Joshua Schroeder, el primer abogado sancionado por el Gobierno por defender un migrante ahora lucha por la independencia judicial

Joshua Schroeder está convencido de sus acciones. Mientras intentaba asegurar el debido proceso antes de que su cliente fuera deportado a Laos a finales de mayo interpuso una petición de habeas corpus tras otra, en cortes de todo el país, hasta en la isla de Guam, siguiendo el laberinto silencioso trazado por los fiscales del Gobierno de Donald Trump para torpedear la defensa legal de migrantes en procesos de expulsión activos. Su conciencia y compromiso lo llevaron a agotar todas las avenidas posibles, aunque tuviera poca esperanza de que sus mociones fueran exitosas. Al final, como era de esperarse ante la actual política migratoria despiadada, no lo fueron. Pero Schroeder se llevó una sorpresa de todas maneras: en medio de una de las respuestas de los fiscales, había también una moción solicitando sanciones contra el abogado. Lo acusaban de deliberadamente hacer que las cortes perdieran tiempo y dinero.

Hasta donde se sabe, Schroeder es el primer letrado en recibir una acusación de este estilo, derivada de un memorando del presidente firmado en marzo, en el que se indica que se deben “buscar sanciones contra abogados y firmas que se impliquen en litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”. No hay precedentes, pero Schroeder, que también es un experto legal y autor de tratados sobre las leyes fundacionales de Estados Unidos, enmarca su caso dentro de un ataque más amplio a los valores de la república que el actual Gobierno de Trump, a través de su Departamento de Justicia, está llevando a cabo.

“Yo soy solo un abogado. Y ningún abogado puede enfrentarse al Gobierno si es que realmente quieren hacerte algo. Es muy raro que el Gobierno tomara esta decisión porque tiene profundas consecuencias. Pero hay muchas cosas extrañas sobre esta moción de sanciones. En primer lugar, cita un memorando del presidente, lo cual parece indicar que no es una decisión independiente de un abogado, que es cómo sería usualmente. La idea de que están siguiendo un mensaje directo del presidente, una persona política, es extremadamente peligrosa. Es difícil incluso comprender exactamente lo que significa”, dice Schroeder en una videollamada con EL PAÍS desde Los Ángeles.

La situación en la que ahora se encuentra Schroeder, en la que se enfrenta a un castigo que puede ir desde una multa no especificada, pero en la que también, dada la ambigüedad de la acusación, un impedimento permanente a su carrera es posible, comenzó con una llamada desesperada el último fin de semana de mayo. Su cliente, un hombre con una convicción criminal y originalmente de Laos, que llegó al país después de que su familia luchara del lado estadounidense en la guerra de Vietnam, le dijo que estaba a punto de ser deportado.

Schroeder actuó rápidamente y presentó una moción de habeas corpus en el Distrito del Norte de Texas, donde estaba detenido. Pensaba que no se había respetado el debido proceso dado el origen de su cliente: en el pasado, Laos no había recibido deportados de Estados Unidos, en especial personas de la etnia Hmong, a la cual pertenece a su cliente, pues se habían aliado a los estadounidenses en la guerra. Schroeder quería confirmación que su cliente estaba siendo enviado a Laos, no a un tercer país desconocido y que Estados Unidos no lo estaba, en efecto, convirtiendo en un apátrida.

Pero no hubo confirmación. En cambio, las autoridades lo trasladaron a otro centro de detención. El mismo donde habían sido detenidos los cientos de migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador en marzo para ser encarcelados en una prisión de máxima seguridad del país. Y también donde estaban los migrantes de diferentes nacionalidades que fueron eventualmente enviados a Sudán del Sur.

Esto encendió todas las alarmas de Schroeder, que pensaba que podían acusar a su cliente de ser un terrorista, como habían acusado a los venezolanos de pertenecer a la pandilla El Tren de Aragua. Los temores se confirmaron cuando recibió la notificación de que su cliente había sido puesto en un vuelo internacional, a pesar de que el juez había dictado una orden diciendo que el migrante no sería expulsado del país mientras el caso seguía abierto.

Cuando pensaba que su cliente ya había sido deportado en violación de una orden judicial, Schroeder recibió otra llamada del hombre en la que, exasperado, le contó que estaba en Guam, un territorio no incorporado de Estados Unidos en el Pacífico, y le pidió que abandonara el caso. Pero Schroeder presentía que algo raro estaba sucediendo, como si hubiera alguien presionando a su cliente. De repente, esa presencia se disipó y su cliente le dijo que el avión ya se iba y lo iban a dejar ahí. Y que, por favor, siguiera luchando por él. Entonces, la llamada se cortó.

Schroeder presentó otra moción de habeas corpus, esta vez en Guam, pues la anterior, en Texas, había dejado de ser válida. Al mismo tiempo, la corte de Texas retiró la orden del juez que frenaba su expulsión y no había nada que lo protegiera desde esa jurisdicción. Así que Schroeder presentó una petición para trasladar el caso a Guam.

“Y aquí es donde llega la controversia, porque una de las razones por las que se presentan las mociones de sanciones es que estés frívola e innecesariamente multiplicando una litigación. Pero yo hice todo el procedimiento correctamente en Guam. Contraté un abogado allí. Compartí con la corte de Guam el caso anterior. Fui paso a paso e hice todo tan transparente como pude”, defiende Schroeder. Y la corte le dio la razón en ese primer momento, dictando una orden protegiendo al cliente hasta que hubiese una audiencia sobre el caso.

El cambio de jurisdicción podía haber sido fácilmente evitado si la Administración lo hubiese mantenido en Texas, pero Schroeder se vio obligado a responder a una nueva estrategia no oficial del Gobierno en la que mueven a los inmigrantes para hacer más difícil la defensa de los abogados o ubicar los casos en cortes con jueces más favorables. “Te montan en un avión y no te dicen a donde vas. Aterrizas, esperas —días, horas— y te desorienta. Es realmente un tipo de tortura”.

Una vez en Guam, Schroeder volvió a solicitar confirmación de que su cliente iba a ser expulsado a Laos y no a un tercer país, como en los casos de los acusados de ser pandilleros. “Realmente no estaba claro que estaban siguiendo la orden de expulsión. Que no lo iban a trasladar a El Salvador o algún otro lado”, recuerda el abogado, cuyo argumento de que podría ser llevado a un tercer país se reforzó en medio del caso cuando Trump incluyó a Laos en una prohibición parcial de viajes. Un poco más adelante, en la audiencia en Guam, Schroeder volvió a hacer la pregunta, tanto a la jueza como a los fiscales, pero los abogados del Gobierno dijeron que no sabían a dónde sería expulsado. Acto seguido, el cliente fue montado en un avión y deportado.

Schroeder apeló de emergencia para buscar que se detuviera la orden. Se desestimó. La corte de apelaciones también rechazó su solicitud de emergencia, pero abrió una apelación que sigue abierta. A medida que ha avanzado, Schroeder cree que ha quedado en evidencia que “no hay una distinción clara entre un caso de inmigración ordinario y los de [los acusados de pertenecer a] El Tren de Aragua”. “Si tienes un proceso migratorio regular, no significa que no vas a ser tratado como un terrorista o entregado o desaparecido de manera extraordinaria. Eso es de lo que realmente se trataba nuestro caso”, sostiene Schroeder.

“Hay un estatuto que dice que el proceso seguirá y explica cuándo, donde, cómo, por qué: toda la notificación debe suceder antes de ser expulsado. Y ese proceso nunca sucedió. Los abogados migratorios se han acostumbrado a que el Gobierno ignore el debido proceso constantemente”. Schroeder también teme que se replique la estrategia desplegada en su caso y que el miedo a ser perseguidos se instale entre los abogados más jóvenes, que tal vez no tienen la piel tan curtida. “Si los abogados tienen demasiado miedo para presentar argumentos válidos —aunque los jueces vayan a estar en desacuerdo—, es una manera de controlar todo el sistema de las cortes”.

Pero Schroeder no es solamente un abogado migratorio, es un letrado especializado en habeas corpus. Su instinto es distinto. Durante el primer mandato de Trump escribió una guía para ayudar a abogados a sacar a inmigrantes de centros de detención y ha escrito otra actualizada ahora, aunque no ha sido publicada aún.

“Creo que parte de la razón por la que soy el primero [en ser señalado] es que soy una amenaza. Soy alguien que tiene una posición muy reposada, calmada y razonada con la cual es difícil lidiar”. El hecho de que justo cuando se hizo pública por primera vez la moción de sanciones, Schroeder fue bombardeado en X por el jefe de gabinete de la fiscal general, Chad Mizelle, con ataques personales sobre su carácter, le dan fuerza a sus sospechas de que todo está políticamente motivado.

Aunque Joshua Schroeder no es James Comey, el exdirector del FBI imputado por Trump inéditamente por supuestamente mentir al Congreso, ni Laetitia James, la fiscal general de Nueva York que llevó a juicio al presidente y que esta semana también fue imputada por el Departamento de Justicia de Trump, su caso es una instancia más en la instrumentalización de la justicia de la Administración republicana. Para el abogado no hay duda: “Para Estados Unidos, es un asunto existencial”.