Una sobreviviente de cáncer y un jornalero con 10 años en Estados Unidos: los migrantes detenidos por Trump a los que se les niega la fianza

Un trabajador agrícola sin antecedentes penales, con esposa y niños que son ciudadanos estadounidenses, y que lleva más de 10 años viviendo en Texas. Una madre soltera sobreviviente de cáncer, que entró al país hace más de dos décadas. Estos son solo ejemplos de los inmigrantes que permanecen detenidos en centros de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como resultado de una nueva política de la Administración Trump que les impide solicitar la libertad bajo fianza, sin importar el tiempo que llevan en Estados Unidos ni su récord penal.

Dicha política, anunciada en julio pasado por el Departamento de Seguridad Nacional, instruye a los empleados del ICE a considerar que cualquier persona que haya entrado al país sin admisión, esté sujeta a detención obligatoria “durante toda la duración de sus procesos de deportación”. Como resultado, denuncian abogados especializados en inmigración, los inmigrantes permanecen indefinidamente en prisión mientras se evalúan sus casos, lo cual puede tardar meses o años.

El trabajador agrícola, un mexicano de unos 30 años, fue detenido en un punto de control. Según Pedro López, el letrado de inmigración que lleva el caso, su cliente pasaba por allí todos los días, pero esta vez lo arrestaron y luego le negaron la fianza. “Ese muchacho es un boy scout, quiero decir, que se porta bien, es un padre ejemplar. Trabaja en un rancho. Su vida se resume en cuidar de su familia y trabajar”, aseguró el abogado.

A pesar de que el hombre está casado con una ciudadana estadounidense, nunca regularizó su estatus migratorio. Ahora, el hecho de que esté detenido complica su defensa. “No puede cooperar óptimamente y los términos para someter su defensa van a correr mucho más rápido”, explicó López. Esto significa que el abogado tiene menos tiempo del usual para diseñar su estrategia. Para el alivio que está preparando, debe probar que su cliente ha vivido por al menos 10 años en Estados Unidos. Aunque tenga manera de demostrarlo, reunir la documentación mientras su cliente permanece en el centro de detención es mucho más difícil. “Nosotros estamos enfocados en tratar de trabajar con la apelación, porque me dieron unos deadlines un poco agresivos. Solo he hablado con él muy brevemente, así que tengo que hacer todo a través de su esposa”, añadió el letrado.

Para López, el panorama se ha vuelto más complicado aún porque muchos jueces “están interpretando erróneamente” la nueva política “y le están negando la fianza a todo el mundo” que pase por las cortes de inmigración.

El pasado 19 de junio, la madre soltera Ana Franco Galdamez fue arrestada en Los Ángeles, durante una operación migratoria a gran escala. Llevaba más de dos décadas en Estados Unidos sin haber tenido ni un contacto mínimo con las autoridades migratorias. Además de criar a sus dos hijos, Franco acababa de finalizar un tratamiento contra el cáncer de mama.

Actualmente, se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento del ICE en la ciudad de Adelanto, California. La acusaron de ser inadmisible por, presuntamente, haber ingresado al país sin inspección. No ha podido hacerse una mamografía de seguimiento y no hay certeza de cuándo podría salir, pues le fue denegada la fianza a pesar de que las cartas de apoyo que acompañaron su solicitud la describen como una mujer íntegra, trabajadora y comprometida con su familia. La posibilidad de apelar la decisión ante la Junta de Inmigración y Aduanas, según el expediente judicial, no tiene efecto práctico.

La historia de Ana Franco forma parte de una demanda colectiva presentada a finales del mes pasado contra el Gobierno federal por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de impugnar esta nueva política. La organización, según declaraciones ofrecidas a este diario, también pretende hacer frente a una política específica de California, donde los jueces del tribunal de inmigración de Adelanto están negando la libertad bajo fianza.

En el documento se presentan algunas otras historias de inmigrantes cuyas vidas han sido afectadas por esta política. Un empaquetador de ropa “trabajador y respetuoso” que ha vivido cuatro años en Los Ángeles; un padre de cuatro hijos que lleva 20 años en Estados Unidos; el progenitor de una niña que depende completamente de él. Ninguno tiene antecedentes penales ni ha tenido contacto previo con las autoridades migratorias. Sin embargo, según el documento, han sido castigados “desproporcionadamente”.

El abogado Michael Tan, subdirector del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, explicó que con la demanda, la organización busca que se declare ilegal dicha política y que restablezca el acceso de las personas a las audiencias de fianza. “Argumentamos que esta política viola las leyes de inmigración, que han otorgado audiencias de fianza durante más de 70 años. También argumentamos que viola el derecho al debido proceso”, aseguró el especialista, quien es uno de los firmantes de la reclamación legal.

De acuerdo con Tan, la medida impulsada por la Casa Blanca “les quita a los inmigrantes el derecho a solicitar la liberación de un juez y otorga al ICE un control casi total sobre su encarcelamiento”. Añadió que “el resultado es la detención indefinida: personas encarceladas durante meses o años sin un final a la vista. Esto obligará a las personas a renunciar a sus casos de inmigración y aceptar la deportación, incluso si tienen derecho a permanecer en el país, que es el objetivo final” del Gobierno de Trump.

El abogado señaló que el próximo paso de la ACLU será “solicitar al tribunal federal que la certifique como demanda colectiva a nivel nacional”. “Confiamos en que el tribunal rechazará esta política radical y sin precedentes del Gobierno”, dijo. Si esto sucede, abogados como Pedro López podrían presentar una moción por cambio de circunstancias, para intentar liberar a sus clientes.

Según Tan, es más urgente que nunca “acatar la Constitución”, pues esta “garantiza a todas las personas dentro de los límites de Estados Unidos el derecho a un debido proceso ante la ley, y punto”. “El Gobierno nunca debería permitir que alguien sea encarcelado sin garantizarle el debido proceso: una audiencia ante un juez donde la persona tenga la oportunidad de demostrar que no hay razón para encarcelarlo”, manifestó.