El PP apoyará el aumento del salario de los funcionarios y de las pensiones si el Gobierno no los mezcla con otras medidas

Pese a que la tensión política está en máximos en plena campaña de las elecciones en Extremadura, el último Pleno del año y los primeros compases de 2026 pueden alumbrar algunos consensos importantes entre el Gobierno y el Partido Popular. El próximo jueves, el PP tiene previsto compensar su rechazo a la senda de déficit, que vuelve a votarse tras haber sido tumbada a finales de noviembre por el PP, Vox y Junts, aprobando el decreto que aumenta el salario de los funcionarios, según confirman fuentes de la dirección el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo apoyará también el decreto de revalorización de las pensiones, que previsiblemente se votará en enero, en el caso de que el Gobierno lo lleve en solitario sin mezclar con otras medidas, afirman las mismas fuentes a EL PAÍS.

El PP repite todas las semanas, con más intensidad desde el fracaso de la senda de déficit y el encarcelamiento del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que la legislatura está acabada y a Pedro Sánchez solo le queda ya convocar elecciones anticipadas. Los populares han vuelto a las calles y el pasado 30 de noviembre celebraron una manifestación bajo el lema “Efectivamente: ¿mafia o democracia?”. Pero Feijóo es consciente también de que, mientras Sánchez siga en La Moncloa, el PP no puede oponerse a medidas de amplio impacto social, aunque eso signifique granjear una victoria parlamentaria al Gobierno. Es el caso, sobre todo, de la subida del sueldo de los funcionarios y de la revalorización de las pensiones, que afectan en conjunto a más de 12 millones de ciudadanos.

Así, en el último Pleno del año que se celebra este jueves, solo una semana antes de las elecciones en Extremadura, el PP votará a favor del decreto que incrementa el salario de más de tres millones de trabajadores públicos en un 2,5% en 2025 (con efecto retroactivo desde el 1 de enero) y un 1,5% en 2026, susceptible de aumentar otro medio punto por la inflación. El PP ha tomado la decisión de apoyar esta subida bajo el liderazgo de la vicesecretaría de Economía que dirige Álvaro Nadal, pese a que algunos sectores de la dirección popular tienen dudas porque creen que sumar sus votos al Gobierno puede dar alas a Vox en un contexto de la extrema derecha al alza. El comité de dirección del PP se reúne el próximo martes.

El PP también ha tomado la decisión de apoyar la revalorización de las pensiones de 2026, según anticipan fuentes de la dirección popular. En Génova avisan, no obstante, de que solo darán su respaldo en el caso de que el Gobierno lleve la revalorización en un decreto en solitario y no junto a otras medidas sobre las que puedan discrepar. Los populares aseguran estar dispuestos a rechazar la actualización en el caso de que el Ejecutivo trate de incluirla, como sucedió a principios de este año, cuando se incluyeron en un decreto ómnibus con otras materias muy dispares.

El PP es consciente del riesgo de oponerse, porque la última vez que ocurrió así la jugada no le salió bien. En enero de este año, Feijóo ordenó tumbar el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones para 2025, porque el Gobierno había incluido otras medidas como la cesión de un palacete de París al PNV. Tras el enorme vendaval político que provocó a los populares ese voto en contra, el líder PP se vio obligado a rectificar y de aprobar el segundo decreto que presentó el Gobierno, de características parecidas. Ahora, los populares anticipan su posición antes de que La Moncloa lleve las pensiones a votación al Congreso, como aviso a navegantes y para evitar nuevos tropiezos.

El Pleno de este jueves someterá también a votación otros dos decretos, uno de los cuales tiene mucho calado político, porque es una de las medidas que Pedro Sánchez ha reactivado para tratar de recomponer la relación con Junts per Catalunya. Se trata de la norma que facilita y flexibiliza “inversiones financieramente sostenibles” a los ayuntamientos y entes locales. Es decir, que los alcaldes y los presidentes de Diputación tendrán más facilidad para invertir, por ejemplo, en proyectos que no conlleven un gasto corriente, como en construcción de vivienda o gestión de agua. La petición proviene de los ayuntamientos de Cataluña, pero se beneficiarán todos los consistorios españoles.

El PP estudia también en este caso un posible voto favorable por la presión de sus propios alcaldes. La dirección popular es partidaria de flexibilizar la regla de gasto de los ayuntamientos de forma acotada a algunos supuestos concretos, como el de construcción de vivienda. En la última cumbre de alcaldes del PP, celebrada en Burgos en noviembre, Feijóo reclamó al Gobierno modificar la aplicación de la regla de gasto para que la inversión de los ayuntamientos en vivienda no compute. En la propuesta del PP, la capacidad de gasto de los ayuntamientos se vería flexibilizada de forma condicionada a los resultados que estos obtuvieran en la ampliación de la oferta de vivienda y del suelo residencial disponible. El decreto del Gobierno va en una línea similar.

El Congreso votará el jueves, además, otro decreto con nuevas ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma en 2021. Los populares siempre han apoyado las ayudas a esta isla canaria, salvo en una ocasión, la del decreto ómnibus de enero que también incluía estas partidas. Pero ahora van en solitario así que no debería suscitar problemas para recibir un sí del PP.

Por mucho que los puentes estén prácticamente rotos entre el Gobierno y el PP, Feijóo prioriza apoyar la subida de las pensiones, que en 2026 será del 2,7%. Ese incremento responde al promedio de los datos interanuales del Índice de Precios al Consumidor de los 12 meses previos al último mes del año. Es decir, de diciembre del año pasado a noviembre de 2025. Esta fórmula quedó consolidada en una ley que el Gobierno aprobó en 2021 y que aplica desde 2022, ideada para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. A la vez, eliminaba el conocido como factor de sostenibilidad que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Esta herramienta limitó las subidas durante la etapa popular (casi congeladas, con subidas muy por debajo del IPC) y fue sustituida por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un recargo creciente de las cotizaciones que aportan los trabajadores y, sobre todo, las empresas.

El incremento de las prestaciones afecta a 9,4 millones de pensionistas. Muchos de ellos se verán beneficiados por alzas superiores al 2,7%, ya que las pensiones mínimas y la no contributivas crecerán más, como en los últimos años. El Gobierno aún no ha aportado el detalle de estas subidas.

El líder del PP hace una excepción a la estrategia de oposición sin cuartel al Ejecutivo progresista para ayudar a actualizar las pensiones aunque no haya Presupuestos. El mes pasado, el líder anunció una proposición de ley “para garantizar la actualización de las pensiones en el año 2026, aunque se siga en situación de prórroga presupuestaria”. “Los pensionistas no son culpables de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga mayoría ni proyecto para gobernar”, dijo el jefe del PP. Pese a la inestabilidad en la mayoría parlamentaria del Gobierno y que el Presupuesto que rige es el de 2023, el Ejecutivo viene revalorizando las pensiones cada año conforme a la evolución de los precios. En 2026 podrá hacerlo, si nada se tuerce y pese al clima de crispación en la relación entre el Gobierno y la oposición, con el apoyo del PP.