Premier Sector: los videos en los que la Patrulla Fronteriza presume de sus redadas arbitrarias se vuelven en su contra

“Este es un mensaje para todos aquellos que infringen la ley. El Premier Sector no da advertencias, solo patadas, infracciones y órdenes de arresto. La puerta se derrumba, ¡arresta a sus objetivos! ¡Así es como opera BORTAC [la unidad táctica de la Patrulla Fronteriza]!”, se lee en la leyenda que acompaña un video de 30 segundos que muestra a policías ataviados como militares a punto de comenzar una operación especial. La publicación en la página de Facebook oficial de la sección de El Centro de la Patrulla Fronteriza, en California, tiene 12.000 likes y más de 600 comentarios. “Sigan con el GRAN trabajo”, escribe una mujer. “Tenemos la intención de hacerlo... ¡y de aumentarlo!”, responde la cuenta oficial.

Publicaciones como estas, en las que la agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional presume de mano dura, así como de sus dudosamente legales redadas entre burlas a los detenidos, son prácticamente diarias. Ya son la marca de la casa, hasta tal punto que esta sección de la Agencia Fronteriza se ha hecho su propio apodo —Premier Sector— que suele figurar en sus fotos y videos. Pero a pesar del aparente apoyo que suscitan entre sus seguidores, las publicaciones han sido presentadas como evidencia de que “no pretenden cumplir los requisitos [...] sino llevar a cabo detenciones sin orden judicial y sin causa probable” en varias demandas que han limitado sus operaciones en el vasto interior de California.

La sección de El Centro, que cuenta con mil agentes, es responsable de patrullar unos 120 kilómetros de frontera, desde las montañas al este de San Diego hasta el condado Imperial, justo en el límite con Arizona. Sin embargo, hasta hace un mes, la ley permitía a la agencia operar en cualquier área que esté a menos de 160 kilómetros de una frontera, lo cual incluía las costas, por lo que técnicamente casi todo el Estado de California podía ser escenario de sus operaciones. Pero nunca había sido un tema de controversia. Hasta que la retórica antiinmigración trumpista aterrizó con su gusto por sacar provecho de las lagunas jurídicas.

A principios de enero, semanas antes incluso de que Donald Trump tomara posesión en su segundo mandato como presidente, El Centro lanzó la operación Return to Sender (Devolver al Remitente), en la zona muy agrícola de Bakersfield, a unos 400 kilómetros de la frontera, pero a 150 del océano Pacífico. Fueron redadas masivas al aire libre durante más de una semana dirigidas claramente a detener a trabajadores indocumentados desprevenidos. Los agentes se aparecían en plantaciones y en estacionamientos o restaurantes donde se reúnen grupos de migrantes en las mañanas, esperando a que les salga un trabajo por el día. Una vez detenidos, eran trasladados a centros de detención y presionados a firmar órdenes de deportación voluntaria.

Entre las decenas de arrestados, estaba Ernesto Campos Gutiérrez, un ciudadano estadounidense, residente de la zona desde hace dos décadas, dueño de su propia casa y su propio negocio. Cuando los agentes en una camioneta sin marcas lo retuvieron de camino al trabajo sin que hubiera cometido ninguna infracción de tránsito y con sus documentos de circulación al día, él se negó a entregar sus llaves. Entonces, lo sacaron de su coche a la fuerza después de amenazar con romper sus ventanas y le pincharon las llantas. Lo acusaron, sin pruebas, de tráfico de migrantes, y estuvo detenido por horas, aunque evitó ser deportado ilegalmente.

Al principio nadie pensaba que estas redadas en el profundo interior del valle central de California pudiesen ser de la Patrulla Fronteriza, pero una publicación de Facebook posterior lo confirmó: “Estamos actuando contra la gente mala y a las cosas malas de Bakersfield”. Y continuaba: “Estamos planeando operaciones en otras localidades como Fresno y, especialmente, Sacramento”. En los últimos meses, se han registrado redadas de la sección de El Centro en otras localidades lejanas a la frontera sur, como El monte o Pomona, en el condado de Los Ángeles.

Otro posteo de finales de febrero mostraba sin tapujos los métodos abusivos que empleaban. Mientras los titulares de la prensa eran dominados por las noticias de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk había ordenado a todos los trabajadores federales detallar sus actividades y logros semanales, la agencia fronteriza se mofaba. Acompañando un par de fotos que mostraban el interior de un auto lleno de cristales rotos, un texto decía: “¡El #DOGE se está poniendo de moda! Este extranjero ilegal está enumerando sus logros de la semana pasada: Se negó a abrir la ventana durante una inspección de inmigración; le rompieron la ventana para una extracción, fue arrestado por el #PremierSector, fue a la cárcel, fue deportado”.

En respuesta a estas operaciones, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el sindicato United Farm Workers (UFW), junto con varios de los afectados, demandaron para prohibirle a las agencias fronterizas del departamento de Seguridad Nacional detener, arrestar y expulsar sumariamente del país a migrantes mediante prácticas que violan la Constitución. A finales de abril, dos jueces les dieron la razón, limitaron el área en la que la Patrulla Fronteriza de El Centro puede operar en California y prohibieron las detenciones hechas sin sospechas razonables.

En las demandas, los abogados del ACLU incluyeron numerosas publicaciones de las redes sociales de El Centro para demostrar que la agencia había mostrado una intención clara de violar la ley en repetidas ocasiones. La jueza de distrito de Fresno Jennifer Thurston citó estas pruebas en su decisión en la que dictó que los agentes fronterizos no pueden arrestar personas sin una orden o con una clara justificación para considerar al detenido en riesgo de fuga.

Desde que la orden judicial fue publicada, los posteos en redes sociales por parte de la Patrulla Fronteriza de El Centro no han cesado. Si bien ya no muestran detenciones hechas sin una orden judicial, la exaltación del uso de la fuerza y las burlas a los detenidos es permanente. En un comunicado, un portavoz de la sección de El Centro aseguró que la agencia usa las redes sociales para “comunicarse directamente con el pueblo estadounidense” y que “monitorean activamente las comunicaciones para asegurarse que reflejan las prioridades de la agencia y las expectativas del público”.

Esto último no queda evidente en la interacción de una publicación de finales de abril en la que la agencia presume de haber arrestado a dos residentes permanentes por no llevar su green card. Una mujer comentó: “Soy ciudadana estadounidense y morena, ¿qué debo llevar para demostrar mi estatus?”. A lo que le contestaron: “¿Es ese el resentimiento que siempre llevas encima?”.