Trump pone las deportaciones a terceros países en manos de la Corte Suprema

La Administración Trump ha solicitado esta semana a la Corte Suprema que le permita continuar con las deportaciones aceleradas de migrantes hacia terceros países. La petición surge después de que un juez federal en Boston determinara que el Gobierno violó una orden judicial al embarcar a ocho migrantes en un vuelo con destino a Sudán del Sur, sin brindarles la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión.

El vuelo, que partió la semana pasada, aterrizó en Yibuti, en el Cuerno de África, donde los migrantes han permanecido detenidos en una base militar estadounidense. Según documentos judiciales, el Gobierno les notificó con apenas 24 horas de antelación que serían deportados, y no les permitió acceso a abogados ni un proceso para alegar temor creíble de tortura o persecución, como exige la ley.

¿Quiénes son los migrantes?

Los ocho hombres deportados tienen antecedentes penales por delitos violentos. Uno de ellos es ciudadano de Sudán del Sur, otro es de Myanmar —y el Gobierno afirma que será trasladado allí—, pero los seis restantes no tienen vínculos con Sudán del Sur, el país originalmente señalado como su destino. La mayoría proviene de países que se han negado a aceptar su repatriación, razón por la cual la Administración estadounidense intentó enviarlos a una “tercera nación segura”.

A los seis se les informó de que serían enviados a un país que en este momento enfrenta conflictos armados, desplazamientos masivos y violencia política. De acuerdo con sus testimonios, presentados ante la corte, temen por su seguridad si son enviados allí.

“Caos fabricado” por el gobierno

El juez Brian E. Murphy dictaminó que la Administración Trump había violado una orden judicial emitida en abril. Esa orden requería que el Gobierno ofreciera una audiencia justa a los migrantes antes de enviarlos a países donde podrían enfrentar tortura. Murphy señaló que los funcionarios “malinterpretaron deliberadamente” la orden de la corte, y los acusó de “fabricar el mismo caos que ahora denuncian”.

En su fallo más reciente, el juez no ordenó el regreso de los migrantes a Estados Unidos, como pedían sus abogados. En cambio, aceptó una propuesta del propio Gobierno de que los procedimientos migratorios se llevaran a cabo desde la base en Yibuti. Sin embargo, días después, el Departamento de Justicia presentó una moción de reconsideración, alegando que realizar estos procesos fuera del país es demasiado complejo. Murphy respondió con sarcasmo: “Resulta que tener procedimientos de inmigración en otro continente es más complicado de lo que anticipaban”.

Además, el magistrado subrayó que tener antecedentes penales no elimina el derecho constitucional al debido proceso.

El caso llega a la Corte Suprema

Este martes, el procurador general D. John Sauer presentó una solicitud de emergencia a la Corte Suprema para anular la orden del juez Murphy. En su escrito, argumentó que las decisiones del tribunal de distrito obstaculizan el ejercicio de los poderes presidenciales bajo el Artículo II, incluyendo el manejo de relaciones exteriores, el control del Ejército y la ejecución de la ley migratoria.

Sauer calificó a los migrantes como “algunos de los peores delincuentes ilegales” y dijo que el proceso impuesto por el juez permite que estos individuos permanezcan en el país por años, “victimizando a ciudadanos estadounidenses”.

Más allá de este caso

Este no es un incidente aislado. En casos anteriores, otros jueces federales han acusado a la Administración Trump de tergiversar órdenes judiciales. En Washington, el juez James Boasberg inició una investigación similar por la deportación de otro migrante bajo circunstancias parecidas. En Boston, Murphy también ordenó al Gobierno facilitar el regreso de un migrante guatemalteco gay enviado a México, pese a haber denunciado que allí fue secuestrado y violado.

Por ahora, el futuro de los migrantes en Yibuti sigue incierto. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre si el Gobierno puede continuar con deportaciones aceleradas a terceros países sin ofrecer el debido proceso garantizado por la Constitución.