Un migrante cubano lleva nueve días en huelga de hambre en Alligator Alcatraz: “Les toca a ellos decidir si yo vivo o si muero”

La voz de Pedro Lorenzo Concepción parece que se va hundiendo, naufragando entre los extensos humedales poblados de mosquitos, pitones o caimanes que habitan los Everglades. Sale al teléfono desde el mismísimo Alligator Alcatraz, el centro de detención para migrantes más temido que los republicanos construyeron en el patio trasero de Florida. A la pregunta de cómo está, responderá que obviamente no está bien, cumple hoy nueve días en huelga de hambre.

“Me siento débil, con mucha acidez”, dice Pedro desde la cama baja de su litera, en la celda donde permanece junto a otros 31 reclusos, algunos de los cuales lo ayudan a levantarse, le acercan un pomo de agua y se lo abren, porque sus fuerzas se agotan, tanto o más que su paciencia.

Hace cuatro días lo llevaron al hospital. Su esposa, Daimarys Hernández, de 40 años, lo supo porque la pareja de otro migrante detenido la llamó para informarle. Daimarys enseguida telefoneó, asustada, a casi todos los hospitales de Miami, en los que repitió las mismas interrogantes: si sabían de él, un migrante cubano, de 44 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a la prisión de Alligator Alcatraz, que se había negado a ingerir alimentos desde el 22 de julio pasado.

En todos los centros médicos le respondieron que no tenían noticias de un paciente con esas características. Incluso negaron su presencia en el Hospital de Kendall, donde luego supo que Pedro estuvo tres días, esposado, mientras los doctores trataban de convencerlo de que se llevara algo a la boca. Pedro se rehusó. Se ofendió cuando le propusieron tomar aunque sea un jugo, ahora que “nadie lo estaba viendo”. Se viró y les dijo: “¿Saben por qué yo no puedo hacer eso?”, cuenta ahora con una voz rasgada. “Porque tengo que respetarme a mí mismo y a todas las personas que están conmigo”.

Fue la razón por la cual firmó un documento en el que deja constancia de su voluntad de no recibir ningún tipo de ayuda. “No quiero comida, me rehúso a cualquier tratamiento. Yo ni siquiera pedí que me llevaran al hospital, porque yo estoy luchando por mi familia y por todos los cubanos y debo estar donde está mi gente, en la prisión, pasando el mismo trabajo que están pasando ellos”.

Un mes antes de que el ICE lo arrestara, Pedro estaba nervioso, alterado. Había visto más de una vez las imágenes de los oficiales deteniendo a otros cubanos en las cortes de migración, o en las paradas del tráfico. El gobernador Ron DeSantis, un fiel aliado de Donald Trump, ha preparado el terreno para colaborar con la ofensiva antiinmigrante del Gobierno federal, que en lo que va de año acumula más de 10.000 arrestos solamente en el Estado de Florida, y casi 60.000 en todo el país.

A las ocho de la mañana del 8 de julio, Pedro se presentó junto a su esposa en la oficina del ICE, en Miramar, a donde asistía de manera rutinaria desde que un problema legal lo despojara de su residencia permanente y lo llevara a la cárcel. Hace más de 10 años, fue encontrado culpable por cuidar una casa con siembras de marihuana y luego por servir de chofer a personas involucradas en el robo de tarjetas.

En dos ocasiones Estados Unidos intentó deportarlo, pero Cuba nunca lo aceptó de regreso. Desde hace tiempo estaba, dice, “tranquilo”. Se hizo de una familia. Aquella mañana, en Miramar, Daimarys lo esperó afuera del local. El tiempo pasaba y su esposo no salía. Otros abandonaban la oficina, pero él no. De un momento a otro, Daimarys recibió una llamada del ICE a su teléfono. Era Pedro.

“Mi amor, mi amor, te amo, me quedo aquí, te amo, cuídate mucho”, le dijo. Y a Daymarys, que lo cuenta y no para de llorar, el corazón se le hizo un puño. Se conocen desde 2006, desde que él, tras dos intentos fallidos, llegara por mar en una balsa desde Cuba. Tienen dos hijos, que han criado y visto crecer. “En un minuto se te derrumba la vida”, dice ella. “Han sido 19 años de estar juntos”.

“Ya no puedo seguir viviendo así”

Pedro apenas duerme, acaso dos o tres horas en la noche larga y pantanosa de los Everglades. “Desde que estoy en huelga me despierto mucho”, cuenta de manera entrecortada. Luego detiene la conversación, recupera fuerzas y sigue: “Cuando me acuesto boca arriba, es como si tuviera una pesa de 50 libras (22 kg) encima, me duele el estómago. Yo aguanto y digo que estoy bien, pero no lo estoy”.

En la celda se ha desplomado dos veces y sus compañeros han tenido que correr a levantarlo. Los días ya le están pasando factura al cuerpo y ninguna autoridad se ha acercado a averiguar mucho más, asegura. A veces algún oficial se detiene y pregunta cómo se siente, solo cuando los compañeros de celda les avisan de que Pedro se pone peor. Ayer, al ver su semblante blanquecino, de labios pálidos y resecos, lo condujeron a la enfermería de Alligator Alcatraz y le checaron la presión arterial. Luego volvió a la celda en la que alguna vez se imaginó que iba a estar.

El día después de su detención, cuando le confirmó a su esposa dónde se encontraba, le dijo: “Estoy donde te dije que me iban a traer”. Era lo que temía, y lo que temen muchos en Florida: terminar en el lugar que se ha convertido en el rostro más fiero y simbólico de la cruzada antiinmigrante de Trump. Un lugar levantado en solo ocho días en una antigua pista de aterrizaje localizada al oeste de Miami, construido a base de carpas, tráileres y cercas de alambre, pasando por encima de cualquier demanda medioambiental y en las narices de la tribu Miccosukee, que denuncia su presencia en tierras “sagradas”.

En palabras del fiscal general de Florida, James Uthmeier, Alligator Alcatraz es el lugar del que “si alguien se escapa, no hay mucho esperándolo, aparte de caimanes y pitones”. La instalación millonaria a cargo del Estado de Florida, que tiene capacidad para albergar unas 5.000 camas, —por un costo de 245 dólares al día por cada una— fue concebida para ser un “centro de procesamiento rápido”. Es decir, facilitar la deportación casi instantánea de los migrantes que llegan y que, hasta el momento, no superan los 1.000. Al menos 100 personas ya han sido deportadas desde el lugar.

Pero Pedro dice que si algo desbordó su paciencia fue darse cuenta de que pasan los días y nadie les dice qué sucederá con ellos. En este tiempo podría perder su trabajo en AVS, una compañía de servicios audiovisuales, y podrían alejarlo de la familia. Ya no tiene el control de casi nada, pero sí de su cuerpo. Por eso decidió entrar en huelga.

“Ya yo no soy dueño de mi vida en la calle, el ICE me recoge cuando quiera, cuando abren una prisión nueva. El ICE es quien decide por mi vida”, dice. “Y como ya mi vida no me pertenece a mí, les toca a ellos decidir si yo vivo o si yo muero. Porque no hago nada con salir para la calle y seguir viviendo en esta incertidumbre, de si me recogen el año que viene. Están jugando con la vida de la gente. No están midiendo las consecuencias de quitarle la libertad a una persona”.

A Pedro le ha dado impotencia verse así, en esas celdas, tratado como un criminal. Recuerda el día en que llegó a la prisión, lo amarraron de pies y manos al piso y lo dejaron ahí por más de 10 horas. Se queja de lo mismo que se han quejado otros: no tienen reloj que les cuente el tiempo, solo los dejan bañarse tres veces por semana, sin ningún tipo de privacidad, duermen con las luces encendidas las 24 horas del día, la covid en el centro se ha regado como pólvora y hay falta de higiene. Hace unos días, se desbordaron los inodoros de una celda y cubrieron el espacio de heces fecales. Los oficiales sacaron a los reclusos, esperaron a que se secara el excremento y luego los volvieron a meter en las celdas.

“Ya no puedo seguir viviendo así”, dice Pedro.

Una familia desesperada

En una llamada el martes, Daimarys le dijo a Pedro que quería ponerle al teléfono a uno de sus hijos. Cuando el niño lo oyó le preguntó: “Papá, ¿no te están dando comida? ¿Por qué tú no comes?” Pedro no pudo responderle, le pidió que le pasara a su mamá enseguida. “No tuvo valor para hablar más con el niño”, dice Daimarys.

A la madre le costó explicarle a sus hijos por qué el padre no está en casa, por qué el ICE se lo llevó. Les dijo que Pedro había cometido un error en el pasado, y que, por tanto, ahora se lo estaban cobrando una vez más. “Es difícil decirle a tus hijos que él está haciendo las cosas bien y que está pagando”, cuenta. “Si cometiste un error, y pagaste por él, ¿por qué al cabo de los años eso te sigue persiguiendo, y hasta cuándo vas a seguir pagando por algo que cometiste y pagaste?”

Pedro le ha dicho a su esposa que no quiere hablar con nadie más, salvo con ella, a quien extraña tanto. Daimarys, en su trabajo de manicurista, a veces tiene que agachar la cabeza para que los clientes no vean las lágrimas. Cuando habla con Pedro, a quien siente fatigado, siempre le pide, de favor, que se alimente.

“Me da miedo, lo trato de convencer todos los días, prefiero que esté bien y que esté vivo, aunque lo deporten a cualquier parte del mundo, pero que esté bien”, asegura. “Pero él me dice que ya tomó la decisión, que no le diga eso más. No quiere separarse ni de mí ni de sus hijos, ni que lo manden a otro lugar, eso sería desbaratar una familia”.