Casas vacías o el antiguo piso del maestro: el Govern impulsa la rehabilitación de viviendas en la Cataluña rural

Que las magnitudes de la Cataluña rural no sean del calibre de la Cataluña urbana no significa que los pueblos pequeños no tengan necesidades en materia de movilidad, tecnología o vivienda. Para mejorar su situación se aprobó en verano la Ley del Estatuto de Municipios Rurales (los 608 de menos de 2.000 habitantes, que son el 4% de la población catalana) y este sábado el Govern ha convocado un Encuentro de Municipios Rurales, al que han acudido unos 300 alcaldes, en Món Sant Benet (Bages). En materia de Vivienda, el president Salvador Illa, ha anunciado varias novedades vinculadas a la vivienda, que buscan frenar la despoblación de lo que los catalanes llaman el territorio. La idea es impulsar la rehabilitación de viviendas vacías en estos municipios para convertirlas en residencias habituales de alquiler asequible: que pueden ser casas particulares deshabitadas, la antigua casa del maestro o el médico, o edificios municipales que están en desuso.

“Evitar la despoblación y garantizar la vida en los pueblos rurales es sinónimo de garantizar el derecho de vivienda”, ha asegurado Illa durante la intervención en las jornadas. El jefe del Govern ha desgranado una serie de iniciativas, como destinar 20 millones de euros al año para que 100 viviendas asequibles sean adquiridas específicamente en esas zonas. Sin embargo, el grueso estará en la rehabilitación, en un plan que será aprobado este martes en el Consell Executitu. “Queremos empoderar a los alcaldes y las alcaldesas, porque tienen la confianza de la ciudadanía. Son los que tienen que tener la última palabra”, ha añadido.

Para materializar el plan, la Agencia de Vivienda de la Generalitat, que depende de la consejería de Territorio, pondrá en marcha una Bolsa de Vivienda Rural en colaboración con los Consejos Comarcales con la idea de movilizarlos con ayudas a la rehabilitación. El compromiso es destinar cinco millones de euros cada año hasta 2029 en obras que costearán conjuntamente la Generalitat y los propietarios (sean privados o los propios ayuntamientos). Estos fondos permitirían rehabilitar un centenar de viviendas al año, magnitudes que pueden parecer pequeñas desde una ciudad, pero que pueden tener impacto en municipios muy pequeños. De las 608 poblaciones de menos de 2.000 habitantes hay 381 que tienen menos de 500 vecinos.

“También crearemos el Incasòl Rural”, ha añadido el president, en referencia a un equipo específico (seis profesionales de la arquitectura, derecho e ingeniería) dentro del actual Institut y que se dedicará en exclusiva a dar asistencia técnica a consistorios y consejos comarcales. Illa ha asegurado que se trataba de una larga reivindicación del territorio y que ayudará. por ejemplo, con la tramitación de permisos, actuaciones en núcleos antiguos o colaborando en la rehabilitación.

La jornada ha constado de cuatro mesas de trabajo, Los encargados de presentar ante los alcaldes las medidas fiscales, los fondos públicos, las normativas o despliegue de conectividad han sido los consejeros de la Presidencia, Albert Dalmau; de Economía, Alícia Romero; de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y de Agricultura, Òscar Ordeig. Illa ha recordado que la ley es una herencia del Govern de de ERC y que había quedado en la cuneta por el adelanto electoral.

El nuevo paquete de medidas fiscales para los municipios rurales, pensado sobre todo para menores de 35 años o familias con niños, incluye la reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Transmisiones (al 4% y 3% si son municipios de atención especial), la bonificación del 75% en actas notariales, y, a partir de 2026: deducciones de hasta el 20% en el IRPF por traslado de residencia, compra, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual. “Vivir en un pueblo debe ser una oportunidad, no un obstáculo”, ha dicho el president.

En paralelo, la futura Ley de Territorio (que está previsto que tenga un primer redactado a comienzos de 2026) prevé adaptar y agilizar y facilitar los trámites urbanísticos y de contratación pública de los municipios rurales, que pese a su singularidad y pocos recursos a menudo afrontan la misma burocracia de las grandes ciudades. “Queremos que cada ley, cada proyecto incorpore la mirada rural y se mire el país desde los municipios más pequeños”, ha apostillado.

Otras novedades son incrementar el Fondo de Cooperación Local en casi 9 millones, la creación del grupo de estudio normativo para adaptar y simplificar la normativa, que el Govern ve como “una pieza clave del despliegue de la Ley”. Por último, el Ejecutivo catalán “avanza en el despliegue de la infraestructura y reafirma su compromiso de llegar al 100% de los municipios conectados esta legislatura”. La red de fibra óptica de titularidad pública alcanza ya los 7.500 kilómetros y 684 municipios.