que esté presente en ciertos lugares (paradas de autobús, lavaderos de autos, estacionamientos…), o que desempeñe ciertos trabajos (jornalero, construcción, jardinero, vendedor ambulante…).

La jueza del distrito Central de Los Ángeles Maame E. Frimpong ordenó al ICE que dejara de hacer detenciones basándose en esos factores. Con ello, daba la razón a varios individuos y organizaciones de defensa de los derechos civiles, que denunciaron que los agentes siguieron criterios raciales para detener incluso a ciudadanos. Algunos de ellos son parte en la demanda.

Es el caso de Jason Brian Gavidia, latino nacido en Los Ángeles. El 12 de junio agentes armados lo confrontaron en la acera frente a un taller de grúas donde estaba reparando su coche. Un agente enmascarado le preguntó si era ciudadano, a lo que respondió afirmativamente. El oficial preguntó insistentemente en qué hospital había nacido y Gavidia respondió que no sabía, tras lo cual, con la ayuda de un colega, lo estrellaron contra una reja metálica, le pusieron las manos a la espalda, le retorcieron el brazo y le quitaron el teléfono. Gavidia les mostró la identificación y le soltaron.

En su fallo, Frimpong sostuvo que el ICE carecía de fundamento legítimo para detener a la mayoría de las personas arrestadas en sus operaciones en Los Ángeles. Concluyó que las operaciones constituían una “presencia amenazante” que hacía que las personas temieran estar siendo “secuestradas”.

Presionados por cumplir con los deseos del presidente, que pretende realizar en su segundo mandato la mayor deportación de la historia, el ICE lanzó una operación de redadas masivas indiscriminadas alrededor de Los Ángeles a comienzos de verano, lo que provocó numerosas protestas entre la población. Para mitigarlas, Trump ordenó el despliegue de marines y la Guardia Nacional en la ciudad californiana.

Chandra S. Bhatnagar, director ejecutivo de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) en el sur de California, declaró tras conocerse el fallo de Frimpong que “desde el 6 de junio, más de 2.300 personas —trabajadores, estudiantes, madres, padres, abuelos y residentes de todo el sur de Estados Unidos — han sido secuestrados violentamente y desaparecidos por agentes federales simplemente por tener la piel oscura o aparentar ser inmigrantes”.

El 18 de junio, agentes federales allanaron el lavadero de autos donde Jorge Luis Hernández Viramontes, otro ciudadano estadounidense latino que es parte de la demanda, había trabajado durante 10 años. Era la tercera visita de los oficiales, que ya habían detenido a otros compañeros de Hernández Viramontes. A pesar de mostrarles su identificación, los agentes se lo llevaron por no presentarles un pasaporte. Al cabo de 20 minutos lo liberaron.

“Nadie cree que hablar español o trabajar en la construcción genere siempre sospechas razonables. Tampoco se sugiere que esos sean los únicos factores que los agentes federales consideran. Pero en muchas situaciones, estos factores, solos o en combinación, pueden aumentar la probabilidad de que alguien se encuentre ilegalmente en Estados Unidos”, justificó el Gobierno en los documentos presentados al Supremo. “Los agentes del ICE tienen derecho a basarse en estos factores al intensificar la aplicación de las leyes de inmigración”.

En oposición, los defensores de los latinos denuncian cómo el miedo se ha esparcido en la comunidad. Niños que han dejado de ir a la escuela, adultos que no acuden a sus trabajos por temor a ser detenidos e incluso evitan salir a la calle para no toparse con los agentes del ICE, se han convertido en historias comunes. Las redadas han cambiado la vida de la comunidad latina, incluidos los que son ciudadanos.

“Numerosos ciudadanos estadounidenses y otras personas que residen legalmente en este país han sufrido graves intrusiones en su libertad. Muchos han sufrido lesiones físicas; al menos dos fueron trasladados a un centro de detención”, se lee en los documentos presentados ante el Alto Tribunal. “Y todos han tenido que soportar la perspectiva de futuras intrusiones inevitables basadas en amplios factores demográficos, como el color de su piel”.