La recogida de muestras de ADN de los migrantes sin delitos llega a los tribunales

Varias organizaciones de derechos civiles han presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la falta de información concerniente a la recopilación y el uso del ADN de los migrantes. Los demandantes denuncian que las muestras recolectadas se transfieren al FBI, que las almacena e incluye en una base de datos de criminales. La agencia federal crea con las muestras perfiles genéticos que se introducen en la red Codis (Sistema de índice de ADN combinado, en inglés), que es utilizada por agencias policiales locales, estatales y federales con el fin de identificar a sospechosos. La inclusión de migrantes sin historial delictivo en esas listas y el uso que se puede hacer de su información genética plantea dudas a los expertos en derechos civiles.

El programa de colecta de muestras genéticas de los migrantes se impulsó en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, pero siguió creciendo durante la Administración Biden. La ofensiva contra la inmigración del Gobierno del republicano ha aumentado la preocupación de sus detractores. “El público necesita saber ahora más que nunca qué está haciendo el Gobierno”, sostiene Stevie Glaberson, directora de investigación del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, en declaraciones a EL PAÍS.

Su departamento, en Washington D.C., es parte de la demanda junto con Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice. Las tres organizaciones iniciaron acciones legales después de esperar más de nueve meses a que el DHS respondiera a su petición de aclarar cómo las distintas agencias recogen y almacenan las muestras, quién las maneja, cómo se les capacita, qué políticas y procedimientos los guían en la conducción del programa y quién está sujeto a él.

Según el informe de 2024 Asaltando el genoma, del que Glaberson es coautora, en tres años el DHS añadió un millón y medio de perfiles al Codis, lo que supone un aumento del 5.000% del programa de colecta de ADN. Wired publicó el mes pasado un artículo en el que recogía que las autoridades migratorias han recopilado datos de 133.000 menores, incluido un niño de cuatro años, que puede acabar en la base de datos de criminales.

Expertos denuncian que el Codis se diseñó para rastrear a delincuentes, no para catalogar permanentemente la información genética de los indocumentados que cruzan la frontera y quedan en manos de las autoridades migratorias. “Realmente no hay ninguna protección. La forma en que se recolecta el ADN es inconstitucional y viola la Cuarta Enmienda, que protege de registros e incautaciones”, critica Glaberson.

La decisión de tomar las muestras recae sobre el agente de inmigración, lo que da lugar a arbitrariedades. El estudio revela que hay una mayor colecta entre gente de color y existe el riesgo de que se haga incluso a ciudadanos. “Ya hemos visto cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Control Fronterizo (CBP) cometen errores constantemente. No hay nada en este programa que pueda detenerlos”, dice Glaberson.

Las muestras de DNA ofrecen la más completa información del código genético de las personas. El hecho de que el FBI las almacene preocupa a los expertos, que creen que pueden usarlo para mapear comunidades, realizar vigilancia genética o identificar a personas. Alertan de que el Gobierno podría usar el ADN para perseguir a los familiares de los migrantes o predecir enfermedades hereditarias, lo que podría influir en las decisiones sobre su admisión al país, previendo el apoyo gubernamental que vayan a necesitar.

“Mientras las agencias de control migratorio continúan implementando herramientas sofisticadas para identificar, vigilar y detener arbitrariamente a extranjeros, la comunidad más afectada por estas decisiones políticas tiene derecho a saber cómo, cuándo y por qué se extrae, almacena y utiliza material genético contra extranjeros —posiblemente de forma indefinida— simplemente por no haber nacido en Estados Unidos”, afirma Daniel Melo, abogado de Amica que participa en la demanda.