Un arresto exprés y más de tres meses en el limbo: la detención migratoria del líder de trabajadores agrícolas Alfredo Juárez Zeferino

Cuando tenía 13 años, Alfredo Lelo Juárez Zeferino ya trabajaba recogiendo fresas en una granja en el Estado de Washington, a unos 4.000 kilómetros al norte de su pequeño pueblo natal, en las montañas de Guerrero, en México. En 2013, junto con otros 200 trabajadores, casi todos indígenas como él, se retiró de los campos para exigir mejores condiciones de trabajo y salarios. Era el comienzo de su lucha. Se volvió portavoz e interlocutor casi de manera natural, pues es trilingüe: habla español, mixteco e inglés. Y en 2017, sus compañeros y él consiguieron formar Familias Unidas por la Justicia, un sindicato independiente que representa a unos 400 trabajadores agrícolas indígenas en los dos condados más al norte del Estado. En marzo de este año fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y lleva detenido desde entonces. Para sus compañeros, no es una coincidencia.

En la mañana del 25 de marzo, según la versión de uno de sus compañeros en el sindicato, Juárez estaba llevando a su novia a su trabajo en una plantación de tulipanes cuando se percató de que lo estaba siguiendo un carro sin identificaciones especiales. Este le encendió las luces y lo hizo orillarse y detenerse. Emergió un agente del ICE vestido de civil que le pidió sus papeles a Juárez, que había bajado la ventanilla para comunicarse y pedir una orden judicial.

Cuando se volteó para alcanzar sus papeles, le rompieron la ventana sin advertencia. Entonces, Juárez salió de su auto, pero inmediatamente lo esposaron y lo subieron al otro, en el que fue trasladado a una bodega industrial que él y otros activistas habían identificado hacía unos años como un centro clandestino de investigaciones del ICE. Esa noche se organizaron protestas afuera para exigir su liberación. En cambio, fue trasladado al centro de procesamiento del ICE en Tacoma, casi 200 kilómetros al sur. Allí ha estado desde entonces.

De acuerdo a la versión oficial, la detención de Juárez se debe a una orden de deportación que data del 2018 y se remonta al 2015, cuando Juárez, que todavía era menor de edad y estaba protegido bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue arrestado brevemente por las autoridades locales y entregado al ICE. Juárez demandó a la policía local por perfilamiento racial y recibió una indemnización de 100.000 dólares unos años después por ello.

Ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo acusa de no acatar las órdenes del agente que lo arrestó, obligándolos a recurrir a la fuerza para neutralizarlo, y de ser un riesgo de fuga, por no haberse presentado a su juicio de deportación de hace siete años.

Su abogado refuta esto vehementemente y agrega que el hecho de que su arresto fue producto de la colaboración de varias agencias federales demuestra que fue dirigido y planeado. Asimismo, alega que Juárez no se presentó a su cita judicial sobre su deportación porque nunca recibió la notificación, pues fue citado en un correo que rebotó. Con ello, logró reabrir ese proceso en abril, el día antes al que estaba estipulado que sería expulsado del país. No obstante, no ha logrado ni que cierren el caso, ni que le concedan la libertad condicional, a pesar de no tener antecedentes penales. El siguiente paso, asegura, es la petición de asilo.

El abogado de Juárez se abstiene de sugerir que la detención tiene motivaciones políticas por el activismo de su cliente. Pero la cuestión está en el aire inevitablemente, pues el arresto ha llegado cuando la Administración de Donald Trump se ha lanzado agresivamente contra activistas y otras figuras públicas que se han pronunciado y organizado en contra de abusos migratorios o laborales y a favor de Palestina.

Y Juárez es una cara conocida. Ha sido instrumental para que los trabajadores agrícolas del Estado de Washington consiguieran protecciones, incluyendo una norma que obliga a otorgar paradas de hidratación cuando las temperaturas superan los 80°F (26°C) y el pago de horas extras. Además, en 2019, su activismo sobre el abuso de migrantes bajo el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales, empujó al Estado a crear el primer comité de supervisión para trabajadores extranjeros a nivel nacional.

El temor de que su caso sirva de precedente federal ha causado preocupación entre los sectores sindicales sobre la capacidad de los trabajadores agrícolas para organizarse y defender sus derechos: que la persecución migratoria paralice a las personas, temerosas de alzar la voz. Desde el arresto de Juárez, se han reportado varios otros casos en los que activistas sindicales fueron detenidos por agentes migratorios. Además, la negativa a conceder la fianza, a pesar de la ausencia de antecedentes penales, ha sido interpretada como un uso indebido del sistema migratorio para reprimir movimientos sociales.

La situación de Juárez ha llamado la atención del representante del distrito en la Cámara en Washington, el demócrata Rick Larsen, quien lo visitó a finales de junio en el centro de detención del ICE, donde lleva ya más de tres meses. Larsen resaltó las malas condiciones en las que están los por lo menos 1.500 detenidos allí dentro.

“No tienen el personal para servirle a estas personas, incluso sus necesidades diarias. Dicen que están haciendo lo mejor que pueden, pero no es suficiente”, dijo Larsen en un video afuera de las instalaciones después de su visita. El legislador ha dicho que va a luchar para que los detenidos tengan un sitio digno para dormir, coman tres veces al día, puedan comunicarse con sus seres queridos y tengan acceso a representación legal, pues, agregó, solo el 10% de las personas detenidas tienen abogados.

El apoyo del representante Larsen es apenas la punta del iceberg. Juárez ha solicitado una visita de las dos senadoras nacionales del Estado, Patty Murray y María Cantwell, demócratas que llevan dos décadas en el Congreso. Pero el apoyo que no tiene que pedir ha venido de su misma comunidad, de quienes ha recibido decenas de cartas, y sus compañeros del sindicato no paran de alzar la voz. El próximo 14 de julio, la fecha de su siguiente audiencia, se ha convocado una vigilia en solidaridad fuera del centro de detención.