El miedo a las redadas del ICE augura un aumento del absentismo en el regreso a clases

Reencuentro con los compañeros, historias de verano que contar, vuelta a los deportes… El regreso a clases es siempre un tiempo de emociones. Para muchas familias, sin embargo, ahora la excitación llega en forma de angustia y miedo: la duda de si vale la pena correr el riesgo de enfrentar a los agentes migratorios por llevar a los hijos a la escuela.

Los centros educativos de primaria y secundaria establecen protocolos a seguir y las organizaciones comunitarias preparan a los padres para lo que más que una vuelta a las clases se parece a una batalla que pelear: la de la guerra que el Gobierno de Donald Trump ha emprendido contra la inmigración. Y en este frente, las bajas son los estudiantes que abandonan los estudios para evitar las detenciones y deportaciones.

“Anticipamos que van a faltar varios alumnos por las redadas, porque por el temor de los padres de que les separen de sus hijos y de los hijos de dejar a sus padres. Nuestra escuela ha sido muy golpeada por las redadas del ICE. Han estado en varias calles, en las cortes que están próximas, en los locales de Home Depot…”, cuenta Karina Pérez, profesora del centro Miguel Contreras, en Westlake, California.

La escuela donde trabaja se ubica cerca de una tienda de la cadena de bricolaje donde ocurrió la última redada masiva del ICE, que se saldó con la detención de 16 personas esta semana. Los agentes llegaron camuflados en un camión de mudanza, en una operación que el propio Gobierno bautizó como Caballo de Troya y que esparció el miedo entre la comunidad de este condado aledaño a Los Ángeles, donde la población latina es mayoritaria.

Deportada sin graduarse

Este mes los alumnos de Pérez van a echar en falta a su compañera guatemalteca de 17 años que fue deportada este verano junto a su madre. Llevaba una década en el país, era una estudiante brillante y este año se iba a graduar. Los agentes del ICE la detuvieron a la salida de una de sus citas rutinarias con el tribunal de inmigración. “Sus compañeros están muy tristes, sobre todo los que hacían atletismo con ella. Están indignados de que no pueda estar en su último año de high school”, dice.

Pérez da clases a alumnos de educación especial y cuenta que en sus nueve años como profesora siempre ha habido preocupación con los alumnos indocumentados, pero nada que ver con la actual situación. “Los muchachos ya no tienen la seguridad de antes, cuando las escuelas eran consideradas santuarios”, explica.

Trump enterró apenas volvió al poder la consideración de las escuelas, al igual que los hospitales y los lugares de culto, como lugares sensibles, vetados a la actividad de la policía migratoria. Hasta la fecha, el ICE no ha entrado en los centros educativos, pero su personal directivo ha tenido que crear protocolos para enfrentar a los agentes en caso de que intenten arrestar a alumnos en sus instalaciones, además de organizar charlas para entrenar a los profesores y los padres de los estudiantes.

El zar de la frontera, Tom Homan, en una entrevista con Univisión rechazó la idea de que el ICE haga detenciones en las los centros educativos. “Nosotros no hacemos operativos en escuelas, ni en iglesias, ni en hospitales. Esa es una mentira de algunos medios para generar rechazo público contra el ICE”. Y si bien no se conocen casos de detenciones dentro de las escuelas, sí se han producido afuera de ellas, cuando los padres acuden a llevar o recoger a sus hijos, causando escenas dramáticas de separación familiar.

Como defensa para evitar vivir en carne propia ese desgarro, la solución es el absentismo, que se ha notado en los cursos de verano de la escuela Miguel Contreras. También en las escuelas del distrito de San José, en el condado de Santa Clara, California, donde la mayoría de los estudiantes tiene algún familiar migrante y donde las familias han sufrido el azote de los operativos del ICE.

Pero ya la falta de asistencia se percibió nada más inaugurarse la Administración Trump. En enero, las escuelas del condado de Santa Clara registraron una disminución de 5.000 estudiantes, y la cifra se duplicó a 10.000 en febrero, según declaró a San José Spotlight Jorge Pacheco, administrador de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara. “Este miedo ha causado un trauma significativo que ha impedido que los niños aprendan y alcancen sus metas socioemocionales y académicas”, declaró.

Desde las organizaciones de migrantes se intenta tranquilizar a la comunidad para que los alumnos no abandonen los estudios, a pesar del riesgo. Fanny Yanes es organizadora comunitaria de la organización CASA en el condado de Fairfax, en Virginia. “Nuestro trabajo consiste en brindar charlas a los padres para que conozcan sus derechos, para que se sientan seguros y no dejen de mandar a sus niños a las escuelas”, explica. Yanes se ha reunido recientemente con los supervisores escolares de su condado, que le han asegurado que han tomado medidas para una posible visita del ICE, aunque sin especificar cuáles son.

CASA ha creado grupos en la aplicación de mensajes WhatsApp para que los participantes se avisen unos a otros dónde están ocurriendo redadas. Si se avistan agentes del ICE en la salida de alguna escuela, recomendarían a los padres no acudir a recoger a los hijos y ponerse en contacto con el centro. “Antes no teníamos esa preocupación, pero la magnitud de la situación, como está ahorita, es algo a otro nivel”, apunta.

En los meses pasados, los condados tuvieron que improvisar protocolos para enviar a las escuelas y que supieran cómo reaccionar en caso de que los agentes del ICE irrumpieran. No permitir la entrada sin una orden judicial y no facilitar datos de sus alumnos fueron algunas de las directrices que se enviaron a los centros para asegurar el bienestar de los alumnos.

La ley federal impide que los centros recaben datos de estatus migratorio en las solicitudes de ingreso y la jurisprudencia que dictó el Tribunal Supremo en el caso de Plyler contra Doe, en 1982, otorgó el derecho a todos los niños a recibir educación en los centros públicos, sin distinción de su estatus migratorio. Algunos Estados gobernados por republicanos, como Tennessee y Texas, sin embargo, han impulsado leyes para retirar ese derecho a los menores indocumentados.

Según datos de 2021 recopilados por FWD.us, hay unos 620.00 estudiantes indocumentados en primaria y secundaria (K-12), aunque se estima que ese número sea ahora mayor. La mayoría de los Estados tienen al menos 1.000 estudiantes sin papeles en sus escuelas, aunque esta cifra es significativamente mayor en Texas (111.000), Florida (74.000) y California (72.000).

A ellos se suman los 3,9 millones de estudiantes que son ciudadanos estadounidenses pero que corren riesgo de separación familiar porque alguno de sus padres es indocumentado.

“El regreso a clases simboliza para muchas familias el regreso a otro espacio público donde no hay garantía de estar protegido frente al ICE. Durante el verano ya vimos a menos familias en parques, más cancelaciones de fiestas y celebraciones en donde los migrantes se juntaban, por un miedo razonable a que aparezca el ICE. Es comprensible que familias tengan dudas sobre su seguridad”, sostiene Loredana Valtierra, socia de The Century Foundation, un grupo de expertos que promueve la igualdad en la educación. Este think tank ha elaborado una guía para las escuelas para proteger el ambiente del miedo a las autoridades migratorias.