Su correspondencia podría ser usada para deportarlo: el Servicio Postal coopera con la Administración Trump en su campaña de deportaciones masivas

Entre los cientos de uniformados de varias fuerzas de seguridad federales que irrumpieron el pasado fin de semana en un club nocturno clandestino de Colorado Springs para arrestar a más de un centenar de inmigrantes, había también agentes del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Llevaban chalecos antibalas identificándolos como tal: “Policía Inspector Postal”, se podía leer en sus espaldas. La redada da constancia de que la agencia de correos se ha aliado, por primera vez en sus 250 años de historia, con la Casa Blanca en el control de la inmigración y cooperará en la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump.

Lo que se vio la noche del sábado al domingo en Colorado fue confirmado por The Washington Post el martes. Citando fuentes anónimas y documentos internos a los que tuvo acceso, el periódico de la capital reportó que la rama policial de la agencia de correos ha empezado a trabajar con funcionarios federales de inmigración para localizar a personas sospechosas de encontrarse en el país de forma irregular. El Servicio de Inspección Postal, como se le llama a esta división poco conocida fundada en 1775, se unió recientemente a un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional orientado a encontrar, detener y deportar a personas indocumentadas, según el medio.

Se trata de un giro inesperado para el Servicio de Inspección Postal, la agencia policial más antigua del país. Sus funciones habituales, según su propio sitio web, incluyen la investigación de casos de fraude postal y robos, la protección de las oficinas y los empleados del USPS y la prevención del flujo de drogas ilícitas y contrabando a través del correo. En ninguna parte de su página se hace referencia a tareas relacionas a la detención y deportación de inmigrantes.

Aunque la agencia sí suele participar en operativos con otros cuerpos federales, incluyendo arrestos e incautaciones de droga, nunca antes había estado involucrada en el control de la inmigración, por lo que su participación supone una escalada significativa en la cruzada antiinmigrante de Trump.

Con esta nueva cooperación, ni el correo se salva de las garras de las autoridades migratorias. De acuerdo con The Washington Post, los funcionarios de inmigración pretenden acceder a los sistemas de vigilancia del Servicio de Inspección Postal. Estos les proporcionarían los datos de personas que tengan una cuenta en línea con la agencia de correos, incluyendo su información financiera, como los números de sus tarjetas de crédito, y su dirección IP. Además, podrían ver fotos del exterior de sobres y paquetes y rastrearlos.

Las fuentes citadas por The Washington Post aseguran que la agencia aceptó colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional por miedo a que la Administración Trump intentara hacerse con el control de ella. El USPS es un organismo independiente del poder ejecutivo desde 1970, lo que significa que funciona con cierto grado de autonomía y no está controlado directamente por el presidente. No obstante, Trump ha dicho que quiere cambiar su funcionamiento, y se ha planteado privatizarlo o ponerlo bajo el control del Departamento de Comercio, que requeriría la aprobación del Congreso.

“Queremos jugar bien en el arenero”, decía uno de los correos a los que The Post tuvo acceso, que resumía una reciente reunión entre el Servicio de Inspección y funcionarios de inmigración. Sin embargo, otra fuente indicaba que “el Servicio de Inspección está muy, muy nervioso” por el nuevo acuerdo. “Parece que intentan aplacar a Trump involucrándose en cosas que creen que le gustarían. Pero es una extralimitación total. Se trata del Servicio Postal. ¿Por qué se involucran en la deportación de personas?,” añadía.

El Gobierno de Trump ha alistado también la cooperación de otras agencias gubernamentales, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Vivienda (HUD), con el fin de aumentar el ritmo de sus deportaciones. Su Administración asegura que deportó a 142.000 personas durante los primeros 100 días de su mandato y el republicano quiere superar en un año la cifra de un millón de deportados a como de lugar.