El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT acordaron el 15 de diciembre ampliar el permiso de fallecimiento a diez días, muy por encima de los dos extensibles a cuatro que rigen actualmente. En la reunión en la que se selló el pacto no participaron CEOE y Cepyme, con quienes el propio ministerio dio por concluida la negociación una semana antes por la distancia entre las posiciones de cada uno. Precisamente ese rechazo de las asociaciones empresariales al pacto del ministerio y los representantes de los trabajadores es el que conecta con otra negativa, la del PP. Fuentes del principal partido del Congreso indican que no apoyarán esta iniciativa, dado que no goza del respaldo de todo el diálogo social. Trabajo maneja la idea de presentar el proyecto como decreto ley, de manera que entraría en vigor nada más ser aprobado en el Consejo de Ministros y decaería si no es convalidado después por la mayoría del Congreso.

Desde que Alberto Núñez Feijóo lidera el PP, el partido traslada que su posición en materia laboral y de Seguridad Social es previsible: puede apoyar los proyectos en los que participen tanto los empresarios como los sindicatos, pero no aquellos en los que el Gobierno solo se entienda con una de las partes del diálogo social. Esa premisa se dio en el único gran acuerdo en lo que llevamos de legislatura, la última parte de la reforma de pensiones. La Seguridad Social pactó con las patronales y los sindicatos varios cambios que, una vez llegaron al Parlamento, encontraron el aval del PP. El acuerdo fue firmado y presentado en La Moncloa el 18 de septiembre de 2024, y el grupo popular apoyó la iniciativa en el Congreso en enero de este año.

Algunas partes de ese acuerdo fueron difíciles de digerir para los sindicatos y despertaron críticas de varios partidos de izquierdas (dado el refuerzo que implica de las mutuas en el tratamiento de bajas traumatológicas o el foco que pone en los incentivos al retraso del retiro), pero ello no impidió que Sumar asumiera el acuerdo igualmente. Fuentes de la formación reconocieron la dificultad de su posición en este asunto, pero optaron por cerrar filas.

Desde abril de 2022, cuando Núñez Feijóo tomó el mando del PP, no ha habido otros grandes acuerdos del Gobierno con las patronales y los sindicatos. El resto de pactos se han limitado a las centrales: de la reforma de pensiones de 2023 (que se centró en el refuerzo de los ingresos del sistema) a la reducción de jornada. La primera prosperó en el Parlamento antes de las elecciones de verano de 2023, pero la segunda fracasó ante la mayoría de derechas que suman en el Congreso PP, Vox y Junts desde esos comicios.

Poco antes de que Núñez Feijóo cogiera las riendas del PP, en febrero de 2022, se produjo la votación de la reforma laboral en el Congreso, el principal cambio en materia laboral desde que Pedro Sánchez lidera el Gobierno y Yolanda Díaz la cartera de Trabajo. Aquel cambio profundo del Estatuto de los Trabajadores tenía el respaldo de la patronal y de los sindicatos, pero el PP rechazó la iniciativa. Entonces el partido aún estaba liderado por Pablo Casado y fue el voto por error de uno de sus diputados, Alberto Casero, el que evitó el fracaso del proyecto en el Congreso.

Ahora, fuentes del PP transmiten que no apoyarán la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días, lo que deja la iniciativa en manos de la mayoría de investidura. Los partidos de derechas de ese grupo son PNV y Junts: el grupo vasco indica que ha recibido el texto, transmitido por el Ministerio de Trabajo, pero que aún lo están analizando y prefieren no hacer valoraciones; el catalán no responde a la pregunta al respecto de este periódico, pero oficializó la ruptura de relaciones con el Gobierno con una consulta a sus bases. Y desde entonces no solo ha rechazado la reducción de jornada, también expresó una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno para subir las cuotas de autónomos.

Trabajo se plantea avanzar con el proyecto como decreto ley, de manera que entraría en vigor nada más ser aprobado en el Consejo de Ministros y decaería si no es convalidado un mes después por la mayoría del Congreso. Es una estrategia distinta a la de la reducción de jornada, un anteproyecto de ley, lo que alargó los plazos hasta que la iniciativa se enfrentó al escrutinio de los diputados. En lo que sí coinciden ambos proyectos es en que, ante un probable rechazo, el departamento de Díaz busca visibilizar qué partidos se posicionan a favor y cuáles en contra, en un Parlamento con una mayoría de derechas en el que, a priori, es muy difícil que sus propuestas prosperen. Y aún más si los empresarios las rechazan.

El ministerio que dirige la vicepresidenta segunda y la patronal se encuentran en su racha más larga sin entendimiento: más de un año y medio sin sellar un pacto. De los seis acuerdos alcanzados en lo que llevamos de legislatura, CEOE y Cepyme solo han apoyado uno y las asociaciones empresariales se esforzaron en diluir la importancia del mismo. Es un escenario muy diferente al de la legislatura pasada, condicionada por la pandemia, cuando todo el diálogo social acordó 12 de 17 veces. Díaz y el jefe empresarial, Antonio Garamendi, se lanzan últimamente repetidas acusaciones de electoralismo. Ella dice que él rechaza todo para parecer más duro y reforzarse en las elecciones de CEOE de 2026, y él traslada que Díaz solo busca anuncios con los que ganar puntos electorales, sin intención real de lograr acuerdos.

Ampliación y nuevos permisos

El texto pactado por Trabajo y los sindicatos modificaría el artículo 37 del Estatuto, el que regula descansos semanales, fiestas y permisos. Propone un nuevo apartado que establezca “diez días hábiles por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad”. El trabajador podrá repartir esos diez días como considere a lo largo de los 28 días posteriores al deceso.

Además, la propuesta también concede hasta 15 días hábiles para el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, que precisen de cuidados paliativos. El ministerio contempló la posibilidad de que una parte de este nuevo permiso por cuidados paliativos lo cubrieran las arcas públicas, como pedía la patronal, pero fuentes sindicales subrayan que finalmente no se incluyó en el texto por la falta de participación empresarial. Asimismo, el departamento de Díaz propone un nuevo permiso por acompañar a una persona que reciba la eutanasia. Los sindicatos y el ministerio, como habitualmente, asumen que puede haber modificaciones en el texto en la tramitación parlamentaria. Esos cambios no convencieron a Junts para reducir la jornada.

“No podemos asumir la propuesta del ministerio sobre permisos en ninguno de sus extremos”, dijeron en un comunicado las patronales, tras esa última reunión en la que participaron para negociar esta medida. En su opinión, ese diálogo “no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación” y consideraron que “los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio al margen precisamente del diálogo social, descontento al que se sumaron después los sindicatos”. A la vez, dijeron “lamentar” que Trabajo decidiese “poner fin a estas consultas tripartitas”.